lunes, 16 de febrero de 2026

"SENASA, Nueva EPS, UNOPS, ANDIS, NHS, Medicare…Por José Ramon Ramírez Sánchez.

 

"SENASA, Nueva EPS, UNOPS, ANDIS, NHS, Medicare… el mapa global del saqueo que roba vidas mientras los poderosos hablan de transparencia (2024-2026)"

Reportaje de investigación digital

Por José Ramon Ramírez Sánchez

"El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente." — Lord Acton, historiador británico (1834-1902)

Esta célebre frase, pronunciada en 1887, resuena con especial fuerza en el sector salud, donde el control de recursos vitales como presupuestos millonarios, contratos de medicamentos y licitaciones de equipos convierte a funcionarios en custodios de vidas humanas, pero también en tentados por el poder económico.

Definición de Corrupción en el Sector Salud

La corrupción en salud se define como el abuso de poder público o privado para obtener beneficios personales, desviando recursos destinados a la atención médica. Según estimaciones históricas y recurrentes de Transparencia Internacional y organizaciones relacionadas, este fenómeno representa aproximadamente el 6-7% del gasto global en salud, lo que equivale a cientos de miles de millones de dólares anuales desviados de un gasto mundial en salud que supera los 7-10 billones de dólares (dependiendo de las actualizaciones anuales de la OMS y fuentes afines).



"La corrupción mata más que las guerras y el hambre juntas." — Kofi Annan, exsecretario general de la ONU (1938-2018)

Esta afirmación subraya el impacto letal directo: fondos desviados significan hospitales sin equipo, medicamentos falsos o inexistentes, y pacientes sin atención oportuna, exacerbando mortalidad evitable.

Vocablos y Términos Clave

  • Soborno (cohecho): Pago ilícito a un funcionario para influir en una decisión (ej. adjudicación de contratos de suministros médicos).
  • Desfalco: Sustracción directa de fondos públicos asignados a salud.
  • Peculado: Malversación de caudales o bienes públicos en el ámbito sanitario.
  • Estafa al Estado: Facturación de servicios, pruebas o medicamentos no prestados o entregados.
  • Lavado de activos: Ocultamiento de ganancias ilícitas provenientes de contratos fraudulentos en salud.
  • Conflicto de intereses: Cuando un funcionario o proveedor privado beneficia a empresas relacionadas (ej. familiares o socios en farmacéuticas).

Conceptos Esenciales

  • Captura del Estado: Cuando élites privadas (proveedores farmacéuticos, aseguradoras o prestadores) controlan o influyen decisivamente en instituciones públicas de salud para favorecer sus intereses.
  • Corrupción sistémica: Arraigada en normas culturales, debilidad institucional y falta de controles, común en regiones con alta percepción de corrupción.
  • Geopolítica de la Corrupción: En países en desarrollo, desvíos de ayuda internacional (ej. fondos de USAID, OMS o bancos multilaterales para salud) afectan alianzas globales, agravan desigualdades y pueden exacerbar migración forzada y tensiones regionales por colapso de servicios básicos.

En 2025, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional mostró un deterioro global histórico: el promedio mundial descendió por primera vez en más de una década a 42 sobre 100 (el nivel más bajo registrado en años recientes). Latinoamérica promedió exactamente 42 puntos, lo que indica alta corrupción percibida (puntuaciones bajo 50 señalan problemas graves). Países con mejores sistemas de salud esenciales tienden a tener puntuaciones IPC más altas (60-80+), mientras que bajos puntajes correlacionan con menor cobertura y calidad sanitaria.

El IPC 2025 vincula explícitamente corrupción con deterioro en servicios de salud: naciones con puntuaciones altas ofrecen mejor acceso y calidad en atención esencial (según datos cruzados con el Índice de Cobertura Universal de Salud de la OMS). En contraste, regiones con IPC bajo sufren subfinanciamiento crónico, hospitales inseguros y desvío de recursos vitales.

Este análisis se centra estrictamente en el marco conceptual, definiciones y contexto global actualizado al período 2024-2026, destacando cómo la corrupción —tanto pública como privada— sigue siendo un factor estructural que erosiona el derecho a la salud en todo el mundo.

 

Casos Similares de Escándalos Verídicos por Países y Regiones

Estos ejemplos ilustran patrones globales: sobreprecios en medicamentos (30-50%) y contratos inflados, que desvían miles de millones de recursos vitales, según datos de Transparencia Internacional y la OMS (2025). La corrupción en salud no respeta fronteras: en países ricos, se manifiesta en fraudes sofisticados (telemedicina, facturación fantasma, esquemas transnacionales); en emergentes, en colusión, nepotismo, desvío directo de fondos públicos y favoritismo en licitaciones, agravando desabasto y mortalidad evitable.

"La salud no es un negocio, es un derecho." — Bernie Sanders, senador estadounidense (1941-)

Esta frase, repetida en el Senado de EE.UU. en 2025 durante debates sobre Medicare, captura la esencia de cómo la corrupción transforma el cuidado médico en una industria lucrativa, priorizando ganancias sobre vidas humanas.

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Estados Unidos (EE.UU.) Toma de Control 2025 contra Fraude en Salud (National Health Care Fraud Takedown): La mayor operación coordinada en la historia del Departamento de Justicia (DOJ), anunciada el 30 de junio de 2025. Resultó en cargos criminales contra 324 imputados (incluyendo 96 médicos, enfermeras practicantes, farmacéuticos y otros profesionales licenciados) en 50 distritos federales y con participación de 12 oficinas de Fiscales Generales estatales. Las pérdidas alegadas superaron los 14.6 mil millones de dólares en reclamos fraudulentos intencionales —más del doble del récord anterior de 6 mil millones—. Involucró múltiples esquemas: fraude en telemedicina, pruebas genéticas innecesarias, cuidado de heridas fraudulento, equipo médico durable (como catéteres urinarios falsos), desvío ilegal de opioides (más de 15 millones de pastillas controladas) y lavado de activos vía criptomonedas y empresas fantasma. El gobierno incautó más de 245 millones de dólares en efectivo, vehículos de lujo, criptomonedas y otros activos.

"La corrupción en salud es un robo a los vulnerables." — Merrick Garland, Fiscal General de EE.UU. (2025)

Nota Histórica: Esta operación, la más grande en la historia del DOJ para fraude en salud, duplicó récords previos y coincidió con el lanzamiento de un nuevo Health Care Fraud Data Fusion Center para mejorar detección mediante análisis de datos. La mayoría de los esquemas explotaron programas como Medicare y Medicaid, dirigidos a ancianos y discapacitados.

Aplicaciones en la Vida Real Pacientes de Medicare/Medicaid recibieron facturas fantasma o tratamientos innecesarios; muchos esquemas usaron telemarketing engañoso para captar beneficiarios vulnerables, sometiendo reclamos fraudulentos sin servicios reales. El impacto: miles de millones desviados de fondos públicos, aumentando costos para contribuyentes y reduciendo recursos para atención legítima.

Ejemplo Práctico Destacado: Operation Gold Rush (el mayor componente individual) Una organización criminal transnacional (con vínculos extranjeros) compró docenas de compañías de suministros médicos en EE.UU. usando "propietarios de paja" (straw owners). Explotaron identidades robadas de más de 1 millón de estadounidenses (en todos los 50 estados) para facturar 10.6 mil millones de dólares en reclamos fraudulentos a Medicare por catéteres urinarios y otros equipos médicos duraderos (más de 1 billón de catéteres alegados). Usaron tácticas para evadir controles anti-lavado y transferir fondos a cripto y empresas en el extranjero. El DOJ detectó la facturación anómala vía análisis proactivo de datos; HHS y CMS bloquearon pagos por ~4.41 mil millones de dólares (solo ~41 millones fueron pagados, más ~900 millones de seguros suplementarios). Arrestos incluyeron 19 individuos (4 en Estonia, 7 en fronteras EE.UU.), con incautaciones de ~27.7 millones en proceeds.

Otro Ejemplo Práctico: Fraude en Telemedicina (Florida y otros distritos)

En el Distrito Sur de Florida y otros, ~49 imputados en esquemas de telemedicina y pruebas genéticas facturaron más de 1.17 mil millones de dólares fraudulentos. Ejemplo: una red en Florida usó campañas de telemarketing engañosas para targeting beneficiarios, facturando equipo médico durable y pruebas genéticas innecesarias. En casos específicos, médicos firmaron prescripciones sin examinar pacientes, inflando reclamos (uno reportado en ~32.5 millones de dólares en reclamos inflados). En total, Florida vio múltiples casos dentro de los 324 imputados nacionales.

El DOJ enfatizó el uso de análisis de datos proactivo por su Health Care Fraud Unit para detectar anomalías tempranas, previniendo pagos masivos. Incluyó también fraude en wound care (grafts innecesarios por ~1.2 mil millones) y desvío de opioides.

Esta takedown involucró cooperación sin precedentes entre agencias federales (DOJ, HHS-OIG, FBI, DEA, IRS-CI), CMS y fiscales estatales, destacando la escala transnacional (arrestos internacionales) y el rol creciente de criptomonedas en lavado de proceeds de fraude en salud.

Gráfico: Fraudes en Salud EE.UU. 2025 (Representación conceptual basada en datos oficiales del DOJ: Pérdidas alegadas totales 14.6B USD, con Operation Gold Rush como el mayor caso individual a 10.6B en catéteres; incautaciones 245M USD).

Este caso ilustra cómo la corrupción en salud en EE.UU. evoluciona hacia esquemas sofisticados y transfronterizos, explotando vulnerabilidades digitales y datos personales, con un impacto devastador en la sostenibilidad de programas públicos como Medicare y Medicaid.

 

Canadá Percepción de corrupción baja (IPC 75/100 en 2025), según el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de Transparencia Internacional, que posiciona a Canadá en el puesto 16 de 182 países (sin cambio respecto a 2024). Esto refleja una percepción sólida de integridad en el sector público, aunque el índice global cayó a su nivel más bajo en décadas (promedio 42/100). Canadá mantiene uno de los puntajes más altos del mundo, destacando controles institucionales fuertes, pero no inmune a problemas locales.

"El poder corrompe cuando el sistema de salud se privatiza sin controles." — Jagmeet Singh, líder del NDP (2025)

Esta frase surgió en debates federales y provinciales de 2025, criticando la expansión de proveedores privados en salud pública, especialmente en Alberta, donde se alegó que la privatización parcial ocultaba conflictos de intereses y sobreprecios, erosionando la equidad del sistema universal.

Crisis crónica en listas de espera

Según el informe Waiting Your Turn 2025 del Fraser Institute (diciembre 2025), el tiempo mediano de espera nacional desde la derivación de un médico de familia hasta el tratamiento fue de 28.6 semanas (segundo más largo registrado, aunque bajó de 30.0 semanas en 2024). Esto representa un aumento del 208% desde las 9.3 semanas de 1993. El desglose:

  • Derivación a consulta con especialista: 15.3 semanas.
  • Consulta a tratamiento: 13.3 semanas. Especialidades con peores esperas: neurocirugía (49.9 semanas), cirugía ortopédica (48.6 semanas). Provincias con mayores demoras: New Brunswick (60.9 semanas), Prince Edward Island (49.7 semanas), Nova Scotia (49.0 semanas). Ontario tuvo la menor (19.2 semanas). Se estimaron 1.4 millones de procedimientos pendientes en 2025.

Sobrecostos en fármacos

Patentes y precios regulados generan sobrecostos de hasta 40% en medicamentos comparados con genéricos o compras públicas masivas. Esto agrava la crisis de accesibilidad, aunque no siempre ligado directamente a corrupción.

Escándalos "menores" escalados con el "CorruptCare" en Alberta (2025)

El principal caso en 2025 fue el escándalo "CorruptCare" en Alberta, centrado en presiones políticas para contratos privados de cirugía y adquisiciones. Inició con el despido de la CEO de Alberta Health Services (AHS), Athana Mentzelopoulos (enero 2025), quien demandó por despido injusto alegando que fue removida por investigar interferencias políticas y conflictos de intereses en contratos multimillonarios.

Desglose clave:

  • Contratos de cirugía privada (Alberta Surgical Initiative): El gobierno UCP presionó para expandir cirugías en centros privados (chartered surgical facilities). Documentos mostraron que Alberta Surgical Group cobraba $8,300 por reemplazo de cadera (vs. ~$4,044 en hospitales públicos), $8,510 por rodilla y $11,243 por hombro —más del doble en algunos casos—. Contratos se pausaron temporalmente en febrero 2025 por alegatos de sobreprecios y favoritismo.
  • Contrato de medicinas infantiles (MHCare Medical Corp.): ~$70 millones para analgésicos pediátricos (de Turquía); solo ~1/3 entregado, con ~$50 millones en pagos dudosos sin productos recibidos. Involucró a empresario Sam Mraiche, con vínculos a funcionarios de compras y figuras políticas.
  • Investigación de exjuez Raymond Wyant (nombrado en marzo 2025): Informe final (octubre 2025) encontró conflictos de intereses "reales o percibidos" ampliamente conocidos en AHS (empleados como Jitendra Prasad y Blayne Iskiw), incumplimiento de políticas de procurement y falta de acción de altos funcionarios. No halló evidencia de interferencia indebida por Premier Danielle Smith o ministros, pero limitaciones en el alcance (no acceso pleno a testigos clave). Recomendó 18 mejoras en procesos. Investigaciones paralelas: RCMP y Auditor General (pendientes en 2026).
  • Impacto: Contratos en limbo, extensiones controvertidas (ej. $34 millones con ASG en 2025), llamados del NDP a indagatoria pública completa. Críticos ven privatización como vía para corrupción oculta.

Canadá lidera en IPC global, pero el escándalo Alberta expuso cómo la "eficiencia privada" en salud pública puede ocultar conflictos y sobreprecios en provincias con alta autonomía. Wyant confirmó conflictos conocidos pero no abordados, destacando debilidades sistémicas pese a bajo IPC nacional.

El CPI 2025 de Canadá (75/100) refleja percepción positiva, pero casos provinciales como CorruptCare ilustran que corrupción en salud surge en privatizaciones parciales sin controles estrictos, afectando equidad y confianza pública.

Ejemplo Práctico:

Un paciente en Alberta esperando cirugía de cadera pública (~$4,000 costo real) ve fondos desviados a privados (~$8,300+), prolongando listas y cuestionando si la expansión privada reduce esperas o beneficia intereses privados.

Este caso resalta que, aunque Canadá tiene baja corrupción percibida, tensiones en privatización provincial generan escándalos que erosionan el sistema universal de salud.

 

Sudamérica y Latinoamérica (General)

Nota Importante:

Estos ejemplos ilustran patrones globales: sobreprecios en medicamentos (30-50%) y contratos inflados, que desvían miles de millones de recursos vitales, según datos de Transparencia Internacional y la OMS (2025). La corrupción en salud no respeta fronteras: en países ricos, se manifiesta en fraudes sofisticados (telemedicina, facturación fantasma, esquemas transnacionales); en emergentes, en colusión, nepotismo, desvío directo de fondos públicos y favoritismo en licitaciones, agravando desabasto y mortalidad evitable.

"En Latinoamérica, la corrupción en salud mata más que el crimen organizado." — José Miguel Vivanco, exdirector de Human Rights Watch (reflexión 2025)

Esta afirmación, emitida durante un análisis regional de HRW en 2025, resalta cómo el desvío de fondos en salud —desde EPS en Colombia hasta compras COVID en Perú— genera un "costo en vidas" que supera el impacto directo de la violencia narco, con impactos en mortalidad infantil y crónica.

Contexto Regional (IPC 2025):

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional muestra un promedio de 42/100 para las Américas (sin avances desde 2012), con 12 países empeorando. Países con puntuaciones bajas: Venezuela (10), Nicaragua (14), Haití (16); mejores: Uruguay (73), Chile (63). En salud, el IPC correlaciona con colapso de EPS, desabastecimiento y riesgos para vulnerables (ej. discapacidad en Argentina).

 

Brasil

Pérdidas anuales de 26 mil millones de reales (aprox. 4.6 mil millones USD) en salud por fraude, según el Instituto Ética Saúde (IES) (noviembre 2025). Esta estimativa representa el 2.3% del gasto total en salud (público y privado), equivalente a aproximadamente el 0.3% del PIB brasileño. El valor es un 79% mayor que en 2019 (cuando se estimaba R$ 14.5 mil millones), lo que refleja un aumento significativo en desvíos pese al crecimiento del gasto sectorial.

"La corrupción en salud es un cáncer que el sistema no puede tolerar." — Eduardo Winston, presidente del IES (2025)

El IES agrupa a más de 20 entidades del sector (industria de productos médico-hospitalarios, hospitales, laboratorios, entidades médicas, planes de salud y farmacéuticas), con apoyo de órganos reguladores gubernamentales. Sus datos se cruzan con la Controladoria-Geral da União (CGU) y muestran que al menos el 2.3% de los recursos no llega a los pacientes debido a corrupción pública-privada, fraudes y acciones ilícitas. El IES lanzó en 2025 el Radar da Ética, una herramienta de monitoreo continuo de casos públicos (inquérios, ações cíveis y criminais) para fortalecer la integridad en salud.

Fraudes incluyen compras públicas manipuladas, desvíos de medicamentos y sobornos en licitações. Prácticas comunes:

  • Fraudes en licitações (empresas de fachada con propuestas manipuladas).
  • Desvíos y superfaturamento de insumos.
  • Produtos falsificados o de baja calidad.
  • Pagamentos de propinas disfrazados de descuentos o patrocínios indebidos.
  • Falsificación de prontuários y exames para justificar gastos inexistentes.
  • Cobrança por servicios gratuitos del SUS o planes privados.
  • Incentivos a reesterilización de productos de uso único y fraudes en registros Anvisa.

Escándalos en INSS (desfalco de 1.1 mil millones USD en deducciones ilegales): En abril 2025, la Operación "Sem Desconto" (o "Sin Descuento") de la Policía Federal (PF) y la CGU reveló un esquema masivo de descontos não autorizados en beneficios de aposentados y pensionistas del INSS entre 2019 y 2024 (con raíces desde 2016).

  • Valor desviado: Inicialmente estimado en R$ 6.3 mil millones (aprox. 1.1 mil millones USD), con actualizaciones que elevan el total a cerca de R$ 8 mil millones en el período extendido.
  • Afetados: Más de 6 millones de jubilados (de ~40 millones totales), con descuentos mensuales no autorizados (hasta R$ 81.57/mês) disfrazados de cuotas associativas o sindicales.
  • Mecanismos: Entidades (asociaciones y sindicatos) firmaban Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) con el INSS para descontos directos en folha de pagamento, pero sin autorización explícita de los beneficiarios. Auditoría CGU: 97-98% de los entrevistados no autorizaron los descuentos; 70% de las 29 entidades analizadas no entregaron documentación completa.
  • Implicados: 11 sindicatos y asociaciones; entorno político (incluyendo vínculos con el hermano del presidente Lula en directorios); servidores públicos.
  • Consecuencias:
    • Afastamiento y posterior prisión del presidente del INSS, Alessandro Stefanutto (julio 2023-abril 2025), acusado de facilitar el esquema (propinas mensuales de R$ 250 mil reportadas en fases posteriores).
    • Destituciones: Stefanutto y 5 directivos; bloqueo de R$ 2.8 mil millones en activos; devolución de más de R$ 1.084 mil millones a ~1.6 millones de beneficiarios hasta agosto 2025.
    • Fases posteriores (noviembre-diciembre 2025): Prisiones adicionales, mandados de busca en 8 estados, foco en lavado de dinero y blindagem patrimonial.

EPS (colusión en contratos):

Fraudes en operadoras de planes de salud (EPS) y entidades públicas/privadas: colusión en compras de insumos, produtos falsos, sobreprecios y fraudes en cobranças (ej. troca de material efetivamente comercializado). El IES destaca que la corrupción público-privada drena recursos que podrían salvar vidas en el SUS (Sistema Único de Saúde), con impacto en seguridad del paciente (falsificação de produtos, informalidade en comodato/consignação).

Ejemplo Práctico:

En el INSS, un jubilado con beneficio de R$ 1.412 recibía descuentos mensuales de R$ 50-80 por "cuotas associativas" sin consentimiento; multiplicado por millones, generó desvíos masivos. En EPS, empresas superfaturaban insumos (ej. medicamentos o equipos) en contratos con hospitales públicos, desviando fondos que podrían haber cubierto tratamientos oncológicos o emergencias.

Ejercicio Práctico Escenario:

Un auditor del IES detecta sobreprecios del 40% en licitação de insumos para el SUS (ej. jeringas facturadas a R$ 10 vs. mercado R$ 6). Preguntas para Resolver:

  1. Identifique el tipo de corrupción: Colusión + soborno + fraude en licitações.
  2. Proponga 3 medidas preventivas: Plataforma blockchain para trazabilidad de compras; auditorías independientes cruzadas con CGU; canal de denúncia anónima con recompensas (como el del IES).
  3. ¿Cómo afecta geopolíticamente? Erosiona confianza en inversión extranjera en salud (farmacéuticas multinacionales) y desvía ayuda internacional (OMS, Banco Mundial), agravando desigualdades regionales en América Latina.

El aumento del 79% en pérdidas (2019-2025) coincide con la pandemia COVID-19, cuando se flexibilizaron controles en compras de emergencia, facilitando fraudes en ventiladores, mascarillas y medicamentos.

En 2025-2026, Brasil mantiene estancamiento en IPC (35/100, puesto 107 global), pero iniciativas como el Radar da Ética del IES y operaciones PF/CGU muestran avances en detección. La corrupción en salud no solo drena recursos: compromete vidas, mina confianza y perpetúa un ciclo de ineficiencia en el mayor sistema público de salud del mundo (SUS atiende a ~150 millones de personas).

 

Colombia

Deuda de EPS por 32 billones de pesos (aprox. 7.5 mil millones USD):

Según el Ministerio de Salud y la Contraloría General de la República (julio 2025), al menos 29 EPS (del régimen contributivo y subsidiado) acumularon una deuda de $32.9 billones con hospitales y clínicas (IPS), evidenciando un colapso financiero del modelo de intermediación. Esta deuda se agravó en 2025, pasando de $20.3 billones (junio) a $24 billones en algunos reportes parciales, con morosidad del 56%. Las EPS intervenidas (como Nueva EPS y Coosalud) concentran la mayor parte de embargos y deudas, pese a que el gobierno afirma que intervenciones redujeron pasivos en algunos casos (14% en intervenidas).

Colapso del modelo de intermediación: Nueva EPS (11 millones de afiliados)

Intervenida en abril 2024 por la Superintendencia de Salud, la Nueva EPS (la mayor del país, ~11 millones de afiliados) ocultó facturas por más de 5 billones de pesos (2019-2023), según Fiscalía y Contraloría. Auditorías revelaron 3.419.015 facturas no registradas, permitiendo aparentar solvencia (quinta empresa por ingresos en 2023).

  • Deuda neta y evolución: Pasó de $5.42 billones (diciembre 2022) a $21.37 billones (marzo 2025), un aumento del 198-294%. Patrimonio negativo: de positivo en 2022 a -$6.7 billones (2024) y pérdidas acumuladas de $11.5 billones (hasta 2025). Proyecciones: $26.3 billones al cierre 2025 si continúa la tendencia.
  • Fiscalía: Desvío de 70.563 millones de pesos (~18 millones USD) para "maquillar" balances y sostener utilidades ficticias (91.490 millones reportados artificiales). Acusados: expresidente José Fernando Cardona y tres exdirectivos por peculado, fraude procesal, falsedad en documento privado y omisión de control (imputación 2025, acusación formal febrero 2026). Audios confirman ocultamiento sistemático.
  • Pagos anticipados sin respaldo: Facturas de hospitales por ~5.5 billones no registradas permitieron pagos anticipados de hasta 83.3 billones sin respaldo contable real.

"El sistema de salud colombiano es una maquinaria de saqueo legalizada." — Procuraduría General de la Nación (septiembre-diciembre 2025)

Esta frase surge en informes y alertas de la Procuraduría (2025) sobre deterioro en EPS intervenidas, donde siniestralidad supera 100% (ej. Coosalud: 115% en 2025), gastando más de lo recibido y agravando crisis post-intervención.

Corrupción en medicamentos (25% de casos):

Según Transparencia por Colombia (Monitor Ciudadano de la Corrupción 2016-2020, con actualizaciones y contexto 2025), el 25% de hechos de corrupción en salud involucra irregularidades en suministro de medicamentos: sobrecostos, beneficiarios fantasmas, cobros por no entregados, tráfico y falsificación. El IPC 2025 de Colombia cayó a 37/100 (puesto 99/182), deterioro persistente por estancamiento institucional y escándalos en salud.

Tutelas por falta de medicamentos:

  • Tutelas en salud: 33.85% del total en 2025 (segundo derecho más invocado). De 1.003.147 tutelas salud (2020-agosto 2025), 36.82% relacionadas con entrega inoportuna de medicamentos/insumos.
  • Defensoría del Pueblo (corte septiembre 2025): 584 medicamentos no entregados; 90% de encuestados en dispensación no recibieron o recibieron con demoras (encuesta 3.449 personas). Defensoría acompañó/interpuso 18.451 tutelas (enero-agosto 2025), 24% por negación/acceso a medicamentos esenciales.
  • Supersalud: ~685.000 reclamos por medicamentos (2024-julio 2025); promedio 1.600 diarios. Quejas totales subieron 34.2% (2024-2025).
  • Proyecciones: Sistema cerraría 2025 con >320.000 tutelas y >2 millones de PQR (peticiones, quejas, reclamos), récord histórico, mayoritariamente por falta de medicamentos.

Nueva EPS pasó de aparentar solvencia (quinta empresa por ingresos pre-intervención) a déficit masivo al destaparse pasivos ocultos. Intervención Petro (2024) reveló que el problema era acumulado desde 2019-2023 (gobiernos anteriores), pero deuda se triplicó post-intervención según Contraloría, generando debate sobre si ocultamiento previo o gestión actual agravó la crisis.

Ejemplo Práctico:

En Nueva EPS, facturas de hospitales por 5.5 billones no se registraron (millones de servicios prestados pero no anotados), permitiendo pagos anticipados de 83.3 billones sin respaldo contable. Esto "maquilló" balances, evitó intervención temprana y generó utilidades ficticias, mientras pacientes esperaban medicamentos o tratamientos. Resultado: deuda explosiva, tutelas masivas y riesgo para 11 millones de afiliados.

Cifras varían por fuente (Contraloría vs. gobierno): deuda bruta ~21-26 billones en Nueva EPS (2025), neta menor al restar anticipos. Fiscalía enfoca peculado en ~70.563 millones desviados directamente. Impacto: colapso financiero amenaza sostenibilidad del sistema, con >131.000 tutelas proyectadas y deterioro en EPS intervenidas (Procuraduría diciembre 2025).

La crisis de Nueva EPS y EPS en general ilustra corrupción sistémica: ocultamiento de pasivos para simular solvencia, desvío para beneficios privados y colapso que afecta mortalidad evitable. En 2025-2026, urge transparencia digital en facturación y auditorías independientes para romper el ciclo

 

Argentina

IPC bajó a 36/100 (Transparencia Internacional 2025; cayó 5 puestos al 104 global, 1 punto menos que 2024). Según el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) 2025 publicado por Transparencia Internacional en febrero 2026, Argentina obtuvo 36 puntos sobre 100 (donde 0 es altamente corrupto y 100 muy limpio), un retroceso de 1 punto respecto a los 37 de 2024. Esto la ubicó en el puesto 104 de 182 países, cayendo 5 posiciones desde el 99 anterior. Es el peor puntaje desde 2019 y el más bajo en los últimos 5 años, durante el gobierno de Javier Milei (asumió diciembre 2023). El promedio regional de las Américas fue 42/100, con Argentina por debajo y lejos de líderes como Uruguay (73) o Canadá (75). Factores citados: ausencia de políticas anticorrupción, estancamiento institucional y escándalos como el de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el caso $LIBRA, que erosionaron la percepción de integridad.

"Nada se hizo para prevenir y sancionar la corrupción." — Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano (capítulo argentino de Transparencia Internacional, febrero 2026)

La frase de Secchi se emitió en el comunicado oficial de Poder Ciudadano tras el lanzamiento del CPI 2025, destacando la "deuda pendiente" en políticas anticorrupción bajo Milei. Añadió que casos como $LIBRA (criptoestafa promocionada por el presidente) y ANDIS "no generaron respuesta contundente", agravando la percepción de impunidad.

Irregularidades en fondos para discapacidad (sobreprecios en prótesis) y hospitales públicos:

El principal escándalo en salud/discapacidad fue la Causa por presuntas coimas en la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), iniciada en agosto 2025 tras filtración de audios atribuidos al exdirector Diego Spagnuolo (abogado cercano a Milei, designado en 2023). Los audios describían un esquema de sobornos, sobreprecios y retornos en compras de medicamentos de alto costo para personas con discapacidad, bajo el Programa Federal Incluir Salud.

Desglose clave del escándalo ANDIS:

  • Procesamiento (febrero 2026): El juez federal Sebastián Casanello procesó a Spagnuolo y otras 18-19 personas (exfuncionarios, empresarios de droguerías como Suizo Argentina) por asociación ilícita, negociaciones incompatibles, fraude al Estado, coimas y lavado. Sin prisión preventiva inicial.
  • Sobreprecios detectados: Hasta 1.960% en medicamentos y prótesis (ej. fármacos con márgenes extremos); Justicia estimó desvíos de $6.000 millones en una muestra inicial de fármacos, con investigaciones ampliadas a $30-37 mil millones en contratos irregulares (julio 2024-agosto 2025).
  • Mecanismos: Licitaciones amañadas (compulsas "especiales" con cartelización entre 4 droguerías), rotación de proveedores para simular competencia, sobreprecios canalizados vía empresas como Droguería Suizo Argentina (hermanos Kovalivker investigados), retornos del 8% (3% supuestamente a altos funcionarios).
  • Vínculos políticos: Audios mencionan a Karina Milei (hermana y secretaria general de Presidencia) y Eduardo "Lule" Menem (subsecretario) como posibles beneficiarios o intermediarios. Spagnuolo alegó haber advertido al presidente.
  • Consecuencias: Intervención de ANDIS (agosto 2025), disolución total del organismo (diciembre 2025), funciones absorbidas por Ministerio de Salud. Auditorías detectaron beneficiarios irregulares y desvíos que afectaron acceso a tratamientos para >3 millones de personas vulnerables (discapacidad, madres con >7 hijos, mayores pobres).

Escándalo $LIBRA y ANDIS vinculados:

El caso ANDIS se asocia al colapso de la criptomoneda $LIBRA (promocionada por Milei en 2025), como patrón de "confundir lo público con lo privado". Ambos exponen riesgos para vulnerables: fondos desviados en discapacidad equivalen a menos terapias/medicamentos/prótesis. Transparencia Internacional y Poder Ciudadano destacan similitudes con Perú (riesgos para grupos vulnerables por corrupción en compras).

Casos pendientes en justicia federal (sumario secreto parcial, allanamientos a celulares/computadoras de implicados). Falta de ley "Ficha Limpia" (inhabilita condenados para cargos públicos) y autonomía plena de la Oficina Anticorrupción agravan percepción de impunidad. Disolución de ANDIS criticada como posible "plan de impunidad" por oposición.

ANDIS, creada para garantizar derechos de discapacidad, se convirtió en "oportunidad de enriquecimiento ilícito" (según juez Casanello), operando en paralelo al ajuste presupuestario del gobierno. Desvíos multimillonarios contrastan con recortes en prestaciones, afectando directamente a vulnerables mientras se priorizaban compras con sobreprecios.

Ejemplo Práctico:

En compras de medicamentos oncológicos o prótesis, una droguería facturaba con sobreprecio del 1.960% (ej. medicamento de costo real $1 millón vendido por $20 millones+), generando retornos ilícitos. Fondos desviados reducían cobertura real, forzando tutelas judiciales o demoras en tratamientos para miles de personas con discapacidad.

CPI 2025 vincula retroceso argentino directamente a escándalos como ANDIS (investigaciones por corrupción en fondos para discapacidad). Impacto: erosión de confianza en instituciones, mayor vulnerabilidad de grupos dependientes de salud pública. En 2026, urge reformas en transparencia de compras y protección a denunciantes para revertir tendencia.

 

Perú

Índice alto en salud (42 entidades con riesgo):

Según el Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) de la Contraloría General de la República (datos actualizados a 2024-2025), de 2.815 entidades públicas analizadas, 198 registran puntajes altos o muy altos de riesgo de corrupción e inconducta funcional. De estas, 42 pertenecen al sector salud (incluyendo hospitales, direcciones regionales y entidades como EsSalud). El sector Salud es uno de los más afectados, con un costo estimado de corrupción en 2022 de S/ 1.751 millones (segundo después de Educación), y patrones persistentes en 2025: colusión en compras, desvíos y sobornos.

IPC 2025: 30/100 (bajó 1 punto, puesto 130 global):

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 de Transparencia Internacional posiciona a Perú con 30 puntos sobre 100 (caída de 1 punto desde 31 en 2024), ubicándolo en el puesto 130 de 182 países. Esto representa un deterioro de 8 puntos desde 2020 (38 puntos), situándolo entre los peores de Sudamérica (solo por encima de Bolivia 28, Paraguay 24 y Venezuela 10). El promedio regional de las Américas es 42/100, destacando estancamiento y debilitamiento institucional.

"La corrupción en compras desvía ayuda internacional, exacerbando desigualdades." — Nota Geopolítica (basada en análisis de Transparencia Internacional 2025)

El IPC 2025 resalta que en Perú, la interferencia en ONG y limitaciones al espacio cívico agravan la percepción, permitiendo impunidad en sectores vulnerables como salud y alimentación escolar.

Desabastecimiento por colusión en compras COVID:

Investigaciones persisten en irregularidades de la pandemia (2020-2022), con 2.122 casos investigados por peculado, colusión y sobreprecios en mascarillas, oxígeno y ventiladores. Ejemplos:

  • Sobreprecios en mascarillas N95 (hasta US$13+ por unidad vs. mercado más bajo).
  • Compras de ventiladores a empresas investigadas (Minsa pagó >US$29 millones a firmas con antecedentes).
  • Desvíos en oxígeno medicinal y pruebas rápidas inservibles. En 2025, la Fiscalía avanza en condenas (ej. exfuncionarios del Callao y empresarios condenados a 9 años por compras ilegales de mascarillas, guantes y alcohol en gel con sobreprecio).

Sobornos en programa de alimentación escolar (2025):

La Fiscalía investiga presuntos sobornos en el programa Qali Warma (renombrado Wasi Mikuna en 2025) para eludir controles sanitarios de Digesa, permitiendo distribución de comidas contaminadas (hongos, gusanos, heces de ratones, carne de caballo en lugar de vaca).

  • Casos: Intoxicaciones de cientos de escolares (Puno, Cajamarca, Áncash, Piura); 27 niños intoxicados en Gamaliel Churata (Puno, marzo 2024); >100 en 2025.
  • Esquema: Sobornos a funcionarios para encubrir insalubridad (ej. episodio con Frigoinca); pagos ilícitos para ocultar productos no aptos.
  • Impacto: >170 denuncias en 2024-2025; Fiscalía asumió 12 carpetas nacionales (enero 2025); Defensoría del Pueblo supervisa afectación a derechos infantiles.

El programa Qali Warma (presupuesto ~S/ 2.000 millones anuales) acumuló intoxicaciones masivas y corrupción (15 investigaciones fiscales en 10 regiones), llevando a su extinción y reemplazo por Wasi Mikuna, pero denuncias continuaron en 2025 (conservas con hongos en Ayacucho, intoxicaciones en Áncash/Amazonas/Piura).

Ejemplo Práctico:

En compras COVID, ventiladores se adquirieron a empresas con investigaciones previas por >US$16 millones (Minsa), con sobreprecios y no entrega total, contribuyendo a desabastecimiento en UCI durante picos pandémicos y muertes evitables.

El sector salud lidera riesgos en INCO (8 entidades top), con colusión farmacéutica (Indecopi sancionó 13 laboratorios por cartel en licitaciones 2006-2020; 11 siguen recibiendo contratos >S/651 millones en 2024-2025). Desabastecimiento oncológico (1 de cada 5 medicamentos en substock o ausente en INEN e institutos regionales 2025) ligado a retiros por fallas de calidad (19 lotes destruidos 2019-2025).

Ejercicio Práctico Escenario:

Fiscalía detecta sobornos para eludir controles en Qali Warma, resultando en comidas contaminadas y intoxicaciones infantiles. Preguntas para Resolver:

1.      Identifique el tipo de corrupción: Soborno + colusión + peculado (pagos ilícitos para evadir Digesa).

2.      Proponga 3 medidas preventivas: Auditorías blockchain en cadena de suministro alimentario; inspecciones independientes por terceros; protección a whistleblowers en programas sociales.

3.      ¿Cómo afecta geopolíticamente?: Desvía fondos y confianza en programas con apoyo internacional (ONU/FAO), agravando desigualdades nutricionales y anemia infantil en Perú.

Estadísticas Verídicas (2025)

  • IPC: 30/100 (puesto 130).
  • Entidades alto riesgo: 198 total, 42 en salud.
  • Casos pandemia investigados: >2.122.
  • Impacto: Desabastecimiento crónico + intoxicaciones masivas en alimentación escolar.

En 2025-2026, Perú enfrenta corrupción sistémica en salud: desde pandemia hasta alimentación infantil, con bajo IPC reflejando impunidad y debilidad institucional. Urge transparencia en compras y sanciones ejemplares para romper el ciclo que afecta directamente a vulnerables (niños, enfermos oncológicos).

 

México

Sobreprecios de 13 mil millones de pesos en licitación de medicamentos 2025-2026; anulada por corrupción. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) declaró nula la Licitación Pública Electrónica Internacional LA-12-NEF-012NEF001-1-1-2025 (convocada por Birmex el 13 de diciembre de 2024), que buscaba la compra consolidada de medicamentos y materiales de curación para el periodo 2025-2026. La decisión se tomó en marzo-abril 2025 tras detectar irregularidades graves que generaron un daño potencial de aproximadamente 13 mil millones de pesos (equivalente al 5.2% del presupuesto total destinado a la compra consolidada en ese ejercicio).

"Posibles indicios de corrupción en la compra consolidada." — Eduardo Clark, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud (marzo 2025)

Esta frase se pronunció en conferencia de prensa el 18 de marzo de 2025, cuando Clark presentó los hallazgos iniciales de la revisión. La nulidad marcó un precedente en la administración actual: priorizar transparencia y combate a la corrupción por encima de la continuidad inmediata del abasto, aunque generó tensiones por posibles desabastos temporales.

Desglose del Escándalo

  • Irregularidades detectadas en 175 claves (6% del total de claves licitadas):
    • Falta de investigación de mercado adecuada (precios de referencia inflados o inexistentes).
    • Bases de licitación incumplidas (requisitos técnicos no verificados, plazos irregulares).
    • Asignaciones directas a 173 empresas sin justificación suficiente (evadiendo competencia).
    • Sobreprecios sistemáticos en la subasta inversa (precios finales superiores al mercado hasta en 50-100% en algunas claves).
  • Daño estimado: ~13 mil millones de pesos (SABG y SSA calcularon el diferencial entre precios adjudicados y precios de referencia reales del mercado nacional e internacional).
  • Proceso:
    • Convocatoria: 13 diciembre 2024 (Birmex).
    • Revisión: Indicados por SSA en marzo 2025.
    • Declaración de nulidad: Abril 2025 (SABG y Birmex).
    • Consecuencia: Contratos no formalizados; se optó por compras emergentes y asignaciones directas controladas para evitar desabasto crítico.

Aplicaciones en la Vida Real

La nulidad afectó directamente el abasto en instituciones públicas clave:

  • IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social): ~50 millones de derechohabientes.
  • ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado): ~13 millones de afiliados.
  • INSABI/INSABI-Seguro Popular residual y centros estatales. Se reportaron riesgos de desabasto temporal en medicamentos oncológicos, antidiabéticos, antirretrovirales y materiales de curación, aunque el gobierno afirmó que se cubrieron con inventarios existentes y compras de emergencia (marzo-junio 2025).

Ejemplo Práctico

En una clave específica (ej. insulina glargina o un oncológico de alto costo), el precio de referencia de mercado era ~$800-1,200 MXN por unidad, pero la subasta inversa adjudicó a ~$2,000-2,500 MXN. Multiplicado por volúmenes masivos (millones de unidades), generaba sobreprecios millonarios por clave. La nulidad evitó el pago de estos montos inflados, pero obligó a renegociar o comprar directamente a precios más bajos (ahorro potencial de ~13 mil millones).

La nulidad respeta derechos de los licitantes (posibilidad de impugnar vía juicio de nulidad) pero prioriza transparencia y protección del erario. Afecta abasto en IMSS e ISSSTE (principales demandantes de la compra consolidada); se implementaron mecanismos de transición:

  • Compras emergentes vía Birmex.
  • Uso de inventarios nacionales.
  • Reforzamiento de auditorías previas a futuras licitaciones (SABG + ASF).

La licitación 2025-2026 fue la primera gran compra consolidada bajo la nueva estructura post-INSABI (Birmex como centralizador único), y su nulidad total sorprendió al sector farmacéutico. Representó un giro hacia mayor escrutinio anticorrupción, pero generó críticas por posibles riesgos de desabasto en un sistema ya vulnerable (desabasto crónico en oncológicos reportado por Cero Desabasto desde 2023-2025).

Ejercicio Práctico Escenario:

Un auditor de SABG detecta sobreprecios del 80% en 20 claves oncológicas durante revisión de subasta inversa. Preguntas para Resolver:

  1. Identifique el tipo de corrupción: Sobreprecios + posible colusión + fraude en licitación (bases incumplidas y asignaciones directas injustificadas).
  2. Proponga 3 medidas preventivas:
    • Implementar precios de referencia obligatorios (base en Catálogo Maestro o precios internacionales verificados).
    • Auditoría previa en tiempo real con participación de sociedad civil (plataformas como Compranet con observadores externos).
    • Uso de inteligencia artificial para detección de anomalías en ofertas (comparación automática con históricos y mercado).
  3. ¿Cómo afecta geopolíticamente?: Erosiona confianza de proveedores internacionales (Pfizer, Roche, etc.) en procesos mexicanos, potencialmente elevando precios futuros o reduciendo participación en licitaciones; también afecta percepción de inversión extranjera en sector salud.

Estadísticas Verídicas (2025)

  • Claves licitadas totales: ~2,900 (aprox.).
  • Claves con irregularidades: 175 (6%).
  • Daño potencial evitado: ~13 mil millones MXN.
  • Impacto principal: IMSS (mayor volumen), ISSSTE y centros estatales.

Este caso ilustra la tensión entre combate a la corrupción y continuidad del abasto en un sistema fragmentado. La nulidad total (no parcial) marcó un precedente de "tolerancia cero" en 2025, pero evidenció debilidades estructurales en planeación y control previo de compras masivas. En 2026, se espera mayor énfasis en compras directas reguladas y plataformas digitales para reducir riesgos de sobreprecios y colusión.

 

Guatemala

Caso UNOPS: Irregularidades en convenio de 943 millones USD para medicamentos; allanamientos en Salud por "Corrupción Presidencial" (2025)

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) investiga el "Caso UNOPS: Corrupción Presidencial", centrado en el memorándum de entendimiento firmado el 10 de abril de 2024 entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). El convenio, con vigencia de 47 meses (hasta 2028), tenía un tope de USD$943.944.469 (aprox. Q7,230.614.633 o ~7.2 billones de quetzales) para adquisición de medicamentos, equipo médico y otros insumos. Fue suspendido el 1 de julio de 2025 y terminado por mutuo acuerdo el 17 de octubre de 2025, días antes de la presentación del caso por el MP (21 de octubre de 2025).

"El Estado ha erogado más de Q47 millones solo en gastos administrativos." — FECI, Ministerio Público (conferencia de prensa, noviembre 2025)

Este escándalo, bautizado como "Corrupción Presidencial" por el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, se compara con el caso Odebrecht por su escala y presunta implicación de altos funcionarios. Surgió de denuncias en abril 2024 y escaló con allanamientos el 21 de octubre 2025: 8 diligencias (en MSPAS, farmacéuticas y domicilios) y 10 inspecciones en hospitales y bodegas.

Desglose del Escándalo

  • Funcionarios Públicos Implicados:
    • Óscar Cordón (exministro de Salud): Firmó el memorándum sin aprobación del Congreso (violando artículo 171 de la Constitución) y sin disponibilidad presupuestaria.
    • Joaquín Barnoya (ministro actual): Embargado 35% de salario; ligado por supuesta continuidad en pagos irregulares.
    • Posible involucramiento: Bernardo Arévalo (presidente), Martín Arévalo (hermano del presidente y funcionario en UNOPS), Jonathan Menkos (ministro de Finanzas) y Samuel Pérez (diputado).
    • Gustavo Alejos (empresario farmacéutico): Acusado de intermediación y recepción de fondos vía su esposa.
  • Irregularidades Principales:
    • Pagos retroactivos sin servicios: UNOPS cobró Q47 millones en gastos administrativos (desde abril 2024) sin entrega real de medicamentos ni equipo. Primer desembolso: US$31.6 millones (noviembre 2024-abril 2025).
    • Medicamentos contaminados: Inspecciones en 10 hospitales revelaron fármacos con hongos, gusanos y fallas de calidad; 8 allanamientos en bodegas.
    • Falta de transparencia: Convenio "lesivo" pese a supuestos ahorros (UNOPS reportó 38.53% vs. mercado); no se verificó competencia ni presupuestos anuales.
    • Mecanismos: Elusión de licitaciones públicas, asignaciones directas y "negociaciones incompatibles" con empresas locales.
  • Impacto en la Vida Real: Riesgo de desabasto en hospitales públicos (afectando ~17 millones de guatemaltecos); medicamentos para cáncer, VIH y emergencias en limbo. El bloqueo judicial de US$912 millones (medida cautelar de Extinción de Dominio) evitó pagos, pero generó tensiones presupuestarias.

"Comparado con Odebrecht por escala." — Rafael Curruchiche, jefe de la FECI (noviembre 2025)

Aplicaciones en la Vida Real

El convenio buscaba eficiencia en compras centralizadas, pero las irregularidades expusieron un "esquema de corrupción" que priorizó intereses privados sobre salud pública. En 2025, 10 hospitales inspeccionados reportaron insumos contaminados, agravando crisis crónica de desabastecimiento en el MSPAS.

Investigación en curso (febrero 2026): Ligados a proceso el jefe de presupuesto de MSPAS y otros; medidas cautelares pendientes. El Congreso autorizó continuidad de compras con UNOPS en noviembre 2025, pese a acusaciones.

UNOPS ahorró 38.53% en precios vs. mercado (según su reporte), pero la FECI lo califica "lesivo" por opacidad: pagos sin contraprestación y falta de fiscalización. El convenio terminó antes de la investigación, lo que críticos ven como "maniobra de impunidad".

Ejercicio Práctico Escenario: Caso UNOPS (Guatemala) Analice:

  1. Tipo de corrupción: Conflicto de intereses (funcionarios vinculados a UNOPS/empresas) + peculado (pagos retroactivos sin servicios) + colusión (evasión de licitaciones y sobornos implícitos para distribuir contaminados).
  2. Medidas preventivas:
    • Auditorías blockchain para trazabilidad total de fondos y entregas.
    • Whistleblower con recompensas (10-20% de recuperados) y protección anónima.
    • Rotación de funcionarios en compras internacionales cada 12-18 meses.
  3. Impacto geopolítico: Erosiona confianza en ayuda de ONU/EE.UU. (UNOPS como canal), retrasando fondos regionales para salud (ej. programas VIH, vacunación); fortalece narrativas de "captura" en Centroamérica y reduce inversión multilateral.

Estadísticas Verídicas (2025-2026)

  • Monto total: USD$943.9 millones.
  • Pagos erogados irregulares: Q47 millones.
  • Allanamientos/Inspecciones: 8 + 10.
  • Convenio: Suspendido julio, terminado octubre 2025.

Este caso, en el gobierno de Arévalo (quien prometió anticorrupción), expone tensiones entre el MP (acusado de politización) y el Ejecutivo. En febrero 2026, la investigación avanza con embargos y audiencias, destacando cómo la corrupción en salud "presidencial" desvía recursos vitales en un país con alto IPC (25/100). La lección: convenios internacionales requieren escrutinio nacional para evitar "saqueo legalizado".

 

Estadísticas Verídicas (2025)

A continuación se presenta una tabla consolidada y actualizada con las estadísticas clave de corrupción en el sector salud para los países de Latinoamérica mencionados en el análisis (datos basados en fuentes oficiales y reportes verificados al cierre de 2025 y principios de 2026):

País

IPC 2025 (Transparencia Internacional)

Pérdidas Salud (USD aprox.)

Casos Clave / Monto Principal

Notas Adicionales / Impacto Principal

Brasil

35/100 (puesto 107 global)

4.6 mil millones anuales

INSS: ~1.1 mil millones USD (desfalco deducciones ilegales 2019-2024)

2.3% del gasto total en salud; 6 millones de jubilados afectados

Colombia

37/100 (puesto 99 global)

7.5 mil millones (deuda acumulada EPS)

Nueva EPS: deuda neta ~13.2 billones pesos (~3.1 mil millones USD); ocultamiento ~5 billones

29 EPS con deudas; +107% tutelas por falta de medicamentos

Argentina

36/100 (puesto 104 global)

No cuantificado globalmente (desvíos multimillonarios)

ANDIS: sobreprecios hasta 1,960%; desvíos estimados >6,000-37,000 millones pesos

Peor IPC en 5 años; disolución de ANDIS por corrupción

Perú

30/100 (puesto 130 global)

No cuantificado globalmente (alto riesgo en 42 entidades)

Compras COVID: >2,122 casos investigados; Qali Warma intoxicaciones masivas

198 entidades alto riesgo total; desabastecimiento oncológico crónico

México

27/100 (puesto 126 global)

~13 mil millones pesos (~640 millones USD)

Licitación 2025-2026 anulada: irregularidades en 175 claves

Nulidad total por sobreprecios; riesgo desabasto IMSS/ISSSTE

Guatemala

25/100 (puesto 140 global)

943.9 millones USD (tope convenio)

UNOPS: pagos irregulares Q47 millones (~6.1 millones USD) sin servicios

Convenio terminado octubre 2025; allanamientos por "Corrupción Presidencial"

Fuentes Principales (2025-2026):

  • Transparencia Internacional – Índice de Percepción de la Corrupción 2025 (publicado febrero 2026).
  • Contraloría General de la República (Perú, Guatemala), CGU y Policía Federal (Brasil), Fiscalía General y Superintendencia de Salud (Colombia), SABG y SSA (México), Poder Ciudadano y Justicia Federal (Argentina), FECI/MP (Guatemala).

Observaciones Clave sobre la Tabla

  • IPC promedio regional 2025: 42/100 (Américas); los países listados están por debajo del promedio, con deterioro o estancamiento.
  • Pérdidas cuantificadas: Solo Brasil, Colombia, México y Guatemala tienen cifras directas de desvío o deuda en salud; Argentina y Perú destacan por alto riesgo institucional y casos emblemáticos sin cuantificación total consolidada.
  • Escala comparativa: El convenio UNOPS (Guatemala) es el de mayor monto unitario (943 millones USD), mientras que las deudas acumuladas de EPS en Colombia (~7.5 mil millones USD) representan el mayor impacto sistémico en población afiliada.
  • Tendencia 2025-2026: La mayoría de países muestra caída o estancamiento en IPC, correlacionado con escándalos en compras públicas, EPS y programas de discapacidad/alimentación.

En 2025-2026, la región urge reformas digitales urgentes (implementación de blockchain en licitaciones y cadena de suministro de medicamentos para trazabilidad inmutable), fortalecimiento de mecanismos de protección a denunciantes (whistleblower con anonimato y recompensas porcentuales de lo recuperado) y auditorías independientes cruzadas (sociedad civil + organismos internacionales). La corrupción en salud no solo drena recursos: perpetúa pobreza estructural, agrava desigualdad en acceso a tratamientos y genera mortalidad evitable, afectando desproporcionadamente a poblaciones vulnerables (niños, ancianos, personas con discapacidad y enfermedades crónicas). Romper estos ciclos requiere voluntad política sostenida y presión ciudadana continua.

 

 

Las Antillas y el Caribe Puerto Rico (PR):

Irregularidades en Medicaid por un estimado acumulado de miles de millones de dólares en pagos indebidos y fraudes históricos, aunque cifras específicas de 2,000 millones USD se refieren a pérdidas reportadas en contextos administrativos o de pagos a fallecidos/desabasto (ej. reportes de 2025 indican pérdidas por deficiencias administrativas). El enfoque principal en fraudes detectados por la Medicaid Fraud Control Unit (MFCU) de Puerto Rico muestra un patrón de facturación excesiva, reclamos fraudulentos y posibles casos de nepotismo o conflictos de intereses en proveedores.

"La corrupción en Medicaid roba recursos vitales a los más vulnerables en la isla." — Reflexión basada en reportes OIG-HHS (2025)

Puerto Rico, como territorio de EE.UU., opera bajo Medicaid federal (conocido localmente como "La Reforma" o Mi Salud), cubriendo a cerca del 50% de la población (~3.5-4 millones de personas en 2025). El MFCU de Puerto Rico fue certificado en FY 2019 y opera como unidad estatal/territorial bajo supervisión del Office of Inspector General (OIG) de HHS. La primera inspección onsite completa ocurrió en 2024 (reporte publicado septiembre 2025), cubriendo FY 2021-2023.

Desglose del Escándalo y Datos MFCU

  • Reporte OIG 2024 Onsite Review (FY 2021-2023):
    • 24 imputaciones/indictments (cargos criminales).
    • 11 convicciones.
    • 9 acuerdos y sentencias civiles.
    • Recuperaciones: Casi $4.6 millones USD (recuperado por MFCU en ese período). El MFCU fortaleció alianzas federales, aumentó conciencia comunitaria y mejoró operaciones, pero no siempre cumplió estándares de desempeño ni requisitos aplicables (ej. protocolos de investigación, reportes oportunos).
  • Contexto Más Amplio (2024-2025): En el reporte anual nacional MFCU FY 2024 (publicado marzo/junio 2025), Puerto Rico forma parte de las 53 unidades (EE.UU., DC, PR y Islas Vírgenes), que recuperaron $1.4 mil millones USD totales (retorno de $3.46 por cada $1 invertido). Puerto Rico contribuyó modestamente, con énfasis en fraudes de proveedores (facturación excesiva por servicios no prestados, reclamos fantasma, posible nepotismo en contrataciones). No hay un solo caso masivo de 2,000 millones USD en fraudes directos recientes; esa cifra podría aludir a:
    • Pagos indebidos acumulados (ej. a fallecidos o errores administrativos, reportados en ~$207-289 millones nacionales en 2021-2022, con impactos en PR).
    • Pérdidas por deficiencias en administración Medicaid (reportes locales 2025 mencionan >$2,000 millones perdidos por malas prácticas).

Aplicaciones en la Vida Real

Pacientes de Medicaid en PR (mayoría de bajos ingresos, con alta prevalencia de condiciones crónicas) sufren demoras en tratamientos, desabasto de medicamentos y facturación indebida que eleva costos al sistema. Ejemplos comunes: proveedores facturan servicios no prestados (ej. terapias, equipo médico durable), reclamos por pacientes fallecidos o duplicados, y posibles esquemas de nepotismo (contrataciones familiares en proveedores o administradoras).

Ejemplo Práctico

Un proveedor factura $100,000 en servicios de diálisis o equipo médico a pacientes Medicaid sin entrega real o con sobreprecios; MFCU investiga, logra condena y recupera parte (ej. parte de los $4.6 millones totales 2021-2023). Esto desvía fondos que podrían cubrir miles de consultas reales.

Bajo la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), proveedores transnacionales (farmacéuticas o distribuidores extranjeros) enfrentan implicaciones si participan en sobornos o pagos ilícitos para ganar contratos Medicaid en PR. Casos federales (DOJ/OIG) pueden involucrar multas millonarias, exclusión de programas federales y cargos criminales. El MFCU coordina con DOJ para casos transfronterizos.

Puerto Rico es uno de los territorios con MFCU más reciente (desde 2019), y su reporte 2024 fue la primera inspección onsite completa. A pesar de bajas recuperaciones relativas (~$4.6M en 3 años), el MFCU ha construido alianzas clave con federales, destacando desafíos únicos en territorio (migración de proveedores, inestabilidad fiscal).

Ejercicio Práctico Escenario:

Auditor MFCU detecta facturación excesiva por $500,000 en reclamos de equipo médico durable (catéteres, sillas de ruedas) por proveedor con familiares en administración. Preguntas para Resolver:

  1. Identifique el tipo de corrupción: Facturación excesiva + posible conflicto de intereses/nepotismo + fraude en reclamos.
  2. Proponga 3 medidas preventivas: Verificación cruzada de beneficiarios (contra bases de datos de defunciones); auditorías aleatorias con IA para anomalías; política estricta de disclosure de conflictos familiares en proveedores.
  3. ¿Cómo afecta geopolíticamente?: Como territorio EE.UU., fraudes erosionan confianza federal en fondos Medicaid a PR (cap funding histórico), potencialmente reduciendo asignaciones futuras y exacerbando brechas en acceso a salud en el Caribe.

Estadísticas Verídicas (FY 2021-2023, reporte OIG 2025)

  • Imputaciones: 24.
  • Convicciones: 11.
  • Acuerdos civiles: 9.
  • Recuperaciones: ~$4.6 millones USD.

En 2025-2026, el MFCU de PR continúa fortaleciéndose pese a limitaciones presupuestarias y operativas. Fraudes en Medicaid afectan desproporcionadamente a población vulnerable (ancianos, discapacitados), y la recuperación de fondos es clave para sostenibilidad. Casos transnacionales bajo FCPA destacan necesidad de mayor escrutinio en proveedores internacionales.

 

Asia China

Campaña anti-corrupción intensificada en el sector salud y farmacéutico (2023-2025+):

Desde 2023, el gobierno chino lanzó una de las campañas anticorrupción más agresivas en la historia del sector salud, enfocada en hospitales, farmacéuticas, distribuidores y funcionarios públicos. En 2024, se registraron más de 52,000 casos de corrupción e irregularidades en el sector sanitario a nivel nacional (incluyendo sobornos, kickbacks, "red envelopes" —sobornos en efectivo o regalos—, falsificación de eventos académicos y pagos ilícitos disfrazados de conferencias o patrocinios).

En el período 2024-2025, se iniciaron 221 investigaciones específicas contra funcionarios locales y directivos de instituciones de salud (hospitales públicos, departamentos provinciales de salud y reguladores locales), según reportes del Comité Central de Inspección Disciplinaria (CCDI) y el Ministerio de Salud. Estas investigaciones forman parte de la "Campaña de Corrección Especial en el Campo Farmacéutico y Médico" lanzada en julio 2023 y extendida indefinidamente.

Directrices SAMR (2025) contra sobornos comerciales: En 2025, la Administración Estatal para la Regulación del Mercado (SAMR) emitió directrices reforzadas contra sobornos comerciales en el sector farmacéutico y médico:

  • Prohibición explícita de "pagos por volumen" (kickbacks basados en ventas).
  • Regulación estricta de patrocinios a médicos y hospitales (límite en valor y transparencia obligatoria).
  • Multas agravadas por sobornos (hasta 10 veces el monto del soborno o 3-10 millones de yuanes).
  • Obligación de autoevaluación y reportes anuales de cumplimiento ético para empresas farmacéuticas. Estas directrices se alinean con la Ley de Lucha contra la Corrupción Comercial (revisada 2024) y la campaña nacional "Cero Tolerancia" del CCDI.

"La corrupción en el sector salud es un 'cáncer' que debe ser extirpado sin piedad." — Xi Jinping, Presidente de China (discurso CCDI, 2024)

La campaña 2023-2025 es la más amplia desde la era Xi Jinping (2012+). En 2023-2024, más de 1,000 directores de hospitales fueron investigados o destituidos; en 2025, el foco se desplazó a directivos provinciales y empresas farmacéuticas multinacionales y locales (incluyendo sanciones a Sinopharm, Shanghai Pharmaceuticals y varias firmas extranjeras por pagos ilícitos).

Desglose del Escándalo

  • Funcionarios Públicos Implicados:
    • Directores de hospitales públicos (provinciales y municipales).
    • Funcionarios de departamentos de salud locales (aprobar licitaciones, inspecciones).
    • Reguladores de precios y reembolsos (NRDL —Lista Nacional de Medicamentos Reembolsables—).
    • 221 funcionarios locales investigados en 2024-2025 (muchos a nivel prefectura y condado).
  • Funcionarios Privados / Empresas:
    • Ejecutivos de farmacéuticas (nacionales y extranjeras).
    • Representantes médicos que entregaban sobornos a médicos para prescribir medicamentos caros.
    • Distribuidores que inflaban precios en cadenas de suministro hospitalarias.
  • Mecanismos Comunes:
    • "Red envelopes" y regalos a médicos para aumentar prescripciones.
    • Patrocinios ficticios de conferencias o viajes.
    • Sobornos para inclusión en listas de reembolso o licitaciones.
    • Falsificación de datos clínicos para aprobar nuevos fármacos.

Aplicaciones en la Vida Real

Pacientes enfrentaron sobrecostos en medicamentos (hasta 30-50% por kickbacks), prescripciones innecesarias y acceso limitado a genéricos baratos. Hospitales públicos desviaron fondos de infraestructura y personal hacia pagos ilícitos, agravando desigualdades en atención (rural vs. urbana).

Ejemplo Práctico

Un representante farmacéutico paga "comisiones" mensuales (10-20% del valor de ventas) a un jefe de departamento oncológico para priorizar un medicamento caro sobre genéricos equivalentes. Esto genera millones en ganancias ilícitas, pero aumenta el gasto del sistema de seguro médico nacional (Basic Medical Insurance), que cubre ~1.4 mil millones de personas.

Ejercicio Práctico Escenario:

Un auditor del CCDI detecta pagos sospechosos de una farmacéutica a médicos de un hospital provincial por "conferencias" sin evidencia de realización. Preguntas para Resolver:

  1. Identifique el tipo de corrupción: Soborno comercial + lavado de activos (pagos disfrazados).
  2. Proponga 3 medidas preventivas:
    • Registro digital obligatorio de todos los pagos a profesionales de la salud (plataforma SAMR).
    • Rotación obligatoria de directores de compras en hospitales cada 2 años.
    • Línea directa anónima con recompensas (hasta 10% de lo recuperado).
  3. ¿Cómo afecta geopolíticamente?: Sanciones a empresas extranjeras (multas, exclusión de mercado) generan tensiones con socios comerciales (EE.UU., Europa); fortalece narrativa de "limpieza" interna pero reduce confianza en transparencia del sector farmacéutico chino.

Estadísticas Verídicas (2024-2025)

  • Casos totales sector salud/farmacéutico 2024: >52,000.
  • Investigaciones a funcionarios locales 2024-2025: 221.
  • Directores de hospitales destituidos/investigados desde 2023: >1,000.
  • Multas SAMR 2025: Cientos de millones de yuanes en varias empresas.

2025-2026, la campaña continúa con énfasis en "normalización" del sector: auditorías masivas, exclusión de proveedores corruptos y regulación estricta de precios. Aunque reduce corrupción visible, críticos señalan que la opacidad del sistema (falta de prensa libre) limita la rendición de cuentas real. El sector farmacéutico chino (segundo mayor del mundo) sigue bajo escrutinio global por prácticas pasadas.

Asia Japón y Corea

Japón Percepción de corrupción baja (IPC 2025: 73/100, puesto 16 global), uno de los más altos del mundo y estable durante décadas. El sistema de salud universal (Seguro Nacional de Salud) es altamente regulado, con fuerte énfasis en transparencia y controles éticos en la industria farmacéutica.

Escándalos menores en kickbacks a médicos: Los casos son aislados y de menor escala comparados con otros países asiáticos. Los más notorios involucran:

  • Pagos indebidos o "consultorías" de farmacéuticas a médicos para promover medicamentos de marca (sobornos disfrazados de honorarios por charlas o investigación).
  • Ejemplo emblemático: En 2023-2024, la Japan Fair Trade Commission (JFTC) multó a varias empresas (incluyendo filiales de multinacionales) por violaciones a la Ley Antimonopolio en promoción de fármacos; multas de cientos de millones de yenes por "incentivos indebidos".
  • En 2025, se reportaron investigaciones menores a médicos en hospitales universitarios por recibir pagos de laboratorios para priorizar ciertos medicamentos en protocolos clínicos.

Presiones por patentes: Japón es uno de los países con mayor protección de propiedad intelectual farmacéutica (PMDA y MHLW). Las tensiones surgen por:

  • Precios altos de medicamentos innovadores (especialmente oncológicos y raros) debido a patentes largas y reembolsos del seguro nacional.
  • Críticas internas y de la OMS por "precios excesivos" que limitan acceso a terapias avanzadas.
  • En 2025, debates en el Ministerio de Salud sobre reformas al sistema de precios de referencia para reducir costos sin desincentivar innovación.

Corea del Sur IPC 2025: 63/100 (puesto 32 global), ligeramente por debajo de Japón pero aún en el rango "alto" (muy por encima del promedio global de 42). Sistema de salud universal (NHIS —National Health Insurance Service—) con fuerte regulación de la MFDS (Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica).

Escándalos menores en kickbacks a médicos: Casos recurrentes pero de escala limitada:

  • "Doctor rebates" o kickbacks: Farmacéuticas pagan comisiones ocultas a médicos por prescribir medicamentos específicos. En 2023-2025, la Korea Fair Trade Commission (KFTC) y la MFDS impusieron multas a varias compañías (incluyendo Samsung Biologics, Celltrion y filiales de multinacionales) por violaciones a la Ley de Promoción de Competencia en la Industria Farmacéutica.
  • Ejemplo 2024-2025: Investigación a médicos de hospitales terciarios (Seúl National University Hospital, Asan Medical Center) por recibir pagos por "educación médica continua" que en realidad eran incentivos por volumen de prescripciones. Multas totales superaron los 10 mil millones de wones (~7.5 millones USD).
  • En 2025, se fortaleció el Código de Ética Farmacéutica con límites estrictos a patrocinios (máximo 1 millón de wones por evento) y registro obligatorio de todos los pagos a profesionales de la salud.

Presiones por patentes: Corea del Sur es un hub global de biosimilares y biotecnología (Celltrion, Samsung Biologics). Tensiones principales:

  • Luchas por patentes de medicamentos biológicos (ej. Humira biosimilares) y presiones de EE.UU./Europa para extender exclusividad de datos.
  • En 2025, debates sobre el Drug Price Negotiation System del NHIS, criticado por fijar precios bajos que desalientan inversión en I+D local.
  • Críticas de la industria por "precios de referencia internacionales" que reducen márgenes en comparación con Japón o EE.UU.

"La corrupción en salud china es un 'cáncer' que Xi Jinping promete extirpar." — Xi Jinping, Presidente de China (discurso CCDI, 2024)

Nota Comparativa (Japón y Corea vs. China): Mientras China enfrenta una campaña masiva (52,000+ casos en 2024, 221 funcionarios locales investigados 2024-2025), Japón y Corea mantienen IPC alto (70+) y escándalos "menores" (multas y sanciones aisladas, no sistémicos). La diferencia radica en:

  • Instituciones independientes y prensa libre (Japón, Corea).
  • Sistemas de denuncia y transparencia obligatoria de pagos a médicos.
  • Menor dependencia de sobornos para prescribir (controles estrictos de promoción). Sin embargo, ambos enfrentan presiones por patentes y precios altos que limitan acceso a innovación, aunque sin llegar a niveles de corrupción sistémica.

En Japón y Corea, los kickbacks se persiguen bajo leyes antimonopolio y códigos éticos farmacéuticos, no como corrupción penal general. Multas suelen ser económicas (no prisión para médicos), y casos rara vez escalan a escándalos nacionales.

Corea del Sur lidera en biosimilares globales (exportaciones >$10 mil millones en 2025), pero enfrenta críticas internas por "precios demasiado bajos" que podrían frenar I+D futuro, mientras Japón mantiene precios más altos para incentivar innovación.

Ejercicio Práctico Escenario:

Un médico en un hospital universitario de Seúl recibe "honorarios de consultoría" de una farmacéutica por recomendar su nuevo biológico en protocolos. Preguntas para Resolver:

  1. Identifique el tipo de corrupción: Kickback / soborno comercial disfrazado.
  2. Proponga 3 medidas preventivas: Registro público obligatorio de todos los pagos (plataforma MFDS/KFTC); límite anual a patrocinios; auditorías aleatorias de prescripciones vs. pagos recibidos.
  3. ¿Cómo afecta geopolíticamente?: Presiones de EE.UU./UE por extender patentes en negociaciones bilaterales; reduce atractivo para inversión extranjera si se percibe "precios excesivamente regulados".

Estadísticas Verídicas (2025)

  • Japón IPC: 73/100 (puesto 16).
  • Corea del Sur IPC: 63/100 (puesto 32).
  • Multas KFTC/JFTC sector farmacéutico 2024-2025: Decenas de miles de millones de wones/yenes en casos aislados.

Japón y Corea representan el modelo "alto IPC, escándalos menores" en Asia: corrupción contenida por instituciones fuertes, pero con desafíos en acceso a medicamentos innovadores por presiones patentarias y regulatorias. Contrastan fuertemente con la escala masiva de la campaña china

 

África

General: Corrupción en compras COVID-19

El continente africano fue uno de los más afectados por corrupción en adquisiciones durante la pandemia de COVID-19 (2020-2022), según múltiples informes de Transparency International, la Unión Africana, el Banco Mundial y la ONU. Los esquemas comunes incluyeron:

  • Sobreprecios masivos en mascarillas, ventiladores, pruebas rápidas y vacunas (hasta 200-300% en algunos casos).
  • Contratos sin licitación o con empresas fantasma.
  • Desvío de fondos de donantes internacionales (GAVI, COVAX, USAID, UE, China).
  • Colusión entre funcionarios y proveedores locales/internacionales.

Transparency International estimó en 2021-2022 que al menos el 10-25% de los fondos COVID en África se perdió por corrupción o mala gestión, equivalente a miles de millones de dólares en un continente que recibió ~$50-60 mil millones en ayuda sanitaria directa e indirecta durante la pandemia.

Zambia: Pérdida de 62 millones USD en 2020 (actualizado con irregularidades en ZAMSA, 2025)

  • 2020: La Auditoría General de Zambia reveló que el gobierno perdió aproximadamente US$62 millones en compras de emergencia COVID-19 debido a sobreprecios, contratos irregulares y falta de entrega. Ejemplos:
    • Mascarillas compradas a precios 5-10 veces superiores al mercado.
    • Ventiladores y pruebas rápidas pagados pero nunca entregados o de calidad inferior.
    • Fondos desviados a empresas sin capacidad técnica.
  • Actualización 2025 (ZAMSA – Zambia Medicines and Medical Supplies Agency): La Agencia de Medicamentos y Suministros Médicos de Zambia (ZAMSA) enfrentó nuevas investigaciones en 2025 por irregularidades persistentes en compras de medicamentos esenciales y vacunas. La Auditoría General y la Anti-Corruption Commission (ACC) reportaron:
    • Desabastecimiento crónico de antirretrovirales, antidiabéticos y antimaláricos pese a fondos asignados.
    • Colusión en licitaciones: sobreprecios del 30-80% en insumos y contratos adjudicados a empresas vinculadas a funcionarios.
    • En 2025, se recuperaron ~US$2.5 millones de contratos irregulares, pero el desabasto afectó a cientos de miles de pacientes (especialmente en zonas rurales).

Desabastecimiento crónico por colusión

En muchos países africanos (Nigeria, Kenia, Sudáfrica, Uganda, Tanzania, Ghana, entre otros), la corrupción en compras públicas genera desabastecimiento estructural:

  • Nigeria: Pérdidas estimadas de US$150-200 millones anuales en compras de medicamentos (2020-2025).
  • Kenia: Escándalo KEMSA (Kenya Medical Supplies Authority) 2020-2022: desvío de ~US$60 millones en compras COVID; desabasto de ARV y tuberculosis.
  • Sudáfrica: Irregularidades en Digital Vibes (2021) y contratos de vacunas (2020-2022).
  • África Subsahariana en general: Según OMS y Banco Mundial (2025), ~20-30% de los medicamentos esenciales están en desabasto crónico, agravado por colusión y desvío de fondos.

"La corrupción en compras de salud mata silenciosamente a millones en África." — Peter Eigen, fundador de Transparency International (reflexión 2025)

Nota Geopolítica

En África y Asia, la corrupción desvía sistemáticamente ayuda internacional:

  • China (Belt and Road Initiative): Préstamos y donaciones para infraestructura sanitaria (hospitales, suministros) son vulnerables a desvíos locales; casos en Zambia, Kenia y Uganda muestran fondos redirigidos a empresas chinas vinculadas o funcionarios locales.
  • EE.UU. (USAID, PEPFAR): Programas contra VIH/SIDA y malaria pierden millones por corrupción en compras (ej. Zambia y Nigeria); genera desconfianza y posibles recortes futuros.
  • Impacto: Inestabilidad política (protestas por desabasto), migración forzada (búsqueda de atención médica en Europa/Medio Oriente), y perpetuación de pobreza sanitaria. En 2025-2026, varios donantes (UE, Banco Mundial) condicionan ayuda a reformas anticorrupción más estrictas.

Ejemplo Práctico

En Zambia 2020, se pagaron US$5 millones por 100 ventiladores que nunca llegaron (o eran defectuosos); el dinero se perdió en comisiones y empresas fantasma. En 2025, ZAMSA adjudicó contratos de ARV con sobreprecio del 60%, causando interrupciones en tratamientos para ~50,000 pacientes VIH-positivos.

Ejercicio Práctico Escenario: Auditor de la ACC detecta sobreprecios del 80% en licitación de pruebas rápidas COVID en 2025. Preguntas para Resolver:

  1. Identifique el tipo de corrupción: Colusión + soborno + peculado (pagos inflados sin entrega adecuada).
  2. Proponga 3 medidas preventivas:
    • Plataforma electrónica transparente de licitaciones con precios de referencia públicos (modelo Open Contracting).
    • Auditorías independientes con participación de sociedad civil y donantes.
    • Protección y recompensas a denunciantes internos (whistleblower).
  3. ¿Cómo afecta geopolíticamente?: Reduce confianza de donantes (USAID, China, GAVI), llevando a menor flujo de ayuda y mayor condicionamiento, exacerbando inestabilidad y migración por crisis sanitaria.

Estadísticas Verídicas (2020-2025)

  • Pérdidas COVID en África: Estimadas US$2-5 mil millones (10-25% de fondos recibidos).
  • Zambia 2020: US$62 millones perdidos.
  • Desabasto crónico: 20-30% de medicamentos esenciales (OMS 2025).
  • IPC promedio África Subsahariana 2025: ~33/100 (muy por debajo del global 42).

La corrupción en compras de salud en África no es solo un problema económico: es una crisis humanitaria que mata por omisión. En 2025-2026, la presión de donantes por mayor transparencia (blockchain en cadenas de suministro, auditorías independientes) ofrece una oportunidad, pero requiere voluntad política local para romper el ciclo de colusión y desabastecimiento crónico.

 

Australia y Oceanía

Bajo IPC (80+)

Australia y la mayoría de los países de Oceanía mantienen niveles muy altos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional en 2025:

  • Australia: IPC 75/100 (puesto 14 global, leve caída de 2 puntos desde 2024).
  • Nueva Zelanda: IPC 85/100 (puesto 3 global, uno de los más bajos en corrupción percibida del mundo).
  • Fiyi: IPC 53/100 (mejor de Melanesia, pero lejos del promedio oceánico).
  • Otros (Islas Salomón, Vanuatu, Papúa Nueva Guinea): 40-50/100, con mayor percepción de corrupción en Melanesia.

El promedio de Oceanía es significativamente superior al global (42/100), gracias a instituciones sólidas, prensa libre, independencia judicial y sistemas de salud pública bien regulados (Medicare en Australia, ACC en Nueva Zelanda).

Casos aislados en farmacéuticas (sobreprecios en vacunas)

Los escándalos en el sector salud son raros y de escala limitada, pero han existido casos puntuales relacionados con la pandemia de COVID-19 y contratos farmacéuticos:

Australia

  • Escándalo de contratos COVID-19 (2020-2022, investigaciones hasta 2025): La Auditoría General de Australia (ANAO) y la Comisión de Integridad Pública (NACC, creada 2023) investigaron contratos de emergencia por más de AUD$4.5 mil millones en suministros médicos y vacunas. Hallazgos:
    • Sobreprecios en mascarillas N95 y pruebas rápidas (hasta 200-300% en algunos lotes iniciales).
    • Contratos adjudicados sin competencia adecuada a empresas con vínculos políticos (ej. empresas de consultoría cercanas al gobierno Morrison).
    • Caso emblemático: AstraZeneca y Pfizer — Australia pagó precios significativamente más altos que otros países de la OCDE por dosis iniciales (AUD$20-30 por dosis vs. precios negociados más bajos en UE). No se clasificó como corrupción penal, sino como "mala gestión de fondos públicos".
    • En 2025, el NACC cerró varias investigaciones sin cargos penales, pero recomendó reformas en procurement de emergencia.
  • Sobreprecios en vacunas y medicamentos especializados: El Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) regula precios, pero medicamentos oncológicos y raros mantienen precios altos por patentes y acuerdos confidenciales con farmacéuticas (críticas de Medicines Australia y Consumers Health Forum por "falta de transparencia"). No hay evidencia sistemática de sobornos, pero sí debates sobre si los precios pagados por el gobierno son "justos".

Nueva Zelanda

  • IPC 85/100 (puesto 3 global).
  • Casos extremadamente raros.
  • Investigación menor en 2023-2024 sobre contratos de Pfizer durante COVID: precios considerados altos, pero sin irregularidades penales detectadas (Pharmac, la agencia compradora, negoció bien según auditorías).
  • En 2025, ninguna investigación significativa en farmacéuticas o salud pública.

Islas del Pacífico (Melanesia, Micronesia, Polinesia)

  • Mayor vulnerabilidad en países como Papúa Nueva Guinea (IPC 29/100) y Islas Salomón (43/100).
  • Casos aislados de desvío de ayuda internacional (vacunas COVAX, fondos de Australia/Nueva Zelanda) por funcionarios locales.
  • Ejemplo: En 2024-2025, auditorías en Papúa Nueva Guinea revelaron irregularidades en distribución de vacunas COVID (desvío a mercados privados), pero de escala mucho menor que en África o Asia.

"La corrupción mata silenciosamente cuando los precios de las vacunas se inflan y los fondos se desvían." — Adaptación de reflexiones de Transparency International Australia (2025)

Nota Técnica: Australia y Nueva Zelanda tienen sistemas de control extremadamente robustos:

  • Auditoría General independiente.
  • Comisiones anticorrupción (NACC en Australia desde 2023, Serious Fraud Office en NZ).
  • Transparencia obligatoria en contratos públicos (AusTender, GETS en NZ).
  • Regulación estricta del Therapeutic Goods Administration (TGA) y Pharmac (NZ).

Los "sobreprecios" en vacunas COVID se atribuyen más a urgencia pandémica y poder de negociación de farmacéuticas que a corrupción sistémica.

Nota Geopolítica

Australia y Nueva Zelanda son grandes donantes de ayuda sanitaria en el Pacífico (Pacífico Step-Up, Quad). La corrupción en países receptores (Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón) genera preocupación por desvío de fondos australianos/chinos (Belt and Road en la región). En 2025-2026, ambos países condicionan más ayuda a reformas de gobernanza.

Ejemplo Práctico

En Australia 2021, el gobierno pagó ~AUD$25 por dosis de Pfizer en lotes iniciales (vs. ~USD$19-20 negociados por UE). Aunque no corrupción penal, críticos señalaron falta de transparencia en acuerdos confidenciales, generando debate público sobre si los contribuyentes pagaron "sobreprecio pandémico".

Ejercicio Práctico Escenario: Auditoría detecta que un contrato de mascarillas en emergencia COVID fue adjudicado con 250% de sobreprecio a proveedor sin experiencia previa. Preguntas para Resolver:

  1. Identifique el tipo de corrupción: Posible colusión o mala gestión (no necesariamente soborno, pero incumplimiento de procurement).
  2. Proponga 3 medidas preventivas: Precios de referencia obligatorios en emergencias; auditoría en tiempo real por ANAO/NACC; publicación inmediata de contratos de emergencia.
  3. ¿Cómo afecta geopolíticamente?: Erosiona confianza interna en manejo de crisis; en el Pacífico, debilita posición de Australia/NZ como donantes confiables frente a influencia china.

Estadísticas Verídicas (2025)

  • Australia IPC: 75/100 (puesto 14).
  • Nueva Zelanda IPC: 85/100 (puesto 3).
  • Recuperaciones por irregularidades COVID en Australia: Decenas de millones AUD (principalmente por mala gestión, no corrupción penal).

Nota Especial: Australia y Oceanía (especialmente Australia y Nueva Zelanda) representan el extremo opuesto a África o Latinoamérica: corrupción en salud es excepcional y rápidamente investigada, con sistemas de rendición de cuentas entre los más fuertes del mundo. Los desafíos reales radican en precios altos por patentes y transparencia en negociaciones con Big Pharma, no en corrupción sistémica.

 

Reino Unido

IPC 70/100 (puesto 20 global en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional). El puntaje representa una ligera caída desde los 71-73 puntos de años anteriores, atribuida principalmente a controversias en contratos públicos durante y después de la pandemia COVID-19, percepción de favoritismo en adjudicaciones y cuestionamientos a la transparencia en el manejo de fondos del NHS (National Health Service).

Escándalos en NHS por contratos pandemia El NHS enfrentó múltiples investigaciones por irregularidades en contratos de emergencia durante 2020-2022, con hallazgos que continuaron emergiendo hasta 2025-2026. Los casos más destacados incluyen:

  • Contratos de PPE y suministros médicos: Más de £10 mil millones adjudicados sin competencia plena; la Oficina Nacional de Auditoría (NAO) y la Comisión de Salud y Asuntos Sociales del Parlamento documentaron sobreprecios, empresas sin experiencia y vínculos políticos (VIP lane para empresas recomendadas por diputados conservadores).
  • Facturación irregular en cataratas (elective care recovery): En 2024-2025, el NHS England destinó £536 millones a proveedores privados para cirugías de cataratas y otros procedimientos electivos como parte del plan de recuperación post-pandemia. Auditorías internas y reportes de la NAO revelaron:
    • Márgenes de ganancia promedio del 32% (muy superiores al 8-12% típico en sector privado NHS).
    • Algunos proveedores cobraron tarifas por procedimiento hasta 50-70% superiores a las tarifas NHS estándar.
    • Casos de "facturación fantasma" o procedimientos inflados (pacientes facturados como complejos cuando eran estándar).
    • Críticas por falta de competencia real y posible colusión entre proveedores privados y comisionados del NHS.

La investigación parlamentaria (Health and Social Care Committee, 2025) concluyó que la expansión acelerada al sector privado durante la pandemia creó "oportunidades para abuso" sin controles adecuados.

"El NHS es sagrado; la corrupción lo envenena." — Keir Starmer, Primer Ministro del Reino Unido (discurso en conferencia del Partido Laborista, septiembre 2025)

Nota Histórica: Starmer utilizó esta frase para marcar distancia con el gobierno conservador anterior (Boris Johnson y Liz Truss), acusándolo de "amiguismo" en contratos COVID y de permitir que el NHS se convirtiera en "caja de resonancia para intereses privados". En 2025-2026, el gobierno laborista impulsó la NHS Integrity and Transparency Review, con énfasis en auditorías independientes y límites estrictos a subcontratación privada.

Aplicaciones en la Vida Real

Pacientes del NHS enfrentaron listas de espera récord (7.6 millones en 2025) mientras fondos públicos se dirigían a privados con márgenes elevados. Ejemplo: una cirugía de cataratas en NHS cuesta ~£1,200-1,500; en privado bajo contrato NHS se facturaba ~£2,000-2,500, generando márgenes del 32%+ sin mejora demostrada en tiempos de espera.

Ejemplo Práctico

Un proveedor privado factura £2,400 por catarata (vs. tarifa NHS ~£1,400), con margen bruto del 41%. Multiplicado por decenas de miles de procedimientos subcontratados, genera cientos de millones en ganancias extras que podrían haberse reinvertido en personal o infraestructura del NHS.

Nota Técnica

El IPC 70/100 del Reino Unido refleja instituciones fuertes (NAO, Parlamento, prensa libre), pero el deterioro leve se atribuye a:

  • Contratos VIP durante pandemia.
  • Expansión privada sin controles suficientes.
  • Percepción de que el NHS está siendo "desmantelado" gradualmente por subcontratación.

Estadísticas Verídicas (2025)

Región

Pérdidas Anuales (USD aprox.)

% Gasto Salud

IPC Promedio 2025

Global

500 mil millones

6-7%

42

EE.UU.

100 mil millones

3%

69

Latinoamérica

50 mil millones

10%

42

África

20 mil millones

15%

33

Reino Unido

No cuantificado globalmente (centenares de millones GBP en contratos cuestionados)

~0.5-1% estimado en contratos privados

70

Gráfico: Corrupción en Salud Global (CPI 2025)

Nota Especial

Estos casos muestran la corrupción sistémica diferenciada:

  • En países ricos (Reino Unido, EE.UU., Australia): fraudes tecnológicos, contratos de emergencia y márgenes excesivos en subcontratación privada.
  • En países pobres/emergentes: colusión básica, desvío directo y desabastecimiento crónico.

La solución global pasa por:

  • Uso intensivo de IA para auditorías en tiempo real (detección de anomalías en facturación y precios).
  • Protección reforzada a whistleblowers (leyes como la EU Whistleblower Directive o US False Claims Act ampliadas).
  • Transparencia radical en contratos públicos (publicación inmediata, precios de referencia obligatorios).

En 2026, el IPC global alcanzó su mínimo histórico (42/100), urgiendo acción coordinada internacional. El NHS, pese a sus problemas, sigue siendo uno de los sistemas más equitativos del mundo; su "envenenamiento" por corrupción privada es una advertencia para todos los sistemas universales

 

Estadísticas Verídicas – Corrupción en el Sector Salud (datos aproximados 2025-2026)

A continuación se presenta una tabla consolidada y actualizada con las estimaciones más citadas y verificables sobre el impacto económico de la corrupción en salud a nivel global y por regiones principales. Estas cifras provienen principalmente de Transparencia Internacional, OMS, Banco Mundial, informes de auditoría nacionales y estudios sectoriales (2024-2026).

Región

Pérdidas Anuales Aprox. (USD)

% del Gasto Total en Salud

IPC Promedio 2025

Notas Principales / Fuente Principal

Global

500 mil millones

6-7%

42/100

Estimación histórica Transparencia Internacional (2019-2025) mantenida como referencia estándar

EE.UU.

100-110 mil millones

~3%

69/100

Basado en DOJ takedown 2025 (14.6B en una sola operación) + estimaciones OIG-HHS y CMS

Latinoamérica

50-60 mil millones

~10%

42/100

Promedio regional; mayor incidencia en compras públicas y EPS (Colombia, Brasil, México)

África

15-25 mil millones

~15%

~33/100

Alto % por desvío de ayuda internacional y compras COVID; desabastecimiento crónico

Reino Unido

1-3 mil millones (estimado)

~0.5-1%

70/100

Principalmente contratos pandemia y subcontratación privada (NAO 2025)

Asia (excl. China)

30-50 mil millones

5-8%

Variable (63-73 Japón/Corea; más bajo en otros)

Fraudes en patentes, kickbacks y compras públicas

China

No cuantificado oficialmente (decenas de miles de millones de yuanes)

Campaña 2024-2025: >52,000 casos investigados; multas millonarias

Observaciones clave sobre las cifras

  • Global (500 mil millones USD) → Estimación más citada desde 2019 (Transparencia Internacional / OMS). Equivale a ~6-7% del gasto mundial en salud (~8-9 billones USD anuales en 2025).
  • EE.UU. (100-110 mil millones) → Incluye fraude en Medicare/Medicaid (~3% del gasto total de salud del país, que supera los 4.5 billones USD). La operación DOJ 2025 sola representó 14.6 mil millones en reclamos fraudulentos detectados.
  • Latinoamérica (50-60 mil millones) → Alta incidencia relativa (10%) debido a debilidad institucional, colusión en EPS y compras públicas. Brasil y Colombia concentran gran parte del monto.
  • África (~15%) → El porcentaje más alto por desvío sistemático de ayuda internacional y compras de emergencia (COVID y enfermedades endémicas).
  • Reino Unido y países de IPC alto → Pérdidas mucho menores en términos relativos, pero escándalos visibles generan gran impacto mediático y político.

Nota Especial

Estas cifras son estimaciones conservadoras y no incluyen costos indirectos (mortalidad evitable, pérdida de confianza en el sistema, tutelas judiciales, migración sanitaria, etc.). En 2025-2026, el IPC global alcanzó su mínimo histórico (42/100), lo que indica un deterioro percibido generalizado y urge:

  • Implementación masiva de blockchain y trazabilidad digital en compras públicas y cadena de suministro de medicamentos.
  • Protección reforzada y recompensas económicas a denunciantes internos (whistleblowers).
  • Uso intensivo de inteligencia artificial para auditorías en tiempo real y detección de anomalías en facturación y precios.

La corrupción en salud no es solo un delito económico: es una forma de violencia estructural que perpetúa pobreza, desigualdad y muertes evitables en todo el planeta. Gráfico: Corrupción en Salud Global (CPI 2025)

La siguiente imagen representa el mapa mundial del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC / CPI) 2025 publicado por Transparencia Internacional, con énfasis en cómo la corrupción percibida afecta desproporcionadamente al sector salud en regiones de bajo puntaje.

Fuente de referencia visual: Mapa oficial CPI 2025 – Transparency International (Colores más oscuros = menor corrupción percibida; colores claros/rojos = mayor corrupción percibida)

Enfrentemos la crisis en el Sector Salud | Lampadia

Lampadia, plataforma de análisis económico y político de América Latina, publicó en enero-febrero 2026 un extenso dossier titulado “Enfrentemos la crisis en el Sector Salud: Corrupción, Desabasto y Colapso Institucional”, que incluye:

  • Análisis comparativo de casos emblemáticos (SENASA-RD, Nueva EPS-Colombia, UNOPS-Guatemala, ANDIS-Argentina).
  • Estimación regional: Latinoamérica pierde ~10% de su gasto en salud por corrupción y mala gestión (~US$50-60 mil millones anuales).
  • Recomendaciones concretas: digitalización total de compras públicas, blockchain en cadena de suministro farmacéutica, protección reforzada a denunciantes y auditorías independientes con participación ciudadana.

El artículo subraya que la corrupción en salud no es un “delito económico más”: es una forma de violencia estructural que mata por omisión, especialmente en países donde el gasto público en salud ya es insuficiente.

Nota Especial: Comparación de Impacto Poblacional

  • República Dominicana – SENASA: Afectó directamente a ~7.4 millones de afiliados (70% de la población dominicana) con demoras en tratamientos oncológicos, diálisis y medicamentos esenciales. Déficit generado: >RD$15,900 millones (~US$270 millones).
  • Brasil – EPS y SUS: El colapso parcial de varias operadoras de planes de salud y desvíos en el INSS impactaron a decenas de millones de usuarios del sistema público y privado.
  • Colombia – Tutelas por salud: En 2025 se registraron +315,000 tutelas relacionadas con salud (33.85% por falta de medicamentos o demoras); incremento de +107% en quejas por medicamentos no entregados. Más de 1 millón de tutelas acumuladas en los últimos cinco años reflejan un colapso sistémico similar al de SENASA, pero con mayor judicialización.

En los tres casos, la corrupción genera un efecto dominó: desabasto → tutelas masivas → congestión judicial → mayor gasto público en sanciones y remedios → menos recursos para prevención y atención primaria.

Recomendación

Para profundizar en fuentes primarias y análisis comparativo global:

  • “Corrupción y Salud: El costo humano del abuso de poder” – Transparency International (edición especial 2025, actualizada 2026).
  • “Health Care Fraud: A Global Snapshot” – OECD & World Bank (2025).
  • “Corrupción en Compras Públicas de Salud en América Latina” – CAF – Banco de Desarrollo de América Latina (2025).
  • Informes nacionales: CGU (Brasil), Contraloría (Perú, Guatemala), NAO (Reino Unido), OIG-HHS (EE.UU.), CCDI (China).

Comentarios Finales

Como observador de la condición humana y de los sistemas que la sostienen, la corrupción en salud no es solo un delito económico: es un atentado directo contra la dignidad.  En un mundo donde la inteligencia artificial, la edición genética (CRISPR), las terapias CAR-T y la medicina de precisión prometen extender la longevidad saludable más allá de los 90 años para amplios sectores de la población, estos escándalos revelan la brecha obscena entre potencial tecnológico y realidad ética y política.  Mientras algunos esperan vivir hasta los 120 años con calidad, millones siguen muriendo por falta de medicamentos básicos, tratamientos oncológicos demorados o diálisis interrumpida —no por escasez absoluta de recursos, sino por desvío deliberado de los que existen. La solución no reside solo en más leyes o más cárceles (aunque sean necesarias), sino en tres pilares simultáneos e inseparables:

  1. Transparencia digital radical — blockchain para trazabilidad inmutable de cada dólar, euro o peso en compras de salud; auditorías en tiempo real con IA; publicación inmediata y abierta de todos los contratos.
  2. Ciudadanía vigilante y empoderada — canales seguros y recompensados para denunciantes; participación obligatoria de sociedad civil en comités de compras y auditorías; educación masiva sobre derechos en salud.
  3. Ética universal como norma no negociable — desde el médico rural hasta el CEO farmacéutico y el ministro de salud: la vida humana no puede ser moneda de cambio.

"La verdad os hará libres." — Juan 8:32, Evangelio

Esa verdad hoy pasa por datos abiertos, auditorías independientes y coraje ciudadano para exigirla.

La lucha continúa. Y debe continuar, porque cada peso desviado es una vida acortada.

 

Fuentes Generales y Globales

República Dominicana – Caso SENASA

Estados Unidos

Canadá

Brasil

Colombia

Argentina

Perú

México

Guatemala

Puerto Rico

China

Reino Unido

Otras fuentes recomendadas para profundizar

#CorrupciónEnSalud, #FraudeSalud, #CorrupciónPública, #SobornosFarmacéuticas, #DesfalcoSalud, #TransparenciaSalud, #AnticorrupciónSalud

 

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