GRUPO DE CAPACITACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL — GRUPO EDUCAJURIS
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Haití entre las pandillas y la Fuerza de Supresión de Pandillas: el modelo salvadoreño y sus implicaciones jurídicas y migratorias
Análisis documentado de la crisis haitiana, de las Resoluciones 2699 (2023), 2793 (2025) y 2829 (2026) del Consejo de Seguridad, y de la intervención militar de El Salvador en 2026, con especial atención a sus efectos sobre la República Dominicana
PROF. JOSÉ RAMÓN RAMÍREZ SÁNCHEZ — CEO—GRUPO EDUCAJURIS
Fundador del Grupo de Capacitación Jurídica y Empresarial (Grupo EducaJuris), constituido el 4 de octubre de 2016. Director de La Mesa Migratoria y de la Escuela Virtual de Formación Jurídica y Empresarial.Aviso institucional: NO SOY ABOGADO. ESTE CONTENIDO ES MERAMENTE EDUCATIVO. NO CONSTITUYE ASESORÍA LEGAL.
“La educación virtual no es una moda, es una actividad propia del hombre moderno.”
Resumen (español)
Este ensayo examina, con base documental verificable, la respuesta internacional a la crisis de las pandillas armadas en la República de Haití y su relación con el modelo de seguridad aplicado por la República de El Salvador desde 2022. Se estudian la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad autorizada en 2023, su transformación en la Fuerza de Supresión de Pandillas mediante la Resolución 2793 (2025) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y la prórroga de su mandato hasta el 31 de marzo de 2027 por la Resolución 2829 (2026). Se analiza el despliegue de más de dos mil soldados salvadoreños en octubre de 2026 tras la emboscada y desaparición de cuatro técnicos de aviación de su país, así como las advertencias de organizaciones de derechos humanos. Finalmente, se evalúan las consecuencias migratorias y fronterizas del fenómeno para la República Dominicana, incluidas las deportaciones registradas por la Dirección General de Migración en 2025.
Palabras clave: Haití; El Salvador; Fuerza de Supresión de Pandillas; régimen de excepción; migración.
Abstract (English)
This essay examines, on the basis of verifiable documentation, the international response to the armed-gang crisis in the Republic of Haiti and its relationship with the security model applied by the Republic of El Salvador since 2022. It studies the Multinational Security Support mission authorised in 2023, its transformation into the Gang Suppression Force through United Nations Security Council Resolution 2793 (2025), and the extension of its mandate until 31 March 2027 by Resolution 2829 (2026). It analyses the deployment of more than two thousand Salvadoran soldiers in October 2026 following the ambush and disappearance of four Salvadoran aviation technicians, together with the warnings issued by human rights organisations. Finally, it assesses the migratory and border consequences of this phenomenon for the Dominican Republic, including the deportations recorded by the Dominican Directorate General of Migration in 2025.
Keywords: Haiti; El Salvador; Gang Suppression Force; state of emergency; migration.
Índice del artículo
- Introducción
- Objetivo general y objetivos específicos
- Metodología y alcance
- Contexto histórico: una crisis que se hereda (2016–2024)
- Marco jurídico internacional: las Resoluciones 2699, 2793 y 2829
- De la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad a la Fuerza de Supresión de Pandillas
- El modelo salvadoreño: régimen de excepción, resultados y costes
- La intervención salvadoreña en Haití (2025–2026)
- Los actores armados en Haití
- Situación humanitaria y de derechos humanos
- El eslabón migratorio: CECOT, TPS y externalización
- La República Dominicana: frontera, migración y seguridad
- Casos ilustrativos
- Análisis crítico: fortalezas, riesgos y límites
- Perspectivas y calendario (2026–2027)
- Conclusiones
- Recomendaciones
- Glosario de términos
- Apéndices A–F
- Referencias
1. Introducción
Pocos procesos en la historia reciente de América Latina y el Caribe combinan tantos elementos jurídicos, militares y migratorios como el que se desarrolla desde hace tres años sobre el territorio de la República de Haití. Un Estado sin presidente electo desde el asesinato del jefe del Ejecutivo en julio de 2021, sin elecciones generales desde noviembre de 2016[17] y con buena parte de su capital bajo el control de alianzas criminales[13], ha sido objeto de dos operaciones internacionales consecutivas: la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), liderada por la República de Kenia, y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 30 de septiembre de 2025[3].
Sobre ese escenario apareció, en octubre de 2026, un actor que alteró la dinámica prevista: la República de El Salvador. Tras la emboscada y desaparición de cuatro técnicos de aviación salvadoreños que servían con la GSF en la comuna de Croix-des-Bouquets, ocurrida el 18 de octubre de 2026[14], el Gobierno salvadoreño desplegó en pocas semanas un contingente de más de dos mil soldados[17], ejecutó operaciones armadas conjuntas con la Policía Nacional de Haití —incluida la destrucción del cuartel de la pandilla 400 Mawozo el 8 de noviembre de 2026, con al menos veinte muertos[15]— y mantuvo, al cierre de este artículo, un pie de fuerza que opera en gran parte fuera del mando directo de la fuerza autorizada por las Naciones Unidas[17].
El caso interesa a La Mesa Migratoria por tres razones. Primero, porque la crisis haitiana es el principal motor de movilidad forzada del Caribe y afecta directamente a la República Dominicana, país receptor de cientos de miles de personas devueltas cada año[37]. Segundo, porque el modelo de seguridad salvadoreño —sostenido en un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022— se ha convertido en objeto de demanda política y de imitación normativa en la región[25]. Tercero, porque la combinación de fuerzas estatales, contratos privados y mandatos ambiguos plantea preguntas jurídicas serias sobre el uso de la fuerza, la responsabilidad internacional y los derechos de las personas civiles atrapadas entre fuegos.
Este artículo no pretende agotar el tema ni anticipar hechos. Su propósito es ordenar, con fuentes primarias y prensa nacional e internacional de distinto perfil —pública, privada e independiente—, lo que se sabe hasta el 12 de noviembre de 2026, señalar lo que sigue abierto y ofrecer herramientas conceptuales para que el lector evalúe por sí mismo los próximos acontecimientos.
2. Objetivo general y objetivos específicos
2.1. Objetivo general
Analizar, desde una perspectiva jurídica e institucional, la intervención internacional contra las pandillas armadas en la República de Haití y la participación de la República de El Salvador en ella, con el fin de identificar sus bases normativas, sus resultados documentados, sus riesgos para los derechos humanos y sus implicaciones migratorias para la región, en particular para la República Dominicana.
2.2. Objetivos específicos
OE-1. Reconstruir el proceso institucional
Explicar la evolución normativa que llevó de la Resolución 2699 (2023) a las Resoluciones 2793 (2025) y 2829 (2026) del Consejo de Seguridad, incluyendo el modelo de financiamiento y el estatuto jurídico de la fuerza.
OE-2. Examinar el modelo salvadoreño
Describir con cifras oficiales y de la sociedad civil el régimen de excepción vigente en El Salvador desde el 27 de marzo de 2022, sus resultados en materia de homicidios y sus costes documentados en materia de detenciones, muertes en custodia y crítica institucional.
OE-3. Cronologizar la intervención de 2026
Ordenar los hechos verificables de octubre y noviembre de 2026: emboscada, despliegue militar, operaciones ofensivas, carta de un líder pandillero a las Naciones Unidas y reacciones internacionales.
OE-4. Cartografiar los actores armados
Identificar las principales alianzas y pandillas activas, sus estructuras y sus formas de financiamiento, según la documentación oficial y el periodismo especializado.
OE-5. Evaluar el impacto migratorio y fronterizo
Medir, con datos oficiales, las consecuencias de la crisis sobre los flujos migratorios: deportaciones desde la República Dominicana, acuerdos de externalización con El Salvador y cambios en los programas de protección en Estados Unidos.
OE-6. Ofrecer herramientas para el lector
Proveer un glosario, cronologías, preguntas de reflexión y recomendaciones prácticas para estudiantes, comunicadores, migrantes y familias afectadas.
3. Metodología y alcance
El ensayo sigue un método documental de tipo descriptivo-analítico. Las afirmaciones fácticas se apoyan en fuentes primarias —coberturas oficiales de las Naciones Unidas, comunicados de la Oficina de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), resoluciones del Consejo de Seguridad, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, la Dirección General de Migración de la República Dominicana y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América— y en fuentes secundarias de prensa internacional (Agence France-Presse, Associated Press, Reuters, BBC, Al Jazeera, Xinhua, The New Humanitarian, Haitian Times), de prensa salvadoreña (Diario El Mundo, Diario El Salvador, Radio YSKL) y de prensa dominicana y regional (Diario Libre, Hoy, Spectrum Noticias, EFE vía Swissinfo), así como en organizaciones de análisis (CSIS, Chatham House, InSight Crime, Center for Economic and Policy Research) y de derechos humanos (Amnesty International, Human Rights Watch, Cristosal, Socorro Jurídico Humanitario).
El periodo de referencia cubre de octubre de 2023 —autorización de la MSS— hasta el 12 de noviembre de 2026, fecha de cierre de esta edición. Cuando una cifra proviene de un Gobierno o de una institución con interés directo en el resultado, el texto lo indica expresamente. Cuando un hecho está en curso o una afirmación depende de una sola fuente, el texto lo advierte. Las interpretaciones y valoraciones propias del autor aparecen en los apartados de análisis y conclusiones, y son responsabilidad exclusiva del firmante.
Tres límites merecen mención. Primero, la situación evoluciona día a día: lo escrito aquí puede quedar desactualizado semanas después de publicado. Segundo, el acceso a datos independientes sobre operaciones militares en curso es limitado, y buena parte de la información disponible proviene de anuncios gubernamentales. Tercero, este artículo tiene propósito educativo y no constituye asesoría jurídica ni migratoria individual.
4. Contexto histórico: una crisis que se hereda (2016–2024)
La crisis haitiana no comenzó en 2024 ni con las pandillas actuales; es el resultado acumulado de décadas de fragilidad institucional, intervenciones externas y disputas políticas. Entre 2004 y 2017, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) desplegó miles de cascos azules durante trece años, con resultados contrastados y con cicatrices documentadas, entre ellas la epidemia de cólera surgida durante su despliegue, reconocida años después por la propia Organización. Desde noviembre de 2016, Haití no celebra elecciones generales[17], y desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021, carece de un Ejecutivo con origen electoral.
El vacío de poder fue ocupado progresivamente por grupos armados. Desde 2019, la expansión de las pandillas en la capital alcanzó niveles sin precedentes[13]. A finales de febrero de 2024, la coalición Viv Ansanm lanzó una ofensiva coordinada que liberó miles de presos, cerró el aeropuerto internacional y obligó a la dimisión del entonces primer ministro[12]. En abril de 2024 se formó el Consejo Presidencial de Transición, con mandato hasta el 7 de febrero de 2026[44]; al concluir ese plazo, el poder ejecutivo quedó en manos del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé y su Gabinete[44].
La respuesta internacional tomó forma el 2 de octubre de 2023, cuando el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 2699 (2023) por trece votos a favor y dos abstenciones —Federación de Rusia y República Popular China—, autorizando por doce meses el despliegue de una misión multinacional no perteneciente a las Naciones Unidas, financiada con contribuciones voluntarias[4]. La República de Kenia asumió el liderazgo; se sumaron efectivos y apoyos de la República de El Salvador, la República de Guatemala, Jamaica, Belice y las Bahamas[2]. La misión operó con un pie de fuerza reducido y, a juicio del propio representante de los Estados Unidos de América ante el Consejo, careció de la escala y los recursos necesarios para revertir la situación[2].
En paralelo, el Consejo de Seguridad mantenía desde 2022 un régimen de sanciones específico para Haití, administrado por el Comité establecido mediante la Resolución 2653 (2022), al que el 8 de julio de 2025 añadió a la coalición Viv Ansanm por su papel en la desestabilización del país[12]. En septiembre de 2025, ante la Asamblea General, la dirigencia transitoria haitiana describió el país como una nación en guerra y pidió apoyo internacional reforzado[5].
Elementos de continuidad de la crisis (hechos verificables)
- Desde noviembre de 2016 no se celebran elecciones generales en la República de Haití[17].
- El 7 de julio de 2021 fue asesinado el presidente Jovenel Moïse; desde entonces el Ejecutivo carece de origen electoral[17].
- Entre 2004 y 2017 operó la MINUSTAH, la mayor experiencia previa de estabilización internacional[47].
- La Resolución 2699 (2023) creó la MSS bajo el Capítulo VII, con financiamiento voluntario[4].
- El 8 de julio de 2025 el Comité de Sanciones (Resolución 2653 de 2022) incluyó a Viv Ansanm en su lista[12].
Preguntas para la reflexión sobre este apartado
- ¿Qué responsabilidades comparten las élites políticas haitianas y sus socios externos en la formación y armamento de los grupos armados?
- ¿Por qué fracasaron las sucesivas fórmulas de estabilización desde 1994, y qué distingue a la actual?
- ¿Qué puede aprender un estudiante de derecho constitucional dominicano del fenómeno de los Estados sin elecciones prolongadas?
5. Marco jurídico internacional: las Resoluciones 2699, 2793 y 2829
5.1. La base: el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas
Todas las operaciones aquí estudiadas se apoyan en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que permite al Consejo de Seguridad autorizar medidas —incluido el uso de la fuerza— frente a amenazas a la paz internacional. La Resolución 2699 (2023) autorizó a los Estados miembros a formar y desplegar la MSS por doce meses, de manera no uniformada por la Organización y financiada con contribuciones voluntarias[4]. El costo anual estimado de la misión rondaba los seiscientos millones de dólares de los Estados Unidos de América[7], una cifra que jamás llegó a cubrirse por completo y que explica en parte sus limitaciones operativas[2].
5.2. La Resolución 2793 (2025): nace la Fuerza de Supresión de Pandillas
El 30 de septiembre de 2025, el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 2793 (2025) con doce votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones —República Popular China, Federación de Rusia y República Islámica del Pakistán—[3]. El proyecto fue presentado por los Estados Unidos de América y la República de Panamá, con el respaldo público de los treinta y dos miembros de la Organización de los Estados Americanos[2]. La resolución autorizó la transición de la MSS a una Fuerza de Supresión de Pandillas con capacidad de escalar hasta más de cinco mil quinientos efectivos[13] —cinco veces el tamaño de su antecesora, según la delegación estadounidense[2]— y creó una Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH) encargada de la logística, financiada con contribuciones evaluadas, mientras los costos de personal seguirían dependiendo de contribuciones voluntarias[2]. La resolución también encomendó a las autoridades haitianas elaborar, junto con el Secretario General, un plan para asumir progresivamente la responsabilidad de su propia seguridad[2].
5.3. La Resolución 2829 (2026): prórroga y estatuto jurídico
El 29 de septiembre de 2026, el Consejo renovó el mandato de la GSF y de la UNSOH hasta el 31 de marzo de 2027, con la misma votación de doce a favor y tres abstenciones[1]. La Resolución 2829 (2026) destaca tres elementos de interés jurídico. Primero, registra el acuerdo del 27 de julio de 2026 entre la República de Haití y la propia GSF, que confirmó la personalidad jurídica de la Fuerza y alentó a los Estados a reconocer su estatuto y conceder privilegios e inmunidades a su personal[1]. Segundo, exige que la Fuerza opere en cumplimiento del derecho internacional aplicable, incluido el derecho internacional de los derechos humanos[1]. Tercero, establece informes semestrales del Secretario General sobre los indicadores de progreso fijados en la Resolución 2793 (2025)[1].
5.4. Las abstenciones y las garantías exigibles
Las abstenciones no fueron accidentes protocolares. El representante de la República Popular China arguyó que el problema haitiano no es una simple cuestión de seguridad, sino un problema profundo de gobernanza, y advirtió contra recurrir a una fuerza militar externa que no resuelve las causas[1]. En el mismo debate, la delegación estadounidense defendió los resultados iniciales de la Fuerza, a la que atribuyó la recuperación de calles, rutas y puntos de cobro ilegal, y tributó homenaje a los contingentes de la República del Chad, la República de El Salvador, la República de Guatemala, Jamaica, Mongolia y Sri Lanka[1]. Para el observador jurídico, el debate reproduce una tensión clásica del derecho internacional: la eficacia de la respuesta armada frente a la obligación de no repetir los patrones de abuso e impunidad de intervenciones anteriores, exigencia que organizaciones como Amnesty International han formulado expresamente a los Gobiernos implicados[15].
| Instrumento | Fecha | Contenido esencial | Votación |
|---|---|---|---|
| Resolución 2699 (2023) | 2 de octubre de 2023 | Autoriza la MSS por 12 meses, bajo Capítulo VII, con financiamiento voluntario y fuera del sistema de Operaciones de Paz de la ONU[4] | 13 a favor; 2 abstenciones (China, Rusia) |
| Resolución 2793 (2025) | 30 de septiembre de 2025 | Crea la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) y la UNSOH; escala hasta más de 5.500 efectivos; logística con contribuciones evaluadas; personal con contribuciones voluntarias[2][3] | 12 a favor; 3 abstenciones (China, Pakistán, Rusia) |
| Acuerdo Haití–GSF | 27 de julio de 2026 | Confirma la personalidad jurídica de la Fuerza y el reconocimiento de privilegios e inmunidades a su personal[1] | Bilateral |
| Resolución 2829 (2026) | 29 de septiembre de 2026 | Prorroga GSF y UNSOH hasta el 31 de marzo de 2027; informes semestrales; exigencia de cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos[1] | 12 a favor; 3 abstenciones (China, Pakistán, Rusia) |
Preguntas para la reflexión sobre este apartado
- ¿Qué obligaciones concretas genera para un Estado contribuyente la exigencia de operar conforme al derecho internacional de los derechos humanos?
- ¿Qué diferencia hay entre una operación autorizada por el Consejo de Seguridad y una acción unilateral de un Estado en territorio de otro?
- ¿Quién responde jurídicamente si un contingente que no está bajo el mando directo de la fuerza autorizada comete violaciones?
6. De la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad a la Fuerza de Supresión de Pandillas
6.1. El balance de la MSS
La MSS operó desde junio de 2024 con un pie de fuerza reducido, encabezado por la República de Kenia y complementado por efectivos y apoyos de la República de El Salvador, la República de Guatemala, Jamaica, Belice y las Bahamas[2]. Su financiamiento dependió de contribuciones voluntarias: los Estados Unidos de América, la República Federal de Alemania, el Estado de Qatar y Canadá figuraron entre los aportantes principales, mientras México, la República de Colombia, El Salvador, Jamaica y la República Federativa del Brasil hicieron contribuciones en especie[8]. Con un costo anual estimado de seiscientos millones de dólares de los Estados Unidos de América y recaudaciones muy inferiores, la misión llegó a 2026 sin haber logrado contener la expansión territorial de los grupos armados[7].
El punto de inflexión llegó en marzo de 2026: la policía keniana inició el retiro de sus efectivos —un primer grupo de doscientos quince agentes— en el marco de la transición hacia la nueva fuerza[9]. El Consejo de Seguridad había previsto una hoja de ruta de despliegue escalonado de la GSF, con hitos hasta octubre de 2026[11].
6.2. La GSF en la práctica: promesa y realidad
La Fuerza de Supresión de Pandillas fue diseñada para tener unos cinco mil quinientos efectivos; a fines de octubre de 2026 contaba con aproximadamente dos mil[13]. El representante de los Estados Unidos de América citó, en el debate de renovación de septiembre de 2026, contingentes y compromisos del Chad, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Mongolia y Sri Lanka[1]. El caso del Chad ilustra el ritmo del crecimiento: en marzo de 2026 anunció el envío de ochocientos policías y gendarmes[51]; en abril elevó el compromiso a mil quinientos efectivos organizados en dos batallones[10], y nuevos contingentes fueron anunciados en noviembre de 2026[52].
Comparación institucional: MSS frente a GSF (datos verificables)
Origen: MSS autorizada por la Resolución 2699 (2023), no pertenece al sistema de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas y se financia con contribuciones voluntarias[4]. La GSF fue creada por la Resolución 2793 (2025), cuenta con una Oficina de Apoyo (UNSOH) financiada con contribuciones evaluadas y mantiene los costos de personal en régimen voluntario[2].
Escala: la MSS alcanzó un pie de fuerza reducido; la GSF está autorizada para escalar hasta más de cinco mil quinientos efectivos y disponía de unos dos mil a finales de octubre de 2026[13].
Estatuto: la GSF cuenta, desde el acuerdo del 27 de julio de 2026, con personalidad jurídica reconocida y privilegios e inmunidades para su personal[1].
Control político: la Resolución 2793 (2025) instituyó un grupo permanente de socios que da dirección estratégica y rinde cuentas al Consejo[2].
Preguntas para la reflexión sobre este apartado
- ¿Qué ventajas y riesgos introduce el financiamiento mixto (voluntario y evaluado) en la previsibilidad de una operación?
- ¿Por qué la personalidad jurídica de una fuerza internacional importa para las víctimas que reclaman reparación?
- ¿Qué papel jugaron los compromisos en especie de países de la región en la viabilidad de la fuerza?
7. El modelo salvadoreño: régimen de excepción, resultados y costes
7.1. Diseño jurídico
El instrumento central del modelo es el régimen de excepción, figura constitucional que suspende determinadas garantías procesales, impuesto el 27 de marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuida a las estructuras de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18, y renovado mensualmente por la Asamblea Legislativa desde entonces[30]. En agosto de 2026 se aprobó la quincuagésima cuarta prórroga con cincuenta y siete votos[24]; en septiembre de 2026, la quincuagésima quinta, vigente del 28 de septiembre al 27 de octubre de 2026[23]. Según el balance divulgado por la prensa salvadoreña al aprobarse esta última, el acumulado de personas detenidas bajo la medida supera las noventa y tres mil desde 2022[23][25].
7.2. Resultados en materia de homicidios
Los datos de violencia letal son el argumento central del Gobierno salvadoreño y de sus simpatizantes. En una década, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes pasó de 107 en 2015 a 1,9 en 2024 —una reducción del noventa y ocho por ciento, la mayor de América Latina—[28]. Según el Gabinete de Seguridad Ampliado, 2025 cerró con una tasa de 1,3 y ochenta y dos muertes violentas, la más baja del continente según la misma fuente[27].
Infografía 1. Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en El Salvador (escala ilustrativa)
Fuentes: InSight Crime (2025) y Gabinete de Seguridad Ampliado vía Diario El Salvador (2026). Las longitudes de barra son ilustrativas y no proporcionales lineales.
7.3. Percepción ciudadana
Las encuestas regionales confirman un respaldo sostenido. Según CID Gallup, la gestión del presidente Nayib Bukele alcanzó una aprobación del noventa y dos por ciento en septiembre de 2026, con un ochenta y siete por ciento que considera que el país va por el camino correcto y un respaldo amplio al régimen de excepción[25]; el noventa y ocho por ciento evaluó favorablemente su trabajo en materia de seguridad[26]. Estos datos explican, en parte, la demanda política que otros Gobiernos de la región perciben cuando el modelo se propone como exportable.
7.4. Costes documentados
El mismo periodo registra costes que las organizaciones de derechos humanos han documentado con detalle. La organización Socorro Jurídico Humanitario contabilizó cuatrocientas veintisiete muertes en custodia estatal bajo el régimen de excepción hasta julio de 2025, de personas que en su mayoría se encontraban en proceso penal sin condena[30]. Para enero de 2026, un informe de la misma organización elevó la cifra a cuatrocientas setenta, con un treinta y uno coma ocho por ciento de fallecimientos violentos, e incluyó entre los fallecidos a pastores evangélicos, sindicalistas y menores de edad[31]. Human Rights Watch documenta detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas y tortura[29]. En julio de 2025, Cristosal —la principal organización de derechos humanos del país— suspendió sus operaciones en El Salvador y se reorganizó desde Guatemala y Honduras, atribuyendo su salida a la persecución del Gobierno[32].
La coexistencia de ambos conjuntos de datos —homicidios mínimos con respaldo mayoritario, y costes severos en garantías fundamentales— define el debate sobre la exportabilidad del modelo. No es un debate entre datos y propaganda, sino entre valores jurídicos en tensión: seguridad y libertad, eficacia y debido proceso.
Preguntas para la reflexión sobre este apartado
- ¿Puede un resultado medible (menos homicidios) justificar la suspensión prolongada de garantías procesales?
- ¿Qué señales institucionales —muertes en custodia, exilio de organizaciones— deberían pesar en la evaluación de un modelo de seguridad?
- ¿Qué responsabilidad tiene la ciudadanía cuando aprueba mayoritariamente políticas con costes documentados para minorías?
8. La intervención salvadoreña en Haití (2025–2026)
8.1. Presencia previa y escalada
La presencia salvadoreña en Haití no empezó en 2026. En enero de 2025 llegaron ocho especialistas de aviación en funciones de apoyo, y en febrero de 2025 un contingente de setenta militares; según la prensa internacional, la cifra llegó luego a unos cien efectivos de fuerzas especiales y, posteriormente, a cuatrocientos cincuenta[13]. El Salvador figuraba, además, entre los países que aportaron personal y contribuciones en especie a la misión anterior[2][8].
8.2. La emboscada del 18 de octubre de 2026
El 18 de octubre de 2026, cuatro técnicos de aviación salvadoreños que servían con la GSF fueron atacados en el barrio de Santo, en Croix-des-Bouquets, al norte de Puerto Príncipe: su vehículo blindado recibió disparos y explosiones, el personal huyó del vehículo y su paradero permanece desconocido desde entonces[13]. El presidente Bukele afirmó que los cuatro fueron tomados como rehenes por grupos criminales[13]. Un dirigente pandillero conocido como Lanmò San Jou difundió un video afirmando que los cuatro salvadoreños están muertos; se encontraron restos calcinados en las proximidades de la capital, pero el Gobierno salvadoreño negó que pertenecieran a sus nacionales[13]. Al cierre de esta edición, el paradero de los cuatro sigue sin confirmarse oficialmente[15].
8.3. El despliegue de octubre de 2026
El 22 de octubre el Gobierno salvadoreño anunció una operación para localizar y rescatar a los cuatro técnicos[14]. Los primeros soldados comenzaron a llegar ese mismo día y, según el periodismo especializado, hacia el 28 de octubre El Salvador ya había desplegado más de dos mil soldados en el país[17]. La operación transformó la presencia de apoyo en una intervención militar de combate, con operaciones sostenidas en Croix-des-Bouquets y sus alrededores.
8.4. La operación contra el cuartel de 400 Mawozo
El 10 de noviembre de 2026, el presidente Bukele anunció que tropas salvadoreñas habían participado, junto a la Policía Nacional de Haití, en una operación contra la casa del dirigente Lanmò San Jou y el cuartel general de la pandilla 400 Mawozo en Croix-des-Bouquets, con helicópteros disparando sobre el sitio y al menos veinte personas muertas[15]. La operación se produjo días antes de la visita que el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, tenía prevista para la semana siguiente a San Salvador, con la finalidad de discutir el futuro de la presencia militar salvadoreña[15].
8.5. Ambigüedades jurídicas y advertencias
Tres problemas jurídicos concentran la crítica. Primero, la mayor parte de las tropas salvadoreñas opera fuera del mando directo de la GSF y no existe un acuerdo público que defina su mandato, sus reglas de uso de la fuerza ni su rendición de cuentas[17]; Amnesty International ha exigido a ambos Gobiernos publicar el acuerdo de despliegue y establecer investigaciones independientes e imparciales sobre toda denuncia de violación[15]. Segundo, la multiplicación de actores armados estatales y privados —la GSF, la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas de Haití, los contratistas de la empresa Vectus Global que operan drones junto a una fuerza especial haitiana y ahora el contingente salvadoreño— plantea problemas de coordinación y de imputación de responsabilidades que una fuente citada por la prensa describió como propias de un pie de guerra[17]. Tercero, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ya había advertido en marzo de 2026 que la violencia letal proviene también de fuerzas de seguridad, contratistas privados de seguridad y grupos de autodefensa, y no solo de las pandillas[22].
La reacción social haitiana es ambivalente y merece registro. En Puerto Príncipe se difundieron videos de multitudes cantando el nombre del presidente Bukele y celebrando la caída de presuntos dirigentes criminales, en medio de años de desesperación y sensación de abandono institucional; al mismo tiempo, activistas como Monique Clesca recuerdan que Haití es un país soberano y que la intervención extranjera tiene historia[17]. El especialista Jake Johnston, del Center for Economic and Policy Research, subraya que las líneas de mando y coordinación entre tantas entidades armadas son el mayor riesgo operativo[17].
Preguntas para la reflexión sobre este apartado
- ¿Qué diferencia jurídica hay entre servir bajo el mando de la GSF y operar “en apoyo” de ella sin acuerdo público?
- ¿Quién debe investigar una muerte en una operación conjunta entre una policía nacional y tropas extranjeras?
- ¿Cómo se explica que parte de la población celebrara una intervención armada? ¿Qué dice eso del Estado haitiano?
9. Los actores armados en Haití
Comprender el mapa del conflicto exige identificar a los grupos que lo protagonizan. La documentación oficial del Consejo de Seguridad y el periodismo internacional permiten esbozar el siguiente panorama, sin pretensión de exhaustividad y con las cautelas propias de un entorno donde la información es escasa y parcial.
Viv Ansanm
Coalición nacional de pandillas descrita por la prensa internacional como la mayor confederación de grupos criminales jamás vista en la región[13]. El Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad la incluyó en su lista el 8 de julio de 2025 por desestabilizar el país[12]. La figura más visible asociada a ella es Jimmy Chérizier, conocido como Barbecue[12].
G9 Familia y Aliados
Alianza fundada en Puerto Príncipe, vinculada históricamente a Chérizier, cuya expansión de 2024 hacia el centro del país marcó el inicio de la ofensiva que precipitó la dimisión del entonces jefe de Gobierno[12]. Su integración en Viv Ansanm multiplica su alcance territorial[13].
400 Mawozo
Pandilla activa en la zona de Croix-des-Bouquets, conocida por el secuestro extorsivo de un grupo de misioneros cristianos en 2021, caso por el que su exlíder Joly Germine fue condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos de América el 3 de diciembre de 2025[45]. Su dirigente actual señalado es Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou[16]; su cuartel fue destruido en la operación del 8 de noviembre de 2026[15].
Pandilla de Wharf Jérémie
Estructura del sector Wharf Jérémie, en la comuna de Cité Soleil, liderada según la documentación de la ONU por Micanor Altès. Entre el 6 y el 11 de diciembre de 2024 ejecutó al menos a doscientas siete personas, la mayoría adultos mayores acusados de brujería, en la mayor masacre documentada del ciclo reciente[19][46].
Financiamiento y tácticas
Los grupos sostienen su operación con secuestros extorsivos —más de doscientas treinta personas en 2026 hasta septiembre, según las Naciones Unidas[13]—, cobro de peajes ilegales, extorsión a comercios y control de territorios donde ingresan armas ilícitas[48]. Recurren crecientemente a la violencia indiscriminada para disuadir operaciones de seguridad[13].
Reclutamiento infantil
Los informes del Alto Comisionado documentan el reclutamiento de niños y adolescentes por las pandillas y los ataques a escuelas y hospitales como método de control territorial[21]. La Resolución 2829 (2026) subraya la necesidad de reintegración y apoyo psicosocial a los menores desvinculados[1].
Preguntas para la reflexión sobre este apartado
- ¿Qué implica, en términos de derecho internacional, que una coalición criminal sea incluida en un régimen de sanciones del Consejo de Seguridad?
- ¿Por qué el secuestro extorsivo es la principal fuente de financiamiento y qué responsabilidad empresarial genera?
- ¿Cómo distinguir, en la práctica, entre un menor reclutado y un agente criminal? ¿Qué obligaciones genera esa distinción?
10. Situación humanitaria y de derechos humanos
La contabilidad de la tragedia crece trimestre tras trimestre y constituye el telón de fondo de toda decisión jurídica sobre el país. Los datos siguientes provienen de las Naciones Unidas y de organismos humanitarios, y se presentan con su fuente y su periodo para evitar comparaciones indebidas.
≥ 5.601
Personas muertas por violencia de pandillas en 2024, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos[20]
> 5.915
Personas muertas en 2025, con 2.708 heridos, según la Oficina de las Naciones Unidas en Haití (BINUH)[18]
> 5.700
Muertos y heridos entre enero y mediados de septiembre de 2026, y más de 230 secuestrados, según datos de las Naciones Unidas difundidos por BBC[13]
~6 millones (53%)
Haitianos en inseguridad alimentaria aguda[17]
> 21.000
Muertos por violencia de pandillas entre enero de 2002 y junio de 2026[17]
A estas cifras deben añadirse episodios que definen la naturaleza del conflicto. La masacre de Wharf Jérémie, ejecutada entre el 6 y el 11 de diciembre de 2024 contra personas mayores acusadas de brujería, dejó al menos doscientas siete víctimas según el informe especial de la BINUH[19]. El informe del Alto Comisionado de abril de 2025 documentó masacres, violencia sexual, reclutamiento infantil y ataques a escuelas y hospitales[21]. En agosto de 2026, el Consejo de Seguridad sesgó de urgencia ante una oleada de ataques de las pandillas contra civiles y reportes de ingreso de armas ilícitas[48]. La situación, descrita por la propia ONU como extremadamente preocupante desde 2025[49], se mantiene en ese nivel al cierre de esta edición.
Para el análisis jurídico, estas cifras cumplen una función precisa: establecen la existencia de un conflicto de violencia intensa no internacional, con capacidad de destruir instituciones estatales, que activa tanto las obligaciones de derecho internacional humanitario aplicable como los deberes de protección que el derecho internacional de los derechos humanos impone a todos los actores armados presentes, incluidas las fuerzas internacionales y los contratistas privados[22].
Preguntas para la reflexión sobre este apartado
- ¿Qué obligaciones genera para un Estado contribuyente la documentación de masacres como la de Wharf Jérémie?
- ¿Cómo se acredita y protege la evidencia de atrocidades en un territorio sin sistema de justicia operativo?
- ¿Qué papel cumplen los datos humanitarios en las decisiones del Consejo de Seguridad?
11. El eslabón migratorio: CECOT, TPS y externalización
La crisis haitiana y el modelo salvadoreño se conectan también por una vía distinta de la militar: la gestión migratoria entre los Estados Unidos de América, Centroamérica y el Caribe. En marzo de 2025, El Salvador acordó recibir migrantes deportados de otras nacionalidades y, según el análisis de la época, obtendría una compensación cercana a los seis millones de dólares de los Estados Unidos de América por mantenerlos confinados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)[34]. Documentos judiciales divulgados en septiembre de 2025 confirmaron un pago de cuatro coma siete millones de dólares para recibir hasta trescientos migrantes deportados, alojados en ese centro[33]. El 18 de julio de 2025, doscientos cincuenta y dos migrantes venezolanos deportados fueron devueltos a la República Bolivariana de Venezuela, en un acuerdo que incluyó la liberación de diez detenidos de nacionalidad estadounidense y de decenas de prisioneros políticos venezolanos[35].
El segundo elemento es la retirada de programas de protección. Tras una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América de junio de 2026, el Estatus de Protección Temporal (TPS) concedido a los nacionales haitianos en ese país terminó con efectos del 7 de agosto de 2026, afectando a más de doscientos setenta mil beneficiarios[36]. La combinación de expulsiones aceleradas, cierre de programas de protección y conflicto armado en el país de origen configura un escenario de mayor presión migratoria sobre los Estados vecinos, empezando por la República Dominicana, cuyo territorio comparte la isla de La Española con Haití.
Ambos fenómenos —el pago por alojar detenidos extranjeros y el fin de la protección temporal— son expresiones del mismo patrón que la literatura especializada denomina externalización de la gestión migratoria: trasladar a terceros Estados los controles, los confinamientos y las consecuencias de las políticas migratorias del centro. Para el lector de La Mesa Migratoria, la lección es directa: las decisiones del Consejo de Seguridad, los contratos bilaterales y los programas de protección de un país lejano determinan, en la práctica, los flujos y los derechos que se gestionan en nuestra frontera norte.
Preguntas para la reflexión sobre este apartado
- ¿Qué garantías procesales corresponden a una persona migrante confinada en un Estado distinto al que la deportó?
- ¿Cómo afecta el fin del TPS a las familias binacionales haitianas y a los flujos hacia la isla?
- ¿Qué criterios debería usar un Estado receptor para evaluar un acuerdo de externalización migratoria?
12. La República Dominicana: frontera, migración y seguridad
Ningún Estado siente las consecuencias de la crisis haitiana con más intensidad que la República Dominicana. La Dirección General de Migración informó que en el año 2025 fueron deportadas 379.553 personas de nacionalidad haitiana con presencia migratoria irregular, cifra que multiplica por diez las reconducciones registradas en 2016 y que representa un incremento del ochenta y cuatro por ciento frente al período 2021–2025[37]; según la agencia EFE, ese total supone un treinta y siete coma cuatro por ciento más que en 2024[38]. En 2025 el ritmo mensual se mantuvo cerca de los treinta mil casos —julio cerró con 31.462—[39], mientras el mismo año la institución procesó 20,4 millones de documentos de viajeros en los puestos fronterizos y aeroportuarios[37].
La política fronteriza física avanzó en paralelo. En junio de 2026 el Gobierno anunció trece kilómetros adicionales de verja perimetral[40]; en septiembre de 2026 inició la construcción de 14,5 kilómetros más en el tramo sur, con lo cual la obra acumula alrededor de cincuenta y cinco kilómetros construidos en tramos de la frontera norte y central[41].
El debate interno sobre las consecuencias sociales de estas políticas también tiene datos. Amnesty International publicó en noviembre de 2025 un análisis según el cual las personas haitianas representaron solo el siete coma nueve por ciento de las atenciones de secundaria del Servicio Nacional de Salud en el primer trimestre de 2025, desmintiendo la afirmación recurrente de que la población migrante satura el sistema sanitario[42].
La lectura institucional es doble. Por un lado, el Estado dominicano enfrenta una frontera de más de trescientos kilómetros con un país en conflicto armado, con presiones migratorias, de contrabando y de seguridad reales, que legitiman medidas de control. Por el otro, la escala de las deportaciones y las observaciones de organismos internacionales sobre garantías procesales recuerdan que todo dispositivo de control sigue estando sujeto a las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado, en particular respecto de las personas en situación de vulnerabilidad. Este artículo no adopta posición sobre ningún caso concreto; ofrece el marco para evaluarlos.
Preguntas para la reflexión sobre este apartado
- ¿Qué proporción de las decisiones de reconducción migratoria cuenta con verificación de nacionalidad y debido proceso?
- ¿Cómo incidirá el fin del TPS en los Estados Unidos de América sobre los flujos hacia la isla en 2027?
- ¿Qué información debería publicar la Dirección General de Migración para permitir el escrutinio ciudadano?
13. Casos ilustrativos
Los cuatro casos siguientes son reales, están documentados por fuentes citadas y fueron seleccionados porque cada uno ilumina un problema jurídico distinto. Ninguno se presenta como ejemplo de un fenómeno general; cada uno exige lectura contextual.
Caso 1. El secuestro de los misioneros y la condena de Joly Germine (2021–2025)
En octubre de 2021, la pandilla 400 Mawozo secuestró en Croix-des-Bouquets a un grupo de dieciséis personas de nacionalidad estadounidense vinculadas a una organización misionera cristiana. El proceso penal no se llevó en Haití, sino en los Estados Unidos de América: en mayo de 2025 un jurado declaró culpable de todos los cargos a Joly Germine, líder de la estructura, por orquestar el plan que usó a los misioneros como moneda de intercambio, y el 3 de diciembre de 2025 fue condenado a cadena perpetua[45]. El caso muestra la vía de la jurisdicción extraterritorial cuando el Estado territorial no puede juzgar, y sus límites: la condena no alteró el control territorial de la pandilla.
Caso 2. La masacre de Wharf Jérémie (6–11 de diciembre de 2024)
Entre el 6 y el 11 de diciembre de 2024, miembros de la pandilla del sector Wharf Jérémie, en la comuna de Cité Soleil, ejecutaron al menos a doscientas siete personas —ciento treinta y cuatro hombres y setenta y tres mujeres—, la mayoría adultos mayores acusados de brujería, según el informe especial de la Oficina de las Naciones Unidas en Haití[19]. El caso demostró la utilidad de la documentación forense y oportuna de las atrocidades: el informe se publicó apenas doce días después de los hechos y sirvió de base para la condena internacional unánime[46]. También mostró sus límites: la impunidad local continúa.
Caso 3. La emboscada de Santo y la desaparición de los cuatro técnicos (18 de octubre de 2026)
El ataque con armas de fuego y explosivos contra el vehículo blindado que transportaba a cuatro técnicos de aviación salvadoreños en el barrio de Santo, Croix-des-Bouquets, precipitó el despliegue de más de dos mil soldados y una campaña de operaciones ofensivas[13][17]. Ilustra el umbral en el que la protección del personal internacional se convierte en causa de escalada militar, y las dudas que surgen cuando la respuesta armada carece de un marco público de mando y de reglas[17].
Caso 4. La carta de Lanmò San Jou a las Naciones Unidas (1 de noviembre de 2026)
El 1 de noviembre de 2026, Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, dirigente señalado de 400 Mawozo, escribió al Secretario General de las Naciones Unidas solicitando diálogo y mediación, declaró que había izado bandera blanca desde el 20 de agosto y se declaró disponible para recibir una delegación y participar en cualquier encuentro orientado a una solución pacífica y un proceso sostenible de estabilización; añadió que el diálogo debe prevalecer sobre la fuerza y que la protección de los civiles debe estar al centro de toda iniciativa internacional. El portavoz de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, confirmó la recepción de la carta el 2 de noviembre, precisando que recibirla no constituye aval de su contenido, reconocimiento de su autor ni posición de la Organización[16]. El caso abre una pregunta incómoda: ¿quién negocia con quién cuando el adversario es una estructura criminal designada por el Consejo de Seguridad?
Preguntas para la reflexión sobre los cuatro casos
- ¿Qué vías de justicia —nacional, extraterritorial, internacional— son aplicables a cada caso y por qué se eligió cada una?
- ¿Deberían las Naciones Unidas explorar canales de negociación con estructuras criminales designadas? ¿Bajo qué condiciones y límites?
- ¿Qué peso debe tener la protección del personal internacional frente al riesgo civil en la planificación de operaciones?
14. Análisis crítico: fortalezas, riesgos y límites
14.1. Comparación institucional
| Criterio | MSS (2024–2026) | GSF (2025– ) | Despliegue salvadoreño de octubre de 2026 |
|---|---|---|---|
| Autorización | Resolución 2699 (2023), Capítulo VII[4] | Resoluciones 2793 (2025) y 2829 (2026)[3][1] | Decisión soberana bilateral; participación previa en la misión[2] |
| Escala | Pie de fuerza reducido | Autorizada hasta más de 5.500; unos 2.000 a fines de octubre de 2026[13] | Más de 2.000 soldados en tres semanas[17] |
| Financiamiento | Contribuciones voluntarias[4] | Logística evaluada vía UNSOH; personal voluntario[2] | Costo nacional; sin acuerdo público conocido[17] |
| Estatuto jurídico | Acuerdos con Haití; sin personalidad jurídica propia consolidada | Personalidad jurídica y privilegios e inmunidades (acuerdo del 27 de julio de 2026)[1] | Sin acuerdo público; exigencia de publicación pendiente[15] |
| Rendición de cuentas | Informes al Consejo | Informes semestrales sobre indicadores[1] | Rendición de cuentas nacional; vacío documental señalado por Amnesty International[15] |
14.2. Fortalezas
La arquitectura de 2025–2026 corrige defectos verificados de la etapa anterior: mayor escala autorizada, logística financiada con contribuciones evaluadas —que históricamente son más predecibles que las voluntarias—, personalidad jurídica que facilita contratos y responsabilidad, indicadores de progreso con informes semestrales y un dispositivo político de dirección estratégica[1][2]. La decisión de escalar la fuerza cinco veces respecto de su antecesora responde a la constatación de que la misión previa carecía de la capacidad para recuperar territorio[2].
14.3. Riesgos
Cuatro riesgos concentran la atención de analistas y organismos. Primero, el vacío de rendición de cuentas del componente salvadoreño fuera del mando de la GSF: sin acuerdo publicado, sin reglas de uso de la fuerza conocidas y sin canal de denuncia estable, cada operación genera exposición jurídica para ambos Estados[15][17]. Segundo, la multiplicación de actores armados —GSF, Policía Nacional de Haití, Fuerzas Armadas de Haití, contratistas privados de Vectus Global, contingente salvadoreño autónomo— con armas pesadas en espacios reducidos[17]. Tercero, la dependencia de contribuciones voluntarias para los costos de personal, que ya había asfixiado financieramente a la misión anterior[2][7]. Cuarto, el precedente histórico: la advertencia de Amnesty International de que la respuesta a la violencia de pandillas no debe replicar los abusos y la impunidad de las intervenciones anteriores en Haití no es retórica, sino memoria de la MINUSTAH[15].
14.4. Los límites de la exportación del modelo
Trasladar el régimen de excepción salvadoreño a Haití presupone condiciones que no existen allí. El modelo salvadoreño operó desde un Estado funcional, con policía, fiscales, prisiones y sistema judicial activos, y con capacidad de encerrar a decenas de miles de personas dentro de su territorio[23]. En Haití, las cárceles fueron asaltadas durante la ofensiva de 2024 con la fuga de miles de reclusos, la mayoría de las instituciones del Estado permanecen sin operatividad y el Estado no controla buena parte de su capital[12][13]. La comparación, por tanto, sirve más para entender la demanda política del modelo que para predecir su reproducción técnica. La delegación china lo formuló en clave de gobernanza: el problema no se resuelve con una fuerza externa[1]; el análisis del Center for Economic and Policy Research, en clave de mando: demasiados actores, demasiadas líneas[17].
15. Perspectivas y calendario (2026–2027)
El calendario institucional de los próximos dieciocho meses está definido por tres fechas. Primera: el 31 de marzo de 2027, vencimiento del mandato vigente de la GSF y la UNSOH, cuya renovación requerirá una nueva negociación en el Consejo de Seguridad[1][50]. Segunda: el 18 de julio de 2027, nueva fecha fijada para las elecciones presidenciales y legislativas —después de que en octubre de 2026 se pospusieran las previstas para el 13 de diciembre de 2026—, con segunda vuelta y elecciones locales el 4 de octubre de 2027[43]. Tercera: el horizonte original de la transición, que contemplaba la asunción de autoridades electas el 7 de febrero de 2027, quedó desplazado por la posposición aprobada en octubre de 2026[43]; mientras tanto, el poder ejecutivo está en manos del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé desde el 7 de febrero de 2026, tras el fin del Consejo Presidencial de Transición[44].
La visita del primer ministro Fils-Aimé a San Salvador, prevista para la semana del 16 de noviembre de 2026, definirá el estatuto futuro de las tropas salvadoreñas: institucionalización bajo un acuerdo público, continuidad de facto de la operación autónoma o retirada gradual[15]. El desenlace de la desaparición de los cuatro técnicos y la evolución de las bajas civiles serán, previsiblemente, las variables que inclinen cada escenario. El precedente de la carta de noviembre de 2026 sugiere que algún canal de negociación, aunque sea indirecto, ya se está probando[16].
Preguntas para la reflexión sobre este apartado
- ¿Qué condiciones mínimas debe reunir un proceso electoral en un territorio con esas tasas de violencia?
- ¿Qué escenarios existen para el estatuto de las tropas salvadoreñas después de la visita a San Salvador?
- ¿Qué haría falta para que la República de Haití asumiera gradualmente su seguridad, como exige la Resolución 2793?
16. Conclusiones
Primera. La crisis haitiana ha generado, por primera vez desde la MINUSTAH, una arquitectura internacional completa para el combate directo a estructuras criminales, con autorización del Consejo de Seguridad, estatuto jurídico propio y calendario de rendición de cuentas. La Resolución 2793 (2025) y su renovación mediante la Resolución 2829 (2026) institucionalizan la Fuerza de Supresión de Pandillas como el instrumento central hasta el 31 de marzo de 2027[1][3].
Segunda. La intervención salvadoreña de octubre de 2026 introduce un elemento que la arquitectura no contemplaba: un contingente nacional de combate que opera, en su mayor parte, fuera del mando de la fuerza autorizada y sin acuerdo público conocido. Su eficacia operativa contra 400 Mawozo es documentable[15]; su exposición jurídica también[15][17]. La historia de las intervenciones en Haití enseña que la ausencia de reglas claras es la puerta de entrada a los abusos.
Tercera. El modelo salvadoreño exhibe la tensión central del discurso de seguridad de la década: resultados letales mínimos y respaldo mayoritario, junto a costes graves y documentados en garantías fundamentales —decenas de miles de detenciones, cientos de muertes en custodia, el exilio de la principal organización de derechos humanos del país—[25][31][32]. Ninguna evaluación honesta puede usar solo una mitad de esos datos.
Cuarta. El eslabón migratorio es estructural, no accesorio. Las deportaciones desde la República Dominicana —379.553 en 2025—, el fin del TPS para más de doscientos setenta mil haitianos en los Estados Unidos de América y los acuerdos de confinamiento de migrantes con El Salvador forman un solo sistema de gestión migratoria que la crisis armada intensifica[36][37]. La política migratoria dominicana de 2027 se decidirá, en gran parte, en Nueva York, Nairobi, Puerto Príncipe y San Salvador, no solo en Dajabón.
Quinta. Para el observador jurídico, la lección metodológica es mantener la separación entre los tres planos que este artículo ha distinguido: lo que los datos verifican, lo que las instituciones declaran y lo que la evaluación valora. Confundirlos es el modo más económico de equivocarse.
17. Recomendaciones
Las siguientes orientaciones son educativas y generales; ninguna sustituye el consejo profesional individualizado en un caso concreto.
Para migrantes y familias haitianas y binacionales
Conserve documentación de identidad y de vínculos familiares; conozca el estatuto de cada miembro del núcleo familiar en cada país; ante una orden de deportación, exija la identificación de la autoridad actuante y el registro escrito de la decisión; mantenga contacto con las organizaciones de acompañamiento legal disponibles en su territorio.
Para estudiantes y comunicadores
Verifique cada cifra contra su fuente primaria antes de difundirla; distinga entre datos de Gobierno, datos de organismos internacionales y estimaciones de la sociedad civil; feche cada dato, porque en esta materia una cifra de 2025 no describe 2026; cite el documento, no el rumor.
Para empresas e inversionistas
Evalúe la exposición a contrapartes en zonas bajo control de grupos armados; los secuestros extorsivos son la principal fuente de financiamiento de esas estructuras[13]; revise contratos con cláusulas de fuerza mayor y seguridad; consulte las listas de sanciones del Consejo de Seguridad antes de cualquier operación comercial[12].
Para organizaciones de la sociedad civil
Documente con estándares forenses, como demostró el informe sobre Wharf Jérémie[19]; establezcan canales de denuncia seguros para operaciones con múltiples actores armados; exijan la publicación de los acuerdos que gobiernan a cada contingente, como ha hecho Amnesty International[15].
Para decisores públicos dominicanos
Publiquen desagregados trimestrales de las reconducciones migratorias con sus bases jurídicas; fortalezcan la verificación de nacionalidad individual en cada caso; articulen la política fronteriza con programas de protección a víctimas del conflicto, conforme a las obligaciones convencionales del Estado.
Para el lector que quiere profundizar
Comience por las fuentes primarias listadas en los Apéndices C y F: las resoluciones del Consejo de Seguridad, los informes de la BINUH y los comunicados de la Asamblea Legislativa de El Salvador permiten reconstruir por sí mismo cada afirmación de este artículo.
Glosario de términos (50 voces)
Se listan en orden alfabético los términos técnicos empleados en este artículo, con definiciones breves y funcionales. El glosario tiene carácter educativo y no sustituye las definiciones legales formales.
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; documenta violaciones y publica informes sobre Haití y El Salvador.
Grupos organizados con capacidad de violencia que no integran el aparato estatal formal, como pandillas y coaliciones criminales.
Oficina de las Naciones Unidas en Haití; misión política de la Organización que documenta la situación de derechos humanos en el país.
Centro de Confinamiento del Terrorismo, prisión salvadoreña de máxima seguridad donde se alojaron migrantes deportados por acuerdo con los Estados Unidos de América.
Consejo Electoral Provisional de Haití, órgano encargado de organizar las elecciones pendientes desde 2016.
Firma regional de investigación de opinión pública cuyas encuestas miden la aprobación gubernamental en Centroamérica y el Caribe.
Norma que permite al Consejo de Seguridad autorizar medidas coercitivas, incluido el uso de la fuerza, frente a amenazas a la paz internacional.
Órgano del Consejo de Seguridad que administra el régimen de sanciones específico para Haití, incluidas designaciones de personas y grupos.
Empresas privadas que prestan servicios armados o de asesoría militar a Estados u organizaciones, como Vectus Global en Haití.
Aportes obligatorios de los Estados miembros de las Naciones Unidas calculados según una escala; financian la logística de la UNSOH.
Aportes discrecionales de los Estados o donantes; financian los costos de personal de la fuerza y financiaron la MSS.
Organización centroamericana de derechos humanos que documentó los costes del régimen de excepción salvadoreño y se reorganizó desde el exilio en 2025.
Consejo Presidencial de Transición de Haití, órgano colegiado que ejerció parte del poder ejecutivo entre 2024 y el 7 de febrero de 2026.
Medida administrativa por la que un Estado expulsa del territorio a una persona extranjera con presencia irregular.
Conjunto de normas que limita los métodos y medios de la guerra y protege a las personas no combatientes en conflictos armados.
Normas que vinculan a los Estados y les exigen garantizar derechos fundamentales, incluso durante estados de excepción y operaciones militares.
Huida forzada de personas dentro de las fronteras de su propio país, sin cruzar un límite internacional.
Dirección General de Migración de la República Dominicana, autoridad que ejecuta las reconducciones y controla los puestos fronterizos.
Prohibición impuesta por el Consejo de Seguridad de vender, transferir o ingresar armamento a un territorio determinado.
Práctica de trasladar a terceros Estados el control, el confinamiento o las consecuencias de las políticas migratorias del país de destino.
Fuerzas Armadas de Haití, institución militar nacional cuya reconstrucción avanza junto a las operaciones contra las pandillas.
Fuerza internacional autorizada por la Resolución 2793 (2025) para combatir a los grupos armados haitianos en apoyo de la Policía Nacional.
Alianza de pandillas de Puerto Príncipe vinculada a Jimmy Chérizier, integrante central de la coalición Viv Ansanm.
Organización internacional de derechos humanos que documenta detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones en el régimen de excepción salvadoreño.
Situación en la que una población no puede cubrir sus necesidades alimentarias básicas sin asistencia; afecta a la mayoría de la población haitiana.
Dirigente señalado de la pandilla 400 Mawozo, autor de la carta al Secretario General de las Naciones Unidas del 1 de noviembre de 2026.
Conjunto de objetivos, funciones y límites jurídicos que un órgano autorizador asigna a una fuerza o misión.
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, desplegada entre 2004 y 2017; antecedente directo de las misiones actuales.
Misión liderada por Kenia, autorizada por la Resolución 2699 (2023); predecesora de la GSF.
Organización de los Estados Americanos, foro regional que respaldó la creación de la GSF por decisión de sus treinta y dos miembros.
Organización Internacional para las Migraciones, agencia de las Naciones Unidas que asiste a desplazados y migrantes, incluidos los de Haití.
Capacidad reconocida a la GSF, mediante acuerdo con Haití del 27 de julio de 2026, para actuar como sujeto de derechos y obligaciones.
Policía Nacional de Haití, institución nacional con la que las fuerzas internacionales operan de manera conjunta.
Renovación periódica de treinta días que la Asamblea Legislativa de El Salvador aplica al régimen de excepción desde marzo de 2022.
Normas operativas que definen cuándo y cómo un contingente puede emplear coerción letal; su publicación es una exigencia de la sociedad civil.
Proceso de desvinculación y reinserción educativa, familiar y psicosocial de niños y adolescentes reclutados por grupos armados.
Figura constitucional salvadoreña que suspende determinadas garantías procesales, vigente desde el 27 de marzo de 2022 mediante prórrogas mensuales.
Resolución del Consejo de Seguridad que estableció el régimen de sanciones aplicable a Haití.
Resolución que autorizó la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad el 2 de octubre de 2023.
Resolución del 30 de septiembre de 2025 que creó la Fuerza de Supresión de Pandillas y la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití.
Resolución del 29 de septiembre de 2026 que prorrogó el mandato de la GSF hasta el 31 de marzo de 2027.
Obligación de informar, responder y asumir consecuencias por las decisiones y actos de una autoridad o contingente.
Privación ilegal de libertad para obtener un pago; principal fuente de financiamiento de las pandillas haitianas.
Estatus de Protección Temporal, programa de los Estados Unidos de América que protegió a más de 270.000 haitianos hasta su terminación el 7 de agosto de 2026.
Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití, creada en 2025 para proveer logística a la GSF con contribuciones evaluadas.
Empresa privada de contratistas, asociada a Erik Prince, que opera drones junto a una fuerza especial haitiana.
Barrera perimetral construida por la República Dominicana a lo largo de su frontera con Haití, con más de cincuenta kilómetros instalados.
Coalición nacional de pandillas haitianas, designada por el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad el 8 de julio de 2025.
Sector de Cité Soleil y pandilla homónima responsable de la masacre de al menos 207 personas en diciembre de 2024.
Pandilla activa en Croix-des-Bouquets, responsable del secuestro de misioneros en 2021 y objetivo de la operación del 8 de noviembre de 2026.
Apéndices
Apéndice A. Cronología documentada (2022–2027)
| Fecha | Acontecimiento | Fuente |
|---|---|---|
| 27 de marzo de 2022 | Entra en vigencia el régimen de excepción en El Salvador; se renueva mensualmente desde entonces[30] | |
| 2 de octubre de 2023 | Resolución 2699: el Consejo autoriza la MSS por doce meses (13 a favor, 2 abstenciones)[4] | |
| Junio de 2024 | Despliegue inicial de la MSS liderada por Kenia[47] | |
| Febrero–marzo de 2024 | Ofensiva coordinada de las pandillas en Puerto Príncipe; dimisión del jefe de Gobierno[12] | |
| Abril de 2024 | Se forma el Consejo Presidencial de Transición, con mandato hasta el 7 de febrero de 2026[44] | |
| 7 de enero de 2025 | La ONU reporta al menos 5.601 muertos por violencia de pandillas en 2024[20] | |
| Enero de 2025 | Llegan a Haití ocho especialistas de aviación salvadoreños en funciones de apoyo[13] | |
| Febrero de 2025 | Se despliega un contingente de setenta militares salvadoreños; luego unos cien de fuerzas especiales y hasta 450 efectivos, según la prensa[13] | |
| 8 de julio de 2025 | El Comité de Sanciones incluye a Viv Ansanm en su lista[12] | |
| 17 de julio de 2025 | Cristosal suspende operaciones en El Salvador y se reorganiza desde el exilio[32] | |
| 18 de julio de 2025 | Retorno a Venezuela de 252 migrantes deportados, junto a la liberación de diez detenidos estadounidenses[35] | |
| 30 de septiembre de 2025 | Resolución 2793: se crea la Fuerza de Supresión de Pandillas (12 a favor, 3 abstenciones)[3] | |
| 3 de diciembre de 2025 | Joly Germine, exlíder de 400 Mawozo, es condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos de América[45] | |
| 30 de enero de 2026 | BINUH reporta más de 5.915 muertos y 2.708 heridos en 2025[18] | |
| 7 de febrero de 2026 | Concluye el mandato del CPT; el ejecutivo queda en manos del primer ministro Fils-Aimé[44] | |
| Marzo de 2026 | Inicia el retiro de la policía keniana (primer grupo: 215 agentes) con la transición a la GSF[9] | |
| 7 de agosto de 2026 | Termina el TPS para nacionales haitianos en los Estados Unidos de América[36] | |
| 27 de julio de 2026 | Acuerdo Haití–GSF: personalidad jurídica de la Fuerza e inmunidades de su personal[1] | |
| Agosto de 2026 | La Asamblea de El Salvador aprueba la 54ª prórroga del régimen de excepción (57 votos)[24] | |
| 23 de septiembre de 2026 | Se aprueba la 55ª prórroga, vigente del 28 de septiembre al 27 de octubre; el acumulado de detenciones supera las 93.000[23] | |
| 29 de septiembre de 2026 | Resolución 2829: prórroga de la GSF hasta el 31 de marzo de 2027[1][6] | |
| Octubre de 2026 | Se posponen las elecciones previstas para el 13 de diciembre; nuevo calendario: 18 de julio de 2027[43] | |
| 18 de octubre de 2026 | Emboscada en el barrio de Santo (Croix-des-Bouquets); desaparición de cuatro técnicos salvadoreños[13] | |
| 22–29 de octubre de 2026 | Anuncio de la operación de rescate y despliegue de más de 2.000 soldados salvadoreños[14][17] | |
| 1–2 de noviembre de 2026 | Lanmò San Jou envía una carta al Secretario General pidiendo diálogo; la ONU confirma su recepción sin avalar el contenido[16] | |
| 8–10 de noviembre de 2026 | Operación contra el cuartel de 400 Mawozo en Croix-des-Bouquets: al menos 20 muertos; reacción de Amnesty International[15] | |
| 18 de julio de 2027 | Fecha fijada para elecciones presidenciales y legislativas; segunda vuelta y locales el 4 de octubre de 2027[43] | |
| 31 de marzo de 2027 | Vencimiento del mandato vigente de la GSF y la UNSOH[1] |
Apéndice B. Actores principales
| Actor | Naturaleza | Función o papel documentado |
|---|---|---|
| Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) | Fuerza internacional autorizada por el Consejo de Seguridad | Combatir a los grupos armados en apoyo de la PNH; mandato hasta el 31 de marzo de 2027[1] |
| UNSOH | Oficina de apoyo de las Naciones Unidas | Logística de la GSF con contribuciones evaluadas[2] |
| Contingentes contribuyentes | Estados: Chad, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Mongolia, Sri Lanka, entre otros | Personal, equipo y contribuciones en especie[1][8] |
| Despliegue salvadoreño autónomo | Contingente nacional de combate | Operaciones en Croix-des-Bouquets; sin acuerdo público conocido[17] |
| Policía Nacional de Haití (PNH) | Institución estatal haitiana | Fuerza nacional con la que se ejecutan las operaciones conjuntas[15] |
| Fuerzas Armadas de Haití (FAdH) | Institución estatal haitiana | Actor armado estatal en reconstitución[17] |
| Vectus Global | Contratistas privados | Operación de drones junto a una fuerza especial haitiana[17] |
| Viv Ansanm | Coalición de pandillas | Mayor confederación criminal de la región según la prensa; designada por sanciones de la ONU[12][13] |
| 400 Mawozo | Pandilla | Control de Croix-des-Bouquets; secuestros; cuartel destruido en noviembre de 2026[15] |
| Gobierno de transición de Haití | Ejecutivo nacional | Primer ministro Alix Didier Fils-Aimé desde el 7 de febrero de 2026[44] |
| Amnesty International y organizaciones de derechos humanos | Sociedad civil internacional | Exigen publicación del acuerdo de despliegue, reglas de uso de la fuerza e investigaciones independientes[15] |
Apéndice C. Instrumentos normativos y documentos citados
| Instrumento o documento | Contenido relevante | Referencia |
|---|---|---|
| Carta de las Naciones Unidas, Capítulo VII | Base de la autorización coercitiva | un.org/es |
| Resolución 2653 (2022) | Régimen de sanciones para Haití | [12] |
| Resolución 2699 (2023) | Autorización de la MSS | [4] |
| Resolución 2793 (2025) | Creación de la GSF y de la UNSOH | [2][3] |
| Acuerdo Haití–GSF del 27 de julio de 2026 | Personalidad jurídica y privilegios e inmunidades | [1] |
| Resolución 2829 (2026) | Prórroga del mandato hasta el 31 de marzo de 2027 | [1] |
| Decreto 333 (2022) de la Asamblea Legislativa de El Salvador | Declaratoria inicial del régimen de excepción | jurisprudencia.gob.sv |
| Comunicados de la Asamblea Legislativa de El Salvador (2026) | Prórrogas 54 y 55 del régimen de excepción | [23][24] |
| Informes de la BINUH (2024–2026) | Documentación de cifras y atrocidades | [18][19] |
Apéndice D. Cifras clave con su fuente y periodo
| Cifra | Periodo | Fuente |
|---|---|---|
| 379.553 haitianos deportados | Año 2025 | Dirección General de Migración[37] |
| +37,4% frente a 2024 | 2025 sobre 2024 | EFE vía Swissinfo[38] |
| 31.462 deportaciones en un mes | Julio de 2025 | DW[39] |
| ≥ 93.000 detenciones bajo régimen de excepción | 2022–2026 | Balance difundido con la 55ª prórroga[23][25] |
| 427 muertes en custodia | Hasta julio de 2025 | Socorro Jurídico Humanitario vía DW[30] |
| 470 muertes en custodia (31,8% violentas) | Hasta enero de 2026 | Socorro Jurídico Humanitario vía El País[31] |
| Tasa de homicidios: 107 → 1,9 → 1,3 por 100.000 | 2015 → 2024 → 2025 | InSight Crime; Gabinete de Seguridad Ampliado[28][27] |
| 92% de aprobación presidencial; 98% en seguridad | Septiembre–octubre de 2026 | CID Gallup[25][26] |
| ≥ 5.601 muertos por violencia de pandillas | Año 2024 | ACNUDH vía UN News[20] |
| > 5.915 muertos y 2.708 heridos | Año 2025 | BINUH[18] |
| > 5.700 muertos y heridos; > 230 secuestrados | Enero–septiembre de 2026 | ONU vía BBC[13] |
| 1,5 millones de desplazados; ~6 millones (53%) en inseguridad alimentaria | 2026 | ONU vía BBC y The New Humanitarian[13][17] |
| ≥ 207 ejecutados en Wharf Jérémie | 6–11 de diciembre de 2024 | BINUH, informe especial[19] |
| 5.500 efectivos autorizados; ~2.000 desplegados | Octubre de 2026 | BBC[13] |
| +2.000 soldados salvadoreños | 22–28 de octubre de 2026 | The New Humanitarian[17] |
| ≥ 20 muertos en la operación contra 400 Mawozo | 8–10 de noviembre de 2026 | Al Jazeera (AFP/AP/Reuters)[15] |
| 270.000+ beneficiarios afectados por el fin del TPS | Hasta el 7 de agosto de 2026 | International Rescue Committee[36] |
| 7,9% de las atenciones de secundaria del SNS | Primer trimestre de 2025 | Amnesty International[42] |
Apéndice E. Preguntas frecuentes
¿La Fuerza de Supresión de Pandillas es una operación clásica de cascos azules? No exactamente. Está autorizada por el Consejo de Seguridad y cuenta con una Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas para la logística, pero sus costos de personal dependen de contribuciones voluntarias y su dirección estratégica corresponde a un grupo de socios permanente, a diferencia de una operación de paz tradicional financiada con contribuciones evaluadas[2].
¿Por qué desplegó El Salvador más de dos mil soldados? La respuesta directa al despliegue fue la emboscada del 18 de octubre de 2026 y la desaparición de cuatro técnicos de aviación salvadoreños que servían con la GSF[13]. La operación de rescate anunciada el 22 de octubre derivó en una intervención militar sostenida[17].
¿Han aparecido los cuatro técnicos? Al cierre de esta edición (12 de noviembre de 2026) su paradero no ha sido confirmado oficialmente; un dirigente pandillero afirmó en un video que están muertos y se hallaron restos calcinados, pero el Gobierno salvadoreño negó que fueran sus nacionales[13].
¿Qué es el régimen de excepción salvadoreño? Es una figura constitucional que suspende garantías procesales, vigente desde el 27 de marzo de 2022 y renovada mensualmente; en septiembre de 2026 se aprobó su quincuagésima quinta prórroga, con un acumulado superior a las 93.000 detenciones[23].
¿Cuántas personas fueron deportadas desde la República Dominicana en 2025? La Dirección General de Migración reportó 379.553 personas de nacionalidad haitiana con presencia migratoria irregular[37].
¿Cuándo se celebrarán elecciones en Haití? Las presidenciales y legislativas quedaron fijadas para el 18 de julio de 2027, con segunda vuelta y elecciones locales el 4 de octubre de 2027, tras la posposición de las previstas para diciembre de 2026[43].
¿Qué significa que Viv Ansanm esté en la lista de sanciones? Que el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad la incluyó el 8 de julio de 2025 entre los grupos que socavan la paz y la seguridad de Haití, con las medidas conexas que ese régimen prevé[12].
¿Puede un Gobierno negociar con las pandillas? Jurídicamente no está prohibido dialogar, pero toda negociación debe respetar las sanciones vigentes y los deberes de justicia penal. El precedente de noviembre de 2026 —una carta recibida por las Naciones Unidas sin aval de su contenido— muestra la delicadeza del punto[16].
Apéndice F. Recursos para profundizar
- Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas — coberturas de reuniones y documentos: press.un.org
- Oficina de las Naciones Unidas en Haití (BINUH): binuh.unmissions.org
- Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH): unmissions.org
- Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos: ohchr.org
- Security Council Report — análisis mensual: securitycouncilreport.org
- Asamblea Legislativa de El Salvador: asamblea.gob.sv
- Dirección General de Migración de la República Dominicana: migracion.gob.do
- Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América (caso Joly Germine): justice.gov
- InSight Crime — investigación criminal organizada: insightcrime.org
- Amnesty International: amnesty.org · Human Rights Watch: hrw.org · Cristosal: cristosal.org
Referencias
Todas las fuentes fueron consultadas el 12 de noviembre de 2026. La numeración corresponde a las llamadas entre corchetes en el cuerpo del texto.
- Organización de las Naciones Unidas, Cobertura de reuniones SC/16466: «Adopting Resolution 2829 (2026), Security Council Renews Haiti Gang Suppression Force for Six Months», 29 de septiembre de 2026. press.un.org/en/2026/sc16466.doc.htm
- United States Mission to the United Nations, «Explanation of Vote Following the Adoption of a UN Security Council Resolution for a UN Support Office and Gang Suppression Force in Haiti», 30 de septiembre de 2025. usun.usmission.gov
- Security Council Report, «Haiti: Vote on a Draft Resolution Authorising a “Gang Suppression Force” and a UN Support Office», 30 de septiembre de 2025. securitycouncilreport.org
- Organización de las Naciones Unidas, Cobertura de reuniones SC/15432: «Security Council Authorizes Multinational Security Support Mission for Haiti», 2 de octubre de 2023. press.un.org/en/2023/sc15432.doc.htm
- UN News, «UN Security Council approves new “suppression force” for Haiti», 30 de septiembre de 2025. news.un.org/en/story/2025/09/1166006
- UN Support Office in Haiti (UNSOH), «Security Council extends Gang Suppression Force and UNSOH mandates», 29 de septiembre de 2026. unmissions.org
- Center for Strategic and International Studies (CSIS), «The United States Votes to Establish a Haiti Gang Suppression Force. Now What?», 8 de octubre de 2025. csis.org
- Chatham House, «Will the UN vote to sustain Haiti's Gang Suppression Force?», 10 de septiembre de 2026. chathamhouse.org
- Haitian Times, «La misión liderada por Kenia abandona Haití, mientras la transición avanza», 20 de marzo de 2026. haitiantimes.com
- Haitian Times, «Chad to deploy 1,500 troops to Haiti to combat gang violence», 22 de abril de 2026. haitiantimes.com
- HaitiLibre, «Deployment schedule for the Gang Suppression Force (GSF)», 17 de agosto de 2026. haitilibre.com
- Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ficha «VIV ANSANM» (designación del Comité establecido por la Resolución 2653 (2022), 8 de julio de 2025). main.un.org/securitycouncil/en/content/viv-ansanm
- BBC Mundo, «5 claves de la crisis por los militares de El Salvador en Haití», 27 de octubre de 2026. bbc.com/mundo
- BBC Mundo, «Bukele envía un contingente a Haití para ayudar a liberar a sus soldados», 23 de octubre de 2026. bbc.com/mundo
- Al Jazeera (con AFP, AP y Reuters), «Salvadoran troops target Haitian gang, leaving 20 dead», 10 de noviembre de 2026. aljazeera.com
- Associated Press vía El Sol de Yakima, «Líder de pandilla haitiana dice a la AP que escribió a la ONU para pedir diálogo», 2 de noviembre de 2026. elsoldeyakima.com
- The New Humanitarian (con Ayibopost), «Haiti in-depth: What Bukele's intervention means for the security crisis», 11 de noviembre de 2026. thenewhumanitarian.org
- BINUH / ACNUDH, comunicado «Haití: la situación de derechos humanos sigue siendo extremadamente preocupante», 30 de enero de 2026. binuh.unmissions.org
- BINUH, «Flash Report: December 6 and 7 massacre in Wharf Jérémie», 23 de diciembre de 2024. binuh.unmissions.org (PDF)
- UN News, «More than 5,600 killed in Haiti gang violence in 2024», 7 de enero de 2025. news.un.org/en/story/2025/01/1158781
- Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, «Restoring dignity: a global call to end the violence in Haiti», 7 de abril de 2025. ohchr.org
- Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, «Gangs expand reach in Haiti amid persistent deadly violence — UN Human Rights», 24 de marzo de 2026. ohchr.org
- Asamblea Legislativa de El Salvador, «Pleno aprueba prórroga del régimen de excepción» (55ª prórroga), 23 de septiembre de 2026. asamblea.gob.sv
- Asamblea Legislativa de El Salvador, «Régimen de excepción continúa posicionando al país» (54ª prórroga), 26 de agosto de 2026. asamblea.gob.sv
- Diario El Mundo (El Salvador), «Bukele alcanza 92% de aprobación, según CID Gallup», 14 de octubre de 2026. diario.elmundo.sv
- Radio YSKL, «CID Gallup: 92% de salvadoreños aprueba la gestión presidencial de Bukele; 98% evalúa favorablemente su trabajo en seguridad», 15 de octubre de 2026. radioyskl.com
- Diario El Salvador, «El Salvador es el país con la tasa más baja de homicidios en Latinoamérica», 9 de febrero de 2026. diarioelsalvador.com
- InSight Crime, «¿Cómo han evolucionado las tasas de homicidios en la región en la última década?», 24 de abril de 2025. insightcrime.org
- Human Rights Watch, «Informe Mundial 2025 — capítulo El Salvador». hrw.org
- Deutsche Welle, «El Salvador: 427 muertes en prisión bajo estado de excepción», 15 de julio de 2025. dw.com
- El País, «Pastores, sindicalistas y menores, entre los 470 muertos en prisiones bajo el régimen de Bukele», 30 de enero de 2026. elpais.com
- BBC Mundo, «“Opinar puede costar la cárcel”: Cristosal, la mayor ONG de derechos humanos de El Salvador, abandona el país», 17 de julio de 2025. bbc.com/mundo
- El País, «Documentos judiciales confirman que Trump pagó 4,7 millones a El Salvador por recibir deportados», 9 de septiembre de 2025. elpais.com
- CNN en Español, «¿Qué ganan El Salvador y Bukele recibiendo deportados de EE. UU.?», 20 de marzo de 2025. cnnespanol.cnn.com
- BBC Mundo, «Bukele devuelve a Caracas a los migrantes deportados por EE. UU. a El Salvador a cambio de la liberación de 10 estadounidenses», 18 de julio de 2025. bbc.com/mundo
- International Rescue Committee, «Haiti's gang violence crisis: What to know and how to help», 9 de septiembre de 2026. rescue.org
- Dirección General de Migración (República Dominicana), «DGM deportó 379.553 extranjeros irregulares en 2025 y procesó 20,4 millones de documentos de viajeros», 14 de enero de 2026. migracion.gob.do
- Swissinfo (EFE), «República Dominicana deportó más de 370.000 haitianos en 2025, un 37,4% más que en 2024», 14 de enero de 2026. swissinfo.ch
- Deutsche Welle, «Dominicana deporta un promedio de 30.000 haitianos por mes», 6 de agosto de 2025. dw.com
- Deutsche Welle, «Dominicana ampliará verja en la frontera con Haití», 10 de junio de 2026. dw.com
- Spectrum Noticias, «República Dominicana construye nuevo muro en la frontera con Haití para frenar contrabando», 6 de septiembre de 2026. spectrumnoticias.com
- Amnesty International, «República Dominicana: los datos desmienten el mito — las personas migrantes no saturan el sistema de salud», 12 de noviembre de 2025. amnesty.org
- Xinhua, «Haiti delays presidential election to July 2027», 29 de octubre de 2026. english.news.cn
- Rio Times, «Haiti Election Delayed to 18 July 2027», 30 de octubre de 2026. riotimesonline.com
- U.S. Department of Justice (USAO, Distrito de Columbia), «“King” of Violent Haitian Gang Sentenced to Life in Prison for Hostage Taking of 16 American Christian Missionaries», 3 de diciembre de 2025. justice.gov
- UN News, «Over 207 executed in Port-au-Prince massacre: UN report», 23 de diciembre de 2024. news.un.org/en/story/2024/12/1158506
- Security Council Report, «Haiti — Monthly Forecast, septiembre de 2026», 1 de septiembre de 2026. securitycouncilreport.org
- UN News, «Security Council LIVE: Deadly gang attacks spike in Haiti», 28 de agosto de 2026. news.un.org/en/story/2026/08/1168222
- UN News, «Human rights situation in Haiti remains “very alarming”, UN reports», 4 de febrero de 2025. news.un.org/en/story/2025/02/1159791
- Security Council Report, «Haiti: Vote on a Draft Resolution Extending the Mandate of the Gang Suppression Force and UN Support Office», 28 de septiembre de 2026. securitycouncilreport.org
- Reuters, «Chad plans to send 800 security personnel to Haiti, official says», 20 de marzo de 2026. reuters.com
- New Vision (Uganda), «Chad to send 750 security personnel to fight Haiti gangs», noviembre de 2026. newvision.co.ug
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