GUERRILLAS, MILICIAS Y BANDAS ARMADAS: ¿CUÁNDO HABLAMOS DE INSURGENCIA Y CUÁNDO DE CRIMEN ORGANIZADO?
Desde las FARC hasta el Cartel de Sinaloa, desde las milicias de África Occidental hasta las maras centroamericanas: una radiografía del universo armado que no es ni puramente político ni puramente criminal — y por qué esa frontera borrosa cambia el mundo
Análisis editorial del Grupo Educajuris sobre actores armados no estatales
Epígrafe
«El rifle puede derrocar un gobierno, pero solo la idea puede llenar el vacío que deja. Cuando la idea se pudre y solo queda el fusil, la insurgencia se convierte en empresa criminal; cuando el crimen aprende a hablar de justicia, nace el híbrido que ningún Estado sabe cómo combatir».
— Reflexión editorial del autor sobre el universo armado contemporáneo.
Este epígrafe no busca adornar la página con una frase impactante. Quiere sembrar una pregunta incómoda que recorre todo el artículo: ¿qué separa realmente a un guerrillero de un narcotraficante cuando ambos portan fusiles, cobran impuestos, administran justicia y controlan territorios? La respuesta, como verás, no es tan obvia como parece. La historia del siglo veinte y lo que va del veintiuno está llena de organizaciones que empezaron con un programa político y terminaron administrando rutas de cocaína, y de bandas criminales que terminaron firmando acuerdos de paz como si fueran movimientos de liberación. Esa zona gris es el territorio que vamos a explorar.
El lector encontrará aquí nombres conocidos (las FARC, el Cartel de Sinaloa, Boko Haram, las maras) y otros menos familiares (los Mai-Mai del Congo, los katibas del Sahel, los Zetas en su origen militar). Cada caso ofrece una pieza del rompecabezas. Juntos, esos casos permiten esbozar una teoría: la frontera entre insurgencia y crimen organizado no es una línea recta, sino un terreno movedizo que se desplaza según el financiamiento, la presión estatal, el discurso y el momento histórico. Te invito a recorrerlo sin prejuicios.
Prólogo
Imagínate por un momento que viajas en helicóptero sobre la selva colombiana en 1998. Abajo, entre la niebla y los ríos color café, se extiende un territorio del tamaño de Suiza donde el Estado colombiano simplemente no llega. Allí mandan las FARC: cobran vacuna a los ganaderos, administran justicia, abren escuelas con su propio currículo y cobran impuesto a la coca. ¿Es eso insurgencia o crimen organizado? La respuesta oficial era insurgencia. La respuesta práctica, ambas cosas. Y esa dualidad es la que nos ocupa aquí.
Saltar ahora a África Occidental, al Sahel, donde grupos como Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin controlan rutas de oro, tráfico de armas y migración forzada mientras ondean banderas negras con la shahada. ¿Son terroristas religiosos, insurgentes tuareg o mafias con discurso yihadista? Probablemente las tres cosas, dependiendo del día de la semana. La realidad es tan compleja que las categorías clásicas del derecho internacional y de la politología se quedan cortas. Lo mismo ocurre en El Salvador, donde la Mara Salvatrucha cobra extorsiones a.transportistas y comerciantes, controla cárceles y barrios enteros, y al mismo tiempo se presenta como una hermandad de jóvenes desplazados por la guerra civil y la deportación.
Este artículo propone un mapa conceptual para entender ese universo. Recorre quince temas, desde la teoría clásica de la insurgencia hasta las nuevas formas híbridas que nacen en internet y en la economía cripto. Examina seis apéndices con casos concretos y ofrece un glosario de cincuenta términos con ejemplos reales. La intención no es cerrar el debate, sino abrirlo con argumentos, datos y referencias. Si al terminar de leer has discutido con amigos, familiares o estudiantes si tal grupo es uno u otra cosa, el objetivo se habrá cumplido.
Introducción
¿Cuándo un grupo armado deja de ser un movimiento político y se convierte en una empresa criminal? La pregunta parece sencilla, pero atraviesa guerras, procesos de paz, tratados internacionales y salas de redacción en todo el mundo. Pensemos en las FARC: durante décadas fueron el paradigma de la guerrilla latinoamericana, con discurso marxista, estructura militar y pretensión de tomar el poder. Hoy, tras el acuerdo de 2016, sus disidencias son descritas por la Fiscalía colombiana como bandas criminales dedicadas al narcotráfico. ¿Qué cambió? Las armas siguen ahí, los territorios siguen ahí, el dinero sigue fluyendo. Lo que cambió fue el relato, y con él la etiqueta jurídica.
Ese desplazamiento de etiquetas no es un detalle académico. Determina si un combatiente capturado recibe el trato de prisionero de guerra, si se le aplica la legislación antiterrorista o si se le juzga como narcotraficante. Define también si un gobierno puede negociar un acuerdo de paz o si debe extraditar a sus líderes a Estados Unidos. La distinción entre insurgencia y crimen organizado es, en último término, una decisión política disfrazada de categoría jurídica. Y esa decisión tiene consecuencias materiales: toneladas de ayuda militar, millones de dólares en cooperación, sanciones internacionales, programas de desarrollo.
Para complicar las cosas, muchos grupos son ambos al mismo tiempo. El Cartel de Sinaloa financia campañas políticas y controla municipios enteros en México. Las AUC colombianas, formalmente paramilitares, terminaron siendo una federación de grupos narcotraficantes. Boko Haram secuestra escolares para venderlas como esposas y al mismo tiempo recauda impuestos sobre el pescado seco en el lago Chad. Las maras centroamericanas cobran la renta a familias humildes y al mismo tiempo funcionan como redes de protección social para jóvenes sin futuro. La pureza ideológica es una rareza; el híbrido, la regla.
Este trabajo no asume que exista una respuesta correcta para cada caso. Asume, más bien, que la pregunta misma nos obliga a mirar el mundo con ojos nuevos. ¿Qué es el Estado cuando pierde el monopolio de la violencia legítima en amplias zonas de su territorio? ¿Qué es un combatiente cuando su motivación política se mezcla con intereses económicos? ¿Qué es la paz cuando se firma con grupos que conservan sus armas y sus negocios? Las páginas que siguen no resuelven esos enigmas, pero los ordenan y los ponen sobre la mesa.
Descripción del artículo
El presente texto es un análisis editorial de carácter educativo, dirigido a estudiantes de ciencias sociales, docentes, gestores migratorios, periodistas, analistas geopolíticos y público general que desea comprender el universo de los actores armados no estatales. Se estructura en quince temas centrales, seis apéndices (designados de A a F) con casos prácticos, un glosario de cincuenta términos acompañados de ejemplos reales y un bloque final con información institucional del Grupo Educajuris. La idea es ofrecer una radiografía completa sin perder profundidad.
Cada tema presenta una pregunta detonadora, varios párrafos de análisis, recuadros con datos destacados (en azul, verde o rojo según su naturaleza) y, al final, una sección de debate con preguntas abiertas. Esa estructura busca estimular la lectura crítica y la conversación posterior. No se espera que el lector termine el texto con una opinión única, sino con varias preguntas mejor formuladas. La pedagogía, aquí, vale más que la conclusión.
El estilo combina la seriedad del ensayo académico con la fluidez del periodismo narrativo. Se evitan las notas al pie interminables y se prioriza la referencia directa a nombres, fechas y lugares verificables. Las cifras provienen de informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del International Crisis Group, de la InSight Crime Foundation, del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad y de reportes periodísticos de Agence France-Presse, Reuters y Associated Press, citados en el cuerpo del texto cuando corresponde.
Propósitos
El propósito principal de este artículo es ofrecer al lector una guía conceptual clara para distinguir entre insurgencia, crimen organizado y formas híbridas que combinan elementos de ambos. Esa distinción no se hace por afán clasificatorio, sino porque tiene consecuencias jurídicas, políticas y humanitarias concretas. Saber si un grupo es uno u otro determina cómo se le combate, cómo se le negocia y cómo se le juzga. Es una diferencia entre la guerra, la policía y la diplomacia.
Un segundo propósito es humanizar el análisis. Detrás de cada sigla hay personas: adolescentes reclutados, campesinos que pagan vacuna, mujeres que sobreviven a la violencia sexual como arma de guerra, abogados que persiguen a los cabecillas. Reducir todo a categorías frías invisibiliza el drama humano. Aquí se busca lo contrario: mostrar los rostros sin perder el rigor analítico. Cada tema incluye ejemplos concretos, nombres propios y contextos verificables.
Un tercer propósito es suscitar el debate. Las preguntas que cierran cada tema no son retóricas: están pensadas para discutirse en aulas, mesas redondas, programas de radio y conversaciones familiares. La idea es que el lector salga con más preguntas que respuestas, pero con preguntas mejores planteadas. En un mundo saturado de certezas ruidosas, una buena pregunta vale más que mil tuits.
Finalmente, el texto aspira a poner sobre la mesa la realidad dominicana y latinoamericana. No se trata de un asunto lejano: las maras, los carteles mexicanos, las disidencias de las FARC, las pandillas locales y los grupos paramilitares forman parte del ecosistema de violencia regional que afecta migraciones, economías y democracias. Hablar de esto, con honestidad y sin sensacionalismo, es una responsabilidad educativa.
Motivos
¿Por qué escribir hoy sobre insurgencia y crimen organizado? Porque la pregunta está viva en las portadas de los periódicos y en las mesas de los gobiernos. La firma del acuerdo de paz colombiano en 2016 parecía cerrar un ciclo, pero las disidencias de las FARC y la persistencia del ELN demuestran que los procesos de paz no terminan con una firma. En México, el régimen de Andrés Manuel López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum discuten cada día cómo combatir al Cartel de Sinaloa y al Cartel Jalisco Nueva Generación sin militarizar el país. La pregunta reaparece sin cesar.
Otro motivo es la transformación africana. El Sahel vive desde 2020 una sucesión de golpes de Estado (Malí, Burkina Faso, Níger, Guinea) justificados en parte por la incapacidad de los gobiernos civiles para contener a los grupos armados. Rusia entró con Wagner (hoy reorganizada como África Corps), Francia salió, Estados Unidos reconfiguró sus bases. Sobre el terreno, los yihadistas cobran impuestos, administran justicia local y reclutan menores. La etiqueta de terrorista se queda corta; la de insurgencia no alcanza a captar la dimensión mafiosa.
Un tercer motivo es la migración. Las rutas que cruzan millones de personas desde África, Centroamérica y Sudamérica hacia Europa y Estados Unidos pasan por territorios controlados por grupos armados. Los coyotes pagan peaje a los carteles mexicanos; los pasadores saharianos pagan derecho de piso a los yihadistas del Sahel; las pandillas dominicanas cobran por mover personas hacia Puerto Rico. Sin entender ese universo, no se entiende la migración. Sin entender la migración, no se entiende el siglo veintiuno.
El último motivo, no menos importante, es la responsabilidad educativa. Como analista migratorio y docente, el autor considera que el silencio no es opción. Los estudiantes, migrantes y ciudadanos merecen un marco conceptual para discutir lo que ven en las noticias y viven en sus barrios. Este artículo busca llenar ese vacío con seriedad y con pasión, dos palabras que rara vez conviven pero que aquí se necesitan mutuamente.
Objetivo general
Ofrecer al lector un marco conceptual, histórico y jurídico para comprender el universo de las guerrillas, milicias y bandas armadas, distinguiendo entre insurgencia, crimen organizado y formas híbridas, y analizar casos representativos de América Latina, África y otras regiones del mundo.
Este objetivo combina tres dimensiones que rara vez se abordan juntas: lo conceptual (las definiciones y teorías), lo histórico (los procesos reales que vivieron y viven estos grupos) y lo jurídico (el tratamiento legal que reciben en el derecho internacional y nacional). Solo integrando las tres se puede tener una mirada completa. Reducir el análisis a una sola dimensión empobrece el debate y produce conclusiones apresuradas.
El objetivo incluye también una dimensión pedagógica: que el lector adquiera herramientas para analizar por sí mismo casos que no aparecen en este artículo. Si un día estalla una nueva insurgencia en Filipinas, en Pakistán o en el noreste de la India, el lector debería poder aplicar el marco aprendido y formular su propia opinión fundada. Esa es la diferencia entre memorizar hechos y desarrollar criterio.
Objetivos específicos
- Definir con precisión los conceptos de insurgencia, crimen organizado, milicia, paramilitar y banda armada, distinguiendo sus elementos esenciales.
- Identificar los criterios que permiten clasificar a un grupo armado en una u otra categoría, atendiendo a su discurso, financiamiento, organización y relación con la población.
- Analizar casos representativos como las FARC, el ELN, el Cartel de Sinaloa, las maras MS-13 y Barrio 18, Boko Haram, Al-Shabaab y las milicias del Sahel.
- Explicar el papel del narcotráfico como fuente de financiamiento de grupos insurgentes y criminales, y su impacto en la transformación de unas categorías en otras.
- Examinar la aplicación del derecho internacional humanitario a los conflictos armados no internacionales y a los actores no estatales.
- Discutir las lecciones y los fracasos de procesos de paz como el colombiano, y los desafíos que plantea la persistencia de disidencias armadas.
- Reflexionar sobre el futuro de las insurgencias en la era digital, con especial atención al uso de criptomonedas, drones, redes sociales e inteligencia artificial.
- Vincular el análisis con la realidad dominicana y latinoamericana, mostrando cómo lo que ocurre en otros continentes afecta las migraciones, la seguridad y la economía regional.
Cada objetivo específico se desarrolla a lo largo de los quince temas y se profundiza en los apéndices y el glosario. La idea es que el lector, al terminar, pueda reconocer un caso nuevo, formular hipótesis y participar en debates con bases sólidas. No se busca la unanimidad de conclusiones, sino la calidad del razonamiento.
Abstract
English: This article examines the conceptual, historical, and legal boundary between insurgency and organized crime, two categories that often overlap in the real world. Through fifteen thematic sections, six appendices, and a fifty-term glossary, the study analyzes armed groups such as the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), the Sinaloa Cartel, the MS-13 and Barrio 18 maras, Boko Haram, Al-Shabaab, the militias of the Sahel and the Democratic Republic of the Congo, and paramilitary formations. The text argues that the line between political insurgency and organized crime is not fixed but shifts according to financing, state pressure, ideology, and historical moment. It also discusses the application of international humanitarian law to non-state armed groups, the lessons and failures of peace processes, the role of drug trafficking as a source of income, and the emergence of hybrid insurgencies in the digital age. The work is educational, aimed at students, journalists, migration analysts, and citizens seeking a rigorous framework to understand a phenomenon that shapes migration, security, and democracy worldwide.
Español: Este artículo examina la frontera conceptual, histórica y jurídica entre insurgencia y crimen organizado, dos categorías que en la práctica suelen superponerse. A través de quince secciones temáticas, seis apéndices y un glosario de cincuenta términos, el estudio analiza grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Cartel de Sinaloa, las maras MS-13 y Barrio 18, Boko Haram, Al-Shabaab, las milicias del Sahel y de la República Democrática del Congo, y las formaciones paramilitares. El texto sostiene que la línea entre insurgencia política y crimen organizado no es fija, sino que se desplaza según el financiamiento, la presión estatal, la ideología y el momento histórico. También discute la aplicación del derecho internacional humanitario a los grupos armados no estatales, las lecciones y los fracasos de los procesos de paz, el papel del narcotráfico como fuente de ingresos y la emergencia de insurgencias híbridas en la era digital. La obra tiene carácter educativo, dirigida a estudiantes, periodistas, analistas migratorios y ciudadanos que buscan un marco riguroso para comprender un fenómeno que condiciona migraciones, seguridad y democracia en todo el mundo.
1. ¿Qué es una insurgencia? Definición y teoría
Una insurgencia, en su definición más aceptada, es un movimiento organizado que busca debilitar, derrotar o reemplazar a un gobierno constituido mediante el uso de la fuerza, generalmente con apoyo de una porción de la población y aprovechando la debilidad del Estado en ciertos territorios. No es cualquier violencia: requiere un proyecto político, una organización militar y una base social mínima. Sin esos tres elementos, hay delincuencia, hay terrorismo, hay revuelta, pero no insurgencia propiamente dicha.
La teoría clásica de la insurgencia se remonta a pensadores como Mao Zedong, cuya obra «Sobre la guerra prolongada» (1938) y «La guerra de guerrillas» (1937) sentaron las bases para entenderla como un proceso en tres fases: organización, consolidación y ofensiva estratégica. Mao insistía en que el guerrillero es como un pez en el agua: sin el apoyo popular (el agua), el pez muere. Esa metáfora sigue siendo la mejor síntesis de lo que distingue a una insurgencia de una banda armada: el vínculo con una población que la considera legítima, al menos en parte.
Autores posteriores como David Galula, Robert Taber y Che Guevara enriquecieron la teoría. Galula, oficial francés que combatió en Argelia, publicó en 1964 «Contrainsurgencia: teoría y práctica», donde sostiene que la insurgencia es ante todo una competencia política por el control de la población, no una guerra territorial. Taber, periodista estadounidense, acuñó la frase «la pulga y el tigre» para describir la asimetría: el insurgente es la pulga, no necesita ganar batallas campales, solo sobrevivir y desgastar al tigre. Guevara, con su concepto del foco guerrillero, propuso que un pequeño núcleo armado podía catalizar la revolución sin esperar a que las condiciones estuvieran dadas.
La insurgencia moderna, sin embargo, ha evolucionado. Ya no se limita a la guerra rural y a las montañas. Hay insurgencias urbanas (como las Brigadas Rojas en Italia o la Fracción del Ejército Rojo en Alemania), insurgencias yihadistas globales (como Al-Qaeda y el Estado Islámico), insurgencias etnonacionalistas (como los tamiles en Sri Lanka o los kurdos en Turquía) e insurgencias narcoterroristas. En todas late la misma pregunta: ¿hasta qué punto la violencia es política y hasta qué punto termina siendo instrumental para fines económicos?
● Proyecto político explícito o implícito (toma del poder, autonomía, secesión).
● Organización militar con mando, disciplina y estrategia.
● Base social que proporciona apoyo logístico, reclutamiento e información.
● Control territorial, aunque sea limitado y alternativo.
● Capacidad de supervivencia ante la presión estatal.
- ¿Puede existir una insurgencia sin apoyo popular o se convierte automáticamente en terrorismo?
- ¿La insurgencia requiere necesariamente un objetivo revolucionario, o basta con un proyecto autonomista o secesionista?
- ¿Cuándo una insurgencia deja de ser legítima a los ojos de la comunidad internacional?
- ¿El derecho a la rebelión, reconocido por algunos filósofos, tiene vigencia en el siglo veintiuno?
2. ¿Qué es el crimen organizado? Definición y tipología
El crimen organizado, según la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo, 2000), es la participación de un grupo estructurado de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y actúa con el propósito de cometer uno o más delitos graves con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio material. La definición es amplia a propósito: capta desde la mafia siciliana hasta las tríadas chinas, desde los cárteles mexicanos hasta las bandas nigerianas de fraude electrónico.
Lo que distingue al crimen organizado de la delincuencia común es la estructura, la duración y el objetivo económico. No importa tanto el delito específico (trata de personas, narcotráfico, extorsión, contrabando, fraude, robo de combustible, tala ilegal, minería ilegal, tráfico de órganos), sino la forma en que se organiza y se sostiene en el tiempo. Una banda que asalta un banco una vez es delincuencia común; una organización que lava dinero sistemáticamente, soborna autoridades y controla rutas es crimen organizado.
La tipología clásica distingue cuatro modelos. El modelo mafia (la Cosa Nostra siciliana, la 'Ndrangheta calabresa) se basa en el control de un territorio, en códigos de honor y en la prestación de servicios de protección. El modelo cartel (Sinaloa, Medellín, Cali) se centra en el control de mercados, en particular de drogas, y opera como una red empresarial. El modelo pandilla (maras, ñetas, numerosos grupos carcelarios) opera en barrios y cárceles, con reclutamiento juvenil y extorsión a escala local. El modelo red (bandas nigerianas, triángulos asiáticos) opera sin territorio fijo y se especializa en fraudes, tráfico humano y blanqueo.
● Mafia territorial: Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Yakuza. Controlan barrios, cobran protección.
● Cartel empresarial: Sinaloa, CJNG, antiguos carteles colombianos. Dominan mercados de drogas.
● Pandilla o mara: MS-13, Barrio 18, Latin Kings. Reclutan jóvenes, controlan barrios y cárceles.
● Red transnacional: Bandas nigerianas, tríadas, mafia rusa. Operan sin territorio fijo.
● Grupo paramilitar criminal: AUC, Los Zetas, Bacrim. Combinan tactics militares y negocios.
El crimen organizado no busca derrocar gobiernos ni transformar el orden político: busca convivir con él, infiltrarlo y extraer renta. Sin embargo, cuando un grupo criminal acumula tanto poder que comienza a nombrar alcaldes, a financiar campañas y a controlar parlamentarios, la frontera con lo político se vuelve porosa. Ahí nace lo que algunos autores llaman «Estado criminal» o «narco-Estado», casos en los que las instituciones son capturadas por redes ilegales. Ejemplos históricos van desde Colombia en los años ochenta hasta Guinea-Bisáu en la actualidad.
- ¿Hasta qué punto un grupo criminal puede tener ambiciones políticas sin dejar de ser criminal?
- ¿La extorsión sistemática a una comunidad es suficiente para hablar de crimen organizado, o se requiere estructura transnacional?
- ¿Puede una organización criminal transformarse en movimiento político sin renunciar a sus negocios?
- ¿Qué peso tiene el discurso ideológico a la hora de clasificar a un grupo como criminal o como político?
3. La frontera borrosa: cuando lo político se vuelve criminal y lo criminal se vuelve político
La frontera entre insurgencia y crimen organizado no es una línea recta trazada en un mapa, sino un terreno resbaladizo que cambia con el tiempo. Muchos grupos que hoy llamamos criminales empezaron con discursos políticos, y muchos que llamamos insurgentes terminaron pareciéndose a mafias. Esa fluidez es la razón por la que este artículo existe: porque las etiquetas importan, y porque se asignan muchas veces según intereses políticos y no según hechos verificables.
El primer desplazamiento es del orden político al criminal. Un grupo insurgente que requiere financiamiento descubre que el narcotráfico, la extorsión o el secuestro son fuentes rentables. Al principio, los negocios ilegales son instrumentales: se justifican como contribución a la causa. Con el tiempo, sin embargo, los combatientes se acostumbran al dinero fácil, los cuadros políticos son sustituidos por especialistas criminales y el discurso se vacía. Las FARC son el ejemplo paradigmático: pasaron de un proyecto marxista a una organización que cobraba impuestos a la coca, secuestraba para financiar la guerra y, en sus últimos años, era descrita por muchos colombianos como una banda narcoguerrillera.
El segundo desplazamiento va en sentido inverso. Un grupo criminal que controla territorios empieza a cobrar impuestos, a administrar justicia, a ofrecer servicios sociales y a negociar con autoridades. En algún momento, sus líderes descubren que el discurso político les otorga legitimidad y protección internacional. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) son un caso claro: nacieron como grupos paramilitares de autodefensa contra la guerrilla, se convirtieron en una federación criminal con sede en el narcotráfico y terminaron negociando su desmovilización como si fueran un actor político armado.
La zona gris es el espacio donde un grupo armado tiene atributos de insurgencia y de crimen organizado al mismo tiempo. Ejemplos clásicos: las FARC después del 2000, las AUC en su última etapa, Los Zetas en México, las milicias Wagner en África, Boko Haram en su facción del Estado Islámico en África Occidental. La pregunta no es qué son, sino qué predominan: ¿las motivaciones políticas o los negocios?
Los factores que empujan a un grupo hacia uno u otro lado son varios. La presión estatal militar tiende a descabezar a los cuadros políticos y a dejar en pie a los operarios criminales, que son más difíciles de identificar. La caída de los financistas internacionales (como la antigua Unión Soviética para las guerrillas latinoamericanas) obliga a buscar dinero en actividades ilícitas. La moral interna se erosiona cuando los combatientes envejecen, se casan, tienen hijos y quieren mejorar su nivel de vida. Todo eso transforma las organizaciones desde dentro.
La consecuencia jurídica es enorme. Si un grupo es clasificado como insurgente, se le aplica el derecho internacional humanitario, sus combatientes pueden ser prisioneros de guerra y se puede negociar un acuerdo de paz. Si es clasificado como criminal, se le aplican leyes antiterroristas y de narcotráfico, sus miembros son procesados penalmente y la extradición es una herramienta válida. La etiqueta, en última instancia, decide el destino de miles de personas y el rumbo de un país.
- ¿Debe el derecho internacional aceptar una categoría intermedia para los grupos híbridos?
- ¿Quién tiene autoridad para etiquetar a un grupo como insurgente o criminal: el Estado, la comunidad internacional, los académicos?
- ¿Una organización puede regresar de la criminalidad a la legitimidad política sin desarmarse?
- ¿La presión militar favorece o perjudica la transformación política de un grupo armado?
4. Las FARC en Colombia: de guerrilla a partido político (y a disidencias armadas)
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son, sin duda, el caso más estudiado de la transición entre insurgencia y crimen organizado. Nacieron en 1964 como brazo armado del Partido Comunista Colombiano, en plena Guerra Fría y tras La Violencia bipartidista de los años cincuenta. Su discurso era marxista-leninista, su objetivo era tomar el poder y su base social eran campesinos sin tierra de los Llanos Orientales y del sur del país. Durante décadas mantuvieron una estructura militar jerárquica, con frentes, bloques y estados mayores.
En los años ochenta, las FARC entraron en contacto con el boom de la cocaína. Al principio cobraban impuesto a los cultivadores y a los laboratorios; luego, en los noventa, comenzaron a participar directamente en el negocio. El secuestro extorsivo se convirtió en otra fuente masiva de ingresos: según la Fundación País Libre, las FARC secuestraron a más de diez mil personas entre 1996 y 2002. La combinación de narcotráfico y secuestro llenó sus arcas y, al mismo tiempo, erosionó su capital político. Para muchos colombianos, la guerrilla de los hijos de los campesinos se había convertido en una banda de ricachones con fusil.
El proceso de paz de La Habana (2012-2016) fue el intento más ambicioso de devolver a las FARC a la legalidad. El acuerdo firmado por Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Echeverri («Timochenko») incluía reforma rural, participación política, justicia transicional y desmovilización. La mayoría de los combatientes entregaron las armas a la misión de las Naciones Unidas; el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (luego Comunes) obtuvo curules garantizadas en el Congreso. Pero el acuerdo fue rechazado en plebiscito por un margen estrecho, modificado y finalmente implementado con dificultad.
| Etapa | Período | Característica dominante |
|---|---|---|
| Fase fundacional | 1964-1982 | Guerrilla rural marxista, autodefensa campesina |
| Expansión | 1982-1996 | Crecimiento militar, VII Conferencia, inserción en coca |
| Narcoguerrilla | 1996-2008 | Secuestro masivo, narcotráfico, pérdidas militares |
| Debilitamiento | 2008-2012 | Operación Fénix, muerte de Reyes, golpes a secretariado |
| Diálogo y acuerdo | 2012-2016 | Negociación en La Habana, plebiscito, acuerdo final |
| Transición | 2017-2022 | Desmovilización, partido Comunes, justicia transicional |
| Disidencias | 2017-presente | Frentes que no acataron el acuerdo, rearme parcial |
La historia no terminó con la firma. Las llamadas disidencias de las FARC (FARC-EP, Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central) reagruparon a combatientes que rechazaron el acuerdo o que volvieron a las armas tras incumplimientos percibidos. La Fiscalía colombiana estima en más de cinco mil los hombres armados en esas disidencias, ya sin discurso marxista y dedicadas principalmente al narcotráfico y al control de rutas. Ivan Mordisco, Gentil Duarte, John 40 son los nuevos nombres. Su parentesco con la vieja FARC es cada vez más lejano; su parecido con las Bandas Criminales (Bacrim), cada vez más cercano.
Un proceso de paz puede transformar a una guerrilla en partido político, pero no puede evitar por sí solo la aparición de disidencias criminales. La transformación política requiere no solo desmovilización, sino also reincorporación económica, seguridad para los excombatientes y cumplimiento estatal de lo acordado. Cuando esos elementos fallan, la zona gris se reactiva.
- ¿El acuerdo de 2016 fue un éxito a pesar de las disidencias, o un fracaso disfrazado de éxito?
- ¿Cómo evitar que las disidencias criminales se conviertan en la regla y no en la excepción?
- ¿La extradición de cabecillas como Jesús Santrich facilitó o dificultó la paz?
- ¿Es comparable el caso de las FARC con el del ELN, o son realidades distintas?
5. El Cartel de Sinaloa: ¿empresa criminal o actor político?
El Cartel de Sinaloa es, posiblemente, la organización criminal más famosa del siglo veintiuno. Su fundador histórico, Héctor Luis Palma Salazar («El Güero»), y su máximo líder durante décadas, Joaquín Guzmán Loera («El Chapo»), construyeron una estructura dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos que llegó a mover toneladas de cocaína, metanfetamina y heroína cada mes. Tras la extradición de Guzmán en 2017 y su condena a cadena perpetua en 2019, el cartel se fracturó en facciones lideradas por sus hijos (Los Chapitos) y por Ismael Zambada García («El Mayo»).
La pregunta que recorre este tema es si el Cartel de Sinaloa es solo una empresa criminal o si ha devenido en actor político. Los indicios del segundo rol son múltiples. El cartel financia campañas políticas a nivel municipal y estatal en Sinaloa, Durango, Chihuahua y Baja California; controla comisarías de policía; cobra derecho de piso a empresarios; administrra justicia en comunidades rurales; ofrece empleo a jóvenes sin oportunidades; y mantiene una red de comunicaciones que incluye medios locales, blogueros y hasta narcocorridos que ensalzan su imagen. En algunos municipios, la autoridad visible es el presidente municipal; la autoridad real es el jefe de plaza.
La captura de Ovidio Guzmán López en Culiacán en octubre de 2019 mostró el poder político del cartel. Tras un enfrentamiento que paralizó la ciudad y dejó calles ardiendo, el gobierno de López Obrador ordenó liberar al hijo del Chapo para evitar una matanza. Ese episodio fue leído por muchos analistas como un reconocimiento tácito de que el Estado mexicano no tenía el control militar del territorio. La posterior captura y extradición de Ovidio en 2023 demostró que esa lectura no era del todo correcta, pero la herida quedó abierta.
| Líder histórico | Alias | Rol | Estado actual |
|---|---|---|---|
| Joaquín Guzmán | El Chapo | Fundador y máximo jefe | Extraditado, cadena perpetua |
| Ismael Zambada | El Mayo | Cofundador, jefe logístico | Detenido en Estados Unidos (2024) |
| Héctor Palma | El Güero | Fundador histórico | Extraditado y liberado |
| Iván Archivaldo | Chapito | Hijo de El Chapo, jefe de facción | Prófugo |
| Jesús Alfredo | Chapito | Hijo de El Chapo, jefe de facción | Prófugo |
| Ovidio Guzmán | El Ratón | Hijo de El Chapo | Extraditado en 2023 |
| Genaro Guzmán | Guano | Hermano del Chapo | Prófugo |
El conflicto interno estallado en 2024 tras la captura de Ismael Zambada («El Mayo») en Estados Unidos, presuntamente entregado por miembros de la familia Guzmán López, marcó un nuevo capítulo. Sinaloa se convirtió en campo de batalla entre Los Chapitos y los leales a los Zambada (Los Mayitos). Decenas de muertos, desaparecidos y desplazados se cuentan en cada boletín. La pregunta sobre si el cartel es un actor político se vuelve más urgente: si una organización criminal puede paralizar un Estado, capturar polícias y dividir comunidades, ya no es solo empresa.
La respuesta para algunos especialistas es que el Cartel de Sinaloa es un «actor político criminal»: una organización que no busca derrocar al Estado, pero que controla partes de él y negocia con sus representantes. Esa categoría intermedia, propuesta por especialistas como Edgardo Buscaglia y Juan Carlos Garzón, ayuda a entender realidades que ni la teoría de la insurgencia ni la del crimen organizado captan del todo. El reto, para México y para el mundo, es cómo combatir a un actor que es ambas cosas a la vez.
- ¿Tiene sentido hablar de carteles como actores políticos, o se diluye así el concepto de lo político?
- ¿La política de militarización del combate al narco en México ha fracasado, o simplemente no se le ha dado suficiente tiempo?
- ¿La extradición de cabecillas resuelve algo o solo reacomoda los liderazgos?
- ¿La legalización de las drogas haría más o menos vulnerable a una organización como Sinaloa?
6. Las maras en Centroamérica: MS-13 y Barrio 18
Las maras son, posiblemente, la forma más visible y peor comprendida de agrupación armada en América Latina. La Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla Dieciocho (Barrio 18) surgieron en Los Ángeles en los años ochenta, en barrios de migrantes centroamericanos que huían de las guerras civiles de El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Los jóvenes, marginados y acosados por pandillas afroamericanas y mexicanas, formaron sus propios grupos de protección. Con las deportaciones masivas desde Estados Unidos en los noventa, esa cultura pandillera regresó a Centroamérica y echó raíces en barrios pobres y cárceles saturadas.
La MS-13 tiene una estructura celular llamada «clicas», cada una con su territorio, su líder (el «palabrero») y su nombre. Sus códigos son estrictos: el uso de tatuajes visibles, el saludo con tres puntos y una letra M, la lealtad absoluta al grupo y la violencia extrema contra rivales y desertores. El Barrio 18 se divide en dos grandes ramas: la Sureña y la Revolucionaria, con culturas y liderazgos distintos. Ambas pandillas operan en El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos, con presencia creciente en España, Italia y otros países europeos.
● Estimaciones de la Policía Civil de El Salvador hablaban de unos 70.000 pandilleros activos antes del régimen de excepción de 2022.
● La extorsión («la renta») mueve cientos de millones de dólares anuales en la región centroamericana.
● El reclutamiento empieza desde los 8 a 12 años en barrios controlados por la pandilla.
● Las maras controlan transporte público, mercados, escuelas y centros comerciales.
● La relación con el narcotráfico es de distribución al menudeo y cobro de peaje a carteles.
¿Son las maras crimen organizado o bandas armadas? La distinción es relevante. Las maras no tienen proyecto político, no buscan tomar el poder y no se presentan como alternativa de gobierno. Pero sí tienen estructura jerárquica, códigos, territorio y capacidad de desafiar al Estado. En varios momentos de la historia reciente, las maras han negociado treguas con gobiernos: en El Salvador en 2012, bajo el gobierno de Mauricio Funes, las pandillas pactaron reducir los homicidios a cambio de mejoras carcelarias. Esa negociación, aunque informal, mostró que las maras tienen un comportamiento de actor colectivo con poder para pactar.
El régimen de excepción declarado por Nayib Bukele en marzo de 2022, tras una ola de homicidios en un solo fin de semana, ha cambiado el escenario. Decenas de miles de sospechosos han sido detenidos, las cárceles se han llenado (incluyendo el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, construido para alojar 40.000 reclusos), y la tasa de homicidios ha caído a niveles récord. La opinión pública salvadoreña apoya masivamente la política. Organismos de derechos humanos han denunciado abusos, detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia. El debate sobre si esta es una salida duradera o un paliativo temporal sigue abierto.
Las maras, a diferencia de los carteles mexicanos o las guerrillas colombianas, no buscan el poder político. Pero afectan la vida cotidiana de millones de personas en Centroamérica y en barrios migrantes de Estados Unidos. Su existencia condiciona la migración (muchos huyen de las pandillas), la economía (muchos negocios pagan renta), la educación (muchas escuelas pierden alumnos al reclutamiento) y la política (muchos alcaldes negocian con pandilleros). No es insurgencia, pero tampoco es simple delincuencia. Es algo distinto, y merece una categoría propia.
- ¿Las maras son crimen organizado, bandas armadas o una categoría aparte que necesita su propio marco conceptual?
- ¿El régimen de excepción salvadoreño es un modelo replicable o una solución autoritaria con costos ocultos?
- ¿Por qué las políticas de mano dura de las décadas pasadas no lograron desmantelar a las pandillas?
- ¿La rehabilitación de pandilleros es posible, o el estigma social y los códigos internos lo impiden?
7. Las milicias en África: Congo, Malí, Nigeria y Sahel
El continente africano es probablemente el laboratorio más activo de formas híbridas de violencia armada. Las milicias, en particular, son una categoría que mezcla elementos de autodefensa comunitaria, crimen organizado, insurgencia etnonacionalista y proxy de potencias extranjeras. No hay dos milicias iguales: los Mai-Mai del Congo, los Anti-balaka de la República Centroafricana, los grupos de autodefensa tuareg en Malí, los vigilantes en Nigeria, los grupos Kamwina Nsapu son realidades muy distintas que comparten el rótulo de «milicia».
Las milicias Mai-Mai del Congo son, posiblemente, el ejemplo más antiguo. Surgieron en los años sesenta como grupos de autodefensa contra las invasiones extranjeras (Ruanda, Uganda) y contra el ejército nacional. Sus combatientes portan amuletos que creen les protegen de las balas, conservan rituales tradicionales y mantienen vínculos con sus comunidades. Sin embargo, muchas facciones Mai-Mai se han dedicado a la explotación ilegal de minerales (coltán, oro, estaño), al reclutamiento de menores y a la violencia sexual. La línea entre autodefensa y crimen organizado es delgada.
| Milicia | País | Origen | Actividad actual |
|---|---|---|---|
| Mai-Mai | Rep. Dem. Congo | Autodefensa comunitaria | Explotación minera, secuestros |
| Anti-balaka | Rep. Centroafricana | Autodefensa cristiana | Violencia sectaria, saqueos |
| Seleka | Rep. Centroafricana | Coalición rebelde musulmana | Fracturada, parcialmente desarmada |
| Movement for Oneness | Malí | Insurgencia tuareg | Yihadismo parcial, contrabando |
| Boko Haram | Nigeria, Chad, Camerún | Insurgencia yihadista | Secuestros, impuestos, atentados |
| Wagner / África Corps | Varios | Empresa militar privada rusa | Apoyo a gobiernos, minería |
| LDKA, M23 | Rep. Dem. Congo | Rebelión tutsi | Control territorial, minería |
En el Sahel, el fenómeno es distinto. Tras la rebelión tuareg de 2012 en Malí, una coalición de grupos rebeldes se alió con facciones yihadistas (AQMI, Ansar Dine, MUJAO) y tomó el norte del país. La intervención francesa Operation Serval en 2013 los dispersó, pero no los derrotó. En 2015 surgió Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), filial de Al-Qaeda en el Sahel, que combina discurso yihadista con control territorial y recaudación de impuestos. En Burkina Faso, grupos similares como Ansaroul Islam y el Estado Islámico en el Gran Sahara han desplazado a cientos de miles de personas.
El caso de Nigeria merece mención aparte. Boko Haram (cuyo nombre oficial es Yamilatu Ahlis Sunna Lidda'awati wal-Yihad, «Compañía de la Gente de la Sunna para la Predicación y la Guerra Santa») surgió en 2002 en Maiduguri bajo el liderazgo de Mohammed Yusuf. Tras la ejecución extrajudicial de Yusuf en 2009, su sucesor Abubakar Shekau lanzó una insurgencia armada que secuestró a 276 estudiantes de Chibok en 2014 y declaró lealtad al Estado Islámico en 2015. Una facción disidente, el Estado Islámico en África Occidental (ISWAP), se separó por desacuerdos sobre la brutalidad de Shekau y hoy controla parte del noreste de Nigeria.
● Base comunitaria étnica o religiosa que justifica la violencia como autodefensa.
● Financiamiento mixto: extorsión local, minería ilegal, contrabando, apoyo externo.
● Relación ambigua con el Estado: a veces apoyadas, a veces combatidas, a veces toleradas.
● Vínculos con actores externos: potencias extranjeras, empresas militares privadas, redes yihadistas.
● Capacidad de mutar: se transforman según presiones, oportunidades y liderazgos.
La presencia de empresas militares privadas como Wagner (hoy reorganizada como África Corps tras la muerte de Yevgueni Prigozhin en 2023) ha introducido una variable nueva. Wagner opera en la República Centroafricana, Malí, Burkina Faso, Níger y Libia, ofreciendo seguridad a gobiernos frágiles a cambio de concesiones mineras. ¿Es Wagner una milicia? ¿Un grupo insurgente? ¿Una empresa criminal con uniforme? Probablemente ninguna de las tres: es un híbrido nuevo que mezcla estado, empresa privada y actor armado, y que merece una categoría propia en el derecho internacional.
- ¿Las milicias de autodefensa se legitiman cuando el Estado no protege, o son siempre ilegales?
- ¿Qué diferencia a una milicia de una banda armada: el discurso, la base social, el territorio?
- ¿La presencia de Wagner en África es una nueva forma de colonialismo o una cooperación legítima?
- ¿Los grupos yihadistas del Sahel son insurgencias religiosas, movimientos criminales o两者兼有?
8. Los grupos paramilitares: historia y doctrina
Los grupos paramilitares son organizaciones armadas que actúan con cierto grado de coordinación con el Estado, aunque no formen parte oficial de sus fuerzas. Su origen doctrinal está en la doctrina de seguridad nacional y en la estrategia de contrainsurgencia de la segunda mitad del siglo veinte. La idea central fue que el Estado no podía combatir solo a las guerrillas y necesitaba armar a civiles, a terratenientes, a grupos de autodefensa. La consecuencia, en muchos países, fue la aparición de grupos que cometieron atrocidades con impunidad relativa, alegando combatir a la subversión.
El caso más estudiado es el colombiano. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lideradas por Carlos Castaño Gil y Salvatore Mancuso, surgieron en los años noventa como federación de grupos de autodefensa campesina que combatían a las FARC y al ELN. Rápidamente se convirtieron en una maquinaria de muerte: masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos, alianzas con narcotraficantes y políticos. La Ley de Justicia y Paz de 2005 permitió su desmovilización, pero muchas de sus estructuras se reconvirtieron en las Bandas Criminales Emergentes (Bacrim): Los Urabeños, Los Rastrojos, Los Paisas, el Clan del Golfo (autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia).
| Grupo paramilitar | País | Período | Categoría |
|---|---|---|---|
| AUC | Colombia | 1997-2006 | Paramilitar con vocación política y criminal |
| Clan del Golfo | Colombia | 2006-presente | Bacrim heredera de AUC |
| Los Zetas | México | 1999-2014 | Exmilitares devenidos en cártel |
| Tigrillos | Perú | 1983-1992 | Comités de autodefensa antisubversiva |
| CONVIVIR | Colombia | 1994-1999 | Asociaciones de vigilancia legal |
| Mujahedin-e Khalq | Irán/Irak | 1965-presente | Organización armada política militar |
| Fuerzas Democráticas Aliadas | Uganda/ Congo | 1995-presente | Grupo armado con origen paramilitar |
Los Zetas merecen mención especial. Nacieron en 1999 cuando Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cartel del Golfo, reclutó a desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del ejército mexicano para que sirvieran como brazo armado del cártel. Pronto, los discípulos se volvieron contra los maestros: bajo el liderazgo de Heriberto Lazcano («El Verdugo») y Miguel Treviño («El Z-40»), Los Zetas se independizaron en 2010 y se convirtieron en el cártel más brutal de México, especializado en decapitaciones, masacres y control territorial. Su táctica militarizada marcó un antes y un después en la narcoviolencia mexicana.
La doctrina paramilitar no es exclusiva de América Latina. En Argelia, durante la guerra civil de los años noventa, los «patriotas» armados por el Estado combatieron a los grupos islamistas y cometieron abusos sistémicos. En Ruanda, las milicias Interahamwe fueron el brazo civil del genocidio de 1994. En la República Democrática del Congo, las milicias Mai-Mai han sido apoyadas por el gobierno contra los invasores ruandeses y ugandeses. En Myanmar, las milicias Pyusawhti combaten a la resistencia contra la junta militar. La fórmula se repite: el Estado arma a civiles, los civiles se vuelven autónomos y terminan cometiendo crímenes que el Estado no puede o no quiere controlar.
El paramilitarismo surge típicamente cuando el Estado decide delegar la violencia contrainsurgente en civiles armados. Teóricamente, debería subordinarse a la cadena de mando militar. En la práctica, los grupos paramilitares desarrollan intereses propios, se alían con actores económicos ilegales y terminan siendo un problema para el mismo Estado que los creó. La historia de las AUC y de Los Zetas muestra que armar a civiles para combatir a la insurgencia es una solución a corto plazo con consecuencias a largo plazo.
El reto jurídico es enorme. ¿Quién responde por los crímenes del paramilitarismo: el Estado que los armó, los jefes paramilitares, los combatientes individuales? La Corte Penal Internacional ha tratado casos como el de Thomas Lubanga (condenado en 2012 por reclutamiento de menores en la República Democrática del Congo) y ha establecido que los paramilitares pueden ser considerados autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad. En Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz investiga actualmente decenas de miles de crímenes cometidos por las AUC y sus sucesores.
- ¿El Estado puede delegar legítimamente el uso de la fuerza en grupos paramilitares?
- ¿Cómo juzgar a los paramilitares sin convertirlos en mártires políticos para sus bases sociales?
- ¿La experiencia colombiana con la Ley de Justicia y Paz es un modelo exportable?
- ¿La doctrina de seguridad nacional justificó la creación de paramilitares o fue una excusa?
9. El narcotráfico como fuente de financiamiento de insurgencias
El narcotráfico es, sin duda, la fuente de financiamiento más rentable y corrosiva de las insurgencias contemporáneas. Cuando un grupo armado descubre que el cultivo, procesamiento y tráfico de drogas ilícitas produce más dinero que cualquier contribución voluntaria, su naturaleza cambia. El dinero droga la causa, los cuadros se profesionalizan en el crimen, el discurso se vacía y los combatientes descubren que están más cerca del narco que del revolucionario. Esa transformación ha ocurrido en decenas de casos.
El caso colombiano es paradigmático. Las FARC, antes de su inmersión en el narcotráfico, vivían de contribuciones voluntarias, del secuestro extorsivo y del cobro de impuestos a cultivos comerciales. A partir de los años ochenta, el boom cocalero transformó sus finanzas. Estimaciones de la Fiscalía colombiana calculan que las FARC llegaron a percibir entre 500 millones y mil millones de dólares anuales por concepto de narcotráfico. Ese dinero financió su crecimiento militar, pero también corrompió a sus mandos y alejó a la base social campesina. El ELN, aunque más modesto en su inmersión narco, también fue contaminado.
El caso peruano ofrece otra variante. Sendero Luminoso, en los años ochenta, controlaba el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), donde cobraba impuesto a los cultivadores de coca. La captura de Abimael Guzmán en 1992 asestó un golpe decisivo, pero las remanentes senderistas se refugiaron en el VRAEM y se asociaron con el narcotráfico para sobrevivir. Hoy, los pocos senderistas activos son descritos por la policía peruana como una banda narcoterrorista sin discurso ideológico real. La transformación es completa.
| Grupo armado | País | Droga dominante | Modalidad |
|---|---|---|---|
| FARC | Colombia | Cocaína | Cultivo, impuesto, tráfico |
| ELN | Colombia | Cocaína | Impuesto y protección |
| Sendero Luminoso | Perú | Cocaína | Cultivo y tráfico en VRAEM |
| Talibán | Afganistán | Opio y heroína | Impuesto (ushr) a cultivadores |
| ETA | País Vasco/España | Hachís | Extorsión («impuesto revolucionario») |
| IRA Provisional | Irlanda/Reino Unido | Varios | Contrabando y extorsión |
| Kachin Independence Army | Myanmar | Metanfetamina y opio | Cultivo y producción directa |
| Talibanes filipinos | Filipinas | Metanfetamina | Protección a laboratorios |
El caso afgano es probablemente el más extremo. Los talibanes, según informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, perciben entre 100 millones y 400 millones de dólares anuales del opio, que financia su insurgencia contra el gobierno de Kabul y las fuerzas internacionales. Tras la toma del poder en agosto de 2021, los talibanes prometieron erradicar el cultivo, pero la economía afgana depende del opio hasta tal punto que un corte radical provocaría hambruna. El matrimonio entre insurgencia y narcotráfico se ha vuelto tan estrecho que es difícil saber dónde termina uno y empieza el otro.
● Financieramente: disponible de fondos masivos, no requiere apoyo externo ni popular.
● Organizativamente: aparición de roles especializados (químicos, pilotos, lavadores).
● Discursivamente: justificación del narcotráfico como aporte a la lucha antiimperialista.
● Socialmente: distancia entre los combatientes y los campesinos cocaleros.
● Internacionalmente: pérdida de simpatías, inclusión en listas de narcotráfico.
● Moralmente: corrupción interna, enriquecimiento de mandos, pérdida de mística.
Las nuevas rutas también transforman a las insurgencias. La ruta de la cocaína hacia Europa vía África Occidental ha enriquecido a grupos como Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y a redes yihadistas del Sahel, que cobran peaje a los cargamentos que cruzan sus territorios. La ruta de la metanfetamina en el sudeste asiático financia a grupos armados como el Ejército de Independencia Kachin y el Ejército de Arakan en Myanmar. La economía ilegal global ha creado un ecosistema en el que la violencia política y el crimen se retroalimentan sin cesar.
El reto para los procesos de paz es enorme. Si un grupo insurgente depende económicamente del narcotráfico, su desmovilización implica perder una fuente masiva de ingresos y, por tanto, una manera de vivir. Muchos excombatientes colombianos retornaron a la coca porque no encontraron alternativas viables. La paz, sin desarrollo alternativo en las zonas cocaleras, es una promesa incumplida. El narcotráfico, en última instancia, es un problema económico que no se resuelve solo con armas, sino con oportunidades.
- ¿La legalización de las drogas privaría de financiamiento a las insurgencias o las transformaría?
- ¿Es posible un proceso de paz duradero sin programas serios de desarrollo alternativo?
- ¿El término «narcoguerrilla» es descriptivo o politizado?
- ¿Las insurgencias que rechazan el narcotráfico (como el EZLN mexicano) tienen más legitimidad?
10. El Estado fallido: caldo de cultivo para actores armados
El concepto de Estado fallido ha sido criticado por impreciso, pero describe una realidad innegable: hay Estados que no logran ejercer el monopolio de la violencia legítima en todo su territorio, no logran proveer servicios básicos a su población y no logran mantener el orden público. En esos espacios, los actores armados no estatales ocupan el vacío. La pregunta es si esos actores son insurgentes, criminales o algo distinto; la respuesta suele depender del caso.
El Índice de Estados Frágiles, publicado anualmente por el Fund for Peace, mide indicadores como cohesión estatal, legitimidad política, derechos humanos, economía y servicios sociales. En los últimos años, los Estados catalogados como más frágiles incluyen Somalia, Siria, Yemen, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Afganistán, Haití y Myanmar. En cada uno de ellos operan múltiples grupos armados con características distintas.
| Estado frágil | Actores armados activos | Tipo dominante |
|---|---|---|
| Somalia | Al-Shabaab, milicias claniles, fuerzas estatales | Insurgencia yihadista + milicias de clan |
| Yemen | Hutíes, Al-Qaeda en la Península Arábiga, separatistas | Insurgencia sectaria + yihadismo |
| Siria | Rojava, HTS, Estado Islámico, Hezbolá | Insurgencia multiple + proxy exterior |
| Sudán del Sur | SPLA-IO, NDM, milicias étnicas | Insurgencia post secesión |
| Rep. Dem. Congo | M23, ADF, Mai-Mai, FDLR | Milicias + insurgencia + proxy |
| Haití | G9, Kraze Baryè, 400 Mawozo | Bandas armadas criminales |
| Afganistán | ISIS-K, NRF, Frente de Resistencia | Yihadismo + insurgencia post toma talibana |
Somalia es uno de los ejemplos más extremos. Desde la caída de Siad Barre en 1991, el país no ha tenido un gobierno central efectivo en todo su territorio. Al-Shabaab, que surgió como brazo armado de la Unión de Tribunales Islámicos en 2006, controla amplias zonas rurales del centro y del sur, cobra impuestos (zakat), administra justicia según la sharia y lleva a cabo atentados en Mogadiscio. Es, simultáneamente, una insurgencia política con proyecto islamista y una organización criminal con extorsión, contrabando de carbón y tráfico de armas. La categoría única no captura su complejidad.
El caso haitiano muestra otra variante. Tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, las bandas armadas de Puerto Príncipe se fortalecieron. Aliados con sectores políticos y económicos, grupos como la G9 y Alianza Famni se han convertido en actores con poder para paralizar la capital, controlar el transporte y cobrar peajes a la ayuda humanitaria. ¿Son bandas criminales o insurgencias? La respuesta oficial es lo primero. Pero cuando una banda tiene poder para derrocar gobiernos, la etiqueta se queda corta.
● Ausencia de presencia estatal en zonas rurales o marginales urbanas.
● Pobreza estructural que hace del reclutamiento una opción racional para jóvenes.
● Recursos extraíbles ilegales (minerales, drogas, madera) que financian la violencia.
● Debilidad del sistema judicial, que abre la puerta a la justicia privada.
● Conflictos étnicos o religiosos no resueltos que justifican la autodefensa armada.
● Fronteras porosas que facilitan el contrabando de armas y personas.
El Estado fallido no es solo una situación interna: tiene consecuencias regionales y globales. Los Estados frágiles exportan migración, refugiados, drogas, armas y extremismos. La falla del Estado afgano permitió que Al-Qaeda planificara el 11 de septiembre. La falla del Estado somalí extendió la piratería al Cuerno de África. La falla del Estado libio convirtió al país en plataforma de tráfico humano hacia Europa. La falla del Estado colombiano permitió que las FARC y los paramilitares controlaran vastas zonas durante décadas. La falla estatal no es solo un problema local: es un problema global.
La reconstrucción del Estado es, por tanto, una prioridad estratégica. Pero no cualquier Estado: un Estado que monopolice legítimamente la violencia, provea servicios básicos, administre justicia imparcial y represente a todas las comunidades. Esa reconstrucción es lenta, costosa y políticamente compleja. Requiere instituciones, recursos y paciencia. Los atajos (como apoyarse en milicias o en empresas militares privadas) suelen producir短期gains y problemas a largo plazo. La historia lo demuestra una y otra vez.
- ¿El concepto de Estado fallido es una herramienta analítica útil o una etiqueta estigmatizante?
- ¿Cuándo una intervención humanitaria extranjera se justifica para reconstruir un Estado fallido?
- ¿Las empresas militares privadas pueden sustituir al Estado en zonas donde este no llega?
- ¿La reconstrucción del Estado debe ser anterior, simultánea o posterior a la pacificación militar?
11. El derecho internacional humanitario: ¿se aplica a criminales?
El derecho internacional humanitario (DIH), también llamado derecho de los conflictos armados, es el conjunto de normas que limitan el uso de la violencia en los conflictos armados y protegen a las personas que no participan en las hostilidades. Sus fuentes principales son los Convenios de Ginebra de 1949, sus Protocolos Adicionales de 1977 y el derecho internacional consuetudinario. La pregunta central de este tema es si el DIH se aplica a grupos armados no estatales y, en particular, a aquellos que podríamos llamar criminales.
La respuesta clásica es que el DIH se aplica a los conflictos armados, no a las situaciones de delincuencia común. El artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra establece que se aplica en los conflictos armados no internacionales (CANI), es decir, aquellos que se desarrollan en el territorio de un Estado entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados. El Protocolo Adicional II de 1977 amplía esta protección a conflictos más intensos. Pero, ¿cuándo una violencia es conflicto armado y cuándo es delincuencia?
● Organización: el grupo armado debe tener estructura jerárquica, mando, capacidad operativa.
● Intensidad: la violencia debe superar un umbral (duración, número de combates, armas usadas).
● Control territorial: no es estrictamente necesario, pero ayuda a distinguir conflicto de bandolerismo.
● Capacidad de operar como fuerza militar: planificar operaciones, respetar distinciones.
Sobre esa base, varios tribunales internacionales han determinado que el DIH se aplica a las FARC, al ELN, a las AUC, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a los grupos armados en Myanmar, a las milicias en la República Democrática del Congo y a otros. La Corte Penal Internacional ha procesado a líderes de grupos armados no estatales como Thomas Lubanga, Bosco Ntaganda, Dominic Ongwen y Joseph Kony (este último prófugo) por crímenes de guerra y lesa humanidad. El mensaje es claro: el DIH obliga también a los actores no estatales.
La pregunta más difícil es si se aplica a grupos que llamamos criminales, como los carteles mexicanos o las maras centroamericanas. Aquí las opiniones se dividen. Algunos especialistas, como el jurista Antonio Cassese, sostienen que si el grupo cumple los criterios de organización e intensidad, el DIH aplica, sin importar su motivación. Otros, como la Cruz Roja en algunos informes, prefieren reservar la categoría para grupos con vocación política. La práctica de los Estados es variada: México rechaza aplicar el DIH al combate contra los carteles; Colombia lo acepta en su legislación para las FARC y las AUC.
| Grupo armado | Calificación | Trato jurídico |
|---|---|---|
| FARC (antes de 2016) | Insurgencia | DIH aplicado, juzgado por justicia transicional |
| AUC | Paramilitar | DIH aplicado, Ley de Justicia y Paz |
| Disidencias FARC | Bandas criminales | Tratadas como crimen organizado |
| Cartel de Sinaloa | Empresa criminal | Sin DIH, legislación antinarcótica |
| MS-13 | Mara | Sin DIH, ley antipandillas |
| Talibán | Insurgencia | DIH aplicado en conflicto armado |
| Estado Islámico | Organización terrorista | DIH aplicado en zonas de conflicto |
La consecuencia práctica de aplicar o no el DIH es enorme. Si se aplica, los combatientes capturados deben ser tratados humanamente, no pueden ser torturados, tienen derecho a juicio justo y, en algunos casos, a prisionero de guerra. Si no se aplica, son tratados como delincuentes comunes y pueden ser procesados por crímenes ordinarios. Para el Estado, aplicar el DIH significa reconocer que tiene un problema de guerra, no de policía; no aplicar, significa insistir en que el enemigo es un criminal que debe ser juzgado. La etiqueta es política.
Otra consecuencia es que la aplicación del DIH obliga a los grupos armados a respetar normas mínimas: no atacar civiles, no usar escudos humanos, no reclutar menores, no cometer violencia sexual, no tomar rehenes, no usar armas prohibidas. Esto puede parecer una ironía cuando se habla de grupos que se dedican precisamente a esas prácticas, pero la experiencia demuestra que muchos grupos armados sí respetan ciertas normas por razones estratégicas (no perder apoyo popular, evitar represalias, mantener disciplina interna). La existencia del marco DIH da a las organizaciones humanitarias un punto de partida para negociar.
- ¿Aplicar el DIH a carteles como el de Sinaloa legitimaría su estatus político?
- ¿El derecho a un juicio justo es aplicable a líderes de organizaciones criminales?
- ¿La justicia transicional es útil solo para insurgencias o también para crimen organizado?
- ¿Los Estados deben aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para sus propios abusos?
12. Las FARC, el ELN y la paz en Colombia: lecciones y fracasos
El proceso de paz colombiano es, sin duda, el laboratorio más rico de los últimos años en la materia. Combina el acuerdo con las FARC (firmado en 2016), los intentos frustrados con el ELN (suspendidos en 2019) y la implementación de la justicia transicional a través de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sus lecciones son múltiples y complejas: hay avances reales, retrocesos preocupantes y zonas grises donde los actores armados siguen operando.
El acuerdo con las FARC incluyó seis puntos: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas, víctimas y mecanismos de implementación. La firma se hizo el 26 de septiembre de 2016 en Cartagena, en una ceremonia con presencia internacional. El plebiscito del 2 de octubre rechazó el acuerdo por un margen estrecho (50.2% contra 49.8%), lo que obligó a renegociar varios puntos y a firmar un acuerdo final modificado el 24 de noviembre. La implementación comenzó en 2017 con la desmovilización de más de 13.000 combatientes.
| Logro | Detalle | Estado actual |
|---|---|---|
| Desmovilización | 13.000 combatientes entregaron armas | Completado, con deserciones posteriores |
| Partido Comunes | 16 curules garantizadas en Congreso | Activo, con baja electoral |
| Jurisdicción Especial para la Paz | Tribunal transicional | Funcionando, con sentencias |
| Reforma rural | 3 millones de hectáreas prometidas | Entregadas parcialmente |
| Programas de sustitución | Familias cocaleras reconvertidas | Avance lento, abandono parcial |
| Unidades de acción rápida | Reincorporación colectiva | Funcionando con dificultades |
| Sistema integral de verdad | Comisión de la Verdad, unidad de búsqueda | Informes publicados en 2022 |
Las dificultades también son múltiples. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), más de 350 excombatientes de las FARC han sido asesinados desde 2016. Las disidencias armadas (Frente Oliver Sinisterra, Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central) reagruparon a quienes no aceptaron el acuerdo o que volvieron a las armas tras incumplimientos. La sustitución de cultivos ilícitos avanza lentamente y muchos cocaleros han retornado a la coca. La reforma rural no ha entregado las tierras prometidas. La seguridad en zonas de reincorporación sigue siendo precaria.
El ELN, por su parte, sigue activo. Sus intentos de negociación con el gobierno de Juan Manuel Santos y con el de Gustavo Petro no han prosperado. El ELN tiene una estructura más horizontal y federada que las FARC, lo que dificulta los acuerdos: cada frente tiene autonomía, sus propios recursos y su propia línea política. Las conversaciones de Quito (2017-2018) y de México (2023-2024) se suspendieron tras incidentes como el atentado contra la Escuela General Santander en enero de 2019, que dejó 22 cadetes muertos. Hoy, el ELN sigue secuestrando, extorsionando y combatiendo en zonas como el Chocó, Arauca y Cauca.
● Un acuerdo no es paz: la implementación es más difícil que la firma.
● La reincorporación económica es tan importante como la desmovilización militar.
● La seguridad de los excombatientes es prioritaria; sin ella, el rearme acecha.
● La sustitución de cultivos ilícitos requiere tiempo, recursos y alternativas reales.
● La justicia transicional debe equilibrar verdad, justicia, reparación y no repetición.
● Los acuerdos parciales (solo con un actor) dejan a los otros actores en ventaja.
● La polarización política interna puede descarrilar la implementación.
El gobierno de Gustavo Petro intentó lanzar una política de «paz total» que incluyera negotiation con el ELN, con las disidencias de las FARC y con los grupos paramilitares herederos de las AUC (Clan del Golfo, Los Pachenca, Los Caparrapos). Los avances han sido dispares: alto el fuego bilateral con el ELN en 2023, roto en 2024; diálogos con el Clan del Golfo; tensiones con el Congreso y con sectores militares. La lección es que la paz total es ambiciosa pero políticamente compleja: requiere mayoría legislativa, voluntad militar y paciencia social, tres ingredientes que rara vez coinciden.
El caso colombiano muestra que la paz es un proceso, no un evento. Que los acuerdos firmados pueden sobrevivir a gobiernos hostiles, pero solo si la sociedad civil los defiende. Que la justicia transicional es necesaria pero imperfecta, y que sus hallazgos (verdad, reparación) tardan décadas en consolidarse. Que la zona gris entre insurgencia y crimen organizado reaparece en cada esquina: cuando las disidencias de las FARC se convierten en bandas narcotraficantes, el acuerdo de paz no fracasa, pero tampoco triunfa del todo. Es lo que hay, y es mejor que la guerra, aunque no sea suficiente.
- ¿El acuerdo con las FARC fue exitoso a pesar de las disidencias, o es un éxito parcial?
- ¿La paz total de Petro es realista o sobrecarga la agenda pública?
- ¿La JEP es un modelo exportable a otros procesos de paz?
- ¿Cómo evitar que el ELN se aproveche de la firma con las FARC para fortalecerse?
- ¿La extradición a Estados Unidos ayuda o perjudica los procesos de paz?
13. Boko Haram y Al-Shabaab: terrorismo, insurgencia o crimen
Boko Haram y Al-Shabaab son dos de los grupos armados más letales del siglo veintiuno. Ambos combinan elementos de insurgencia política con prácticas criminales, lo que los convierte en ejemplos perfectos de la zona gris que este artículo explora. Su análisis permite discutir si las categorías de terrorismo, insurgencia y crimen organizado son realmente útiles, o si necesitamos nuevas herramientas conceptuales.
Boko Haram surgió en 2002 en Maiduguri, noreste de Nigeria, bajo el liderazgo de Mohammed Yusuf, un clérigo que predicaba contra la corrupción del gobierno nigeriano y contra la influencia occidental en la educación. Su nombre oficial, Yamilatu Ahlis Sunna Lidda'awati wal-Yihad, «Compañía de la Gente de la Sunna para la Predicación y la Guerra Santa», revela su origen como movimiento de predicación más que como organización armada. La represión policial de 2009, que culminó con la ejecución extrajudicial de Yusuf, transformó al grupo: bajo el liderazgo de Abubakar Shekau, Boko Haram se volvió violento, declaró la yihad y comenzó a controlar territorio.
El punto más bajo fue el secuestro de Chibok en abril de 2014, cuando militantes de Boko Haram tomaron 276 estudiantes de una escuela secundaria en el estado de Borno. La campaña #BringBackOurGirls movilizó a la opinión pública internacional, pero la mayoría de las jóvenes no regresaron. Algunas fueron forzadas a casarse con combatientes; otras murieron en cautiverio; unas pocas lograron escapar o fueron liberadas tras negociaciones. Boko Haram también masacró pueblos enteros, utilizó a niños suicidas y destruyó escuelas, mercados e iglesias. En 2015, Shekau juró lealtad al Estado Islámico y rebautizó al grupo como Estado Islámico en África Occidental (ISWAP).
| Grupo | Origen | Líder histórico | Líder actual | Vínculos |
|---|---|---|---|---|
| Boko Haram | Nigeria, 2002 | Mohammed Yusuf | Disuelto en facciones | Originalmente autónomo |
| ISWAP | Nigeria, 2016 | Abubakar Shekau | Abu Musab al-Barnawi | Estado Islámico |
| JAS (Shekau) | Nigeria, 2016 | Abubakar Shekau | Shekau muerto en 2021 | Splinter de Boko Haram |
| Al-Shabaab | Somalia, 2006 | Aden Hashi Ayro | Ahmed Diriye | Al-Qaeda desde 2012 |
Al-Shabaab («Los Jóvenes» en árabe) surgió en Somalia en 2006 como brazo armado de la Unión de Tribunales Islámicos, una coalición de tribunales islámicos que controlaba Mogadiscio. Tras la invasión etíope que derrocó a la Unión a finales de 2006, Al-Shabaab se reagrupó como insurgencia yihadista. En 2012 juró lealtad a Al-Qaeda. Hoy controla amplias zonas rurales del centro y sur de Somalia, cobra impuestos (zakat y peajes en carreteras), administra justicia según una interpretación estricta de la sharia y lleva a cabo atentados en Mogadiscio, Nairobi y Kampala.
¿Son estos grupos insurgencias, terroristas o criminales? Probablemente las tres cosas. Su proyecto político (instaurar un Estado islámico regido por la sharia) los hace insurgentes. Su táctica de ataques indiscriminados contra civiles los califica como terroristas. Sus fuentes de financiamiento (extorsión, contrabando de carbón en Somalia, secuestros, tráfico de armas en el Chad) los acercan al crimen organizado. La categoría única empobrece el análisis: para combatirlos eficazmente, hay que entender todas sus dimensiones.
● Al-Shabaab: impuesto zakat sobre ganado y cosechas, peajes en carreteras, contrabando de carbón (exportación a Oriente), extorsión a empresas, robo de bancos.
● Boko Haram / ISWAP: impuesto sobre pescadores del lago Chad, robo de ganado, secuestro extorsivo, contrabando de armas, lavado de dinero, financiación del Estado Islámico.
El impacto humano es devastador. Boko Haram ha causado más de 350.000 muertes directas e indirectas desde 2009, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y ha desplazado a más de 2,5 millones de personas en Nigeria, Níger, Chad y Camerún. Al-Shabaab ha causado decenas de miles de muertes en Somalia y países vecinos, y ha desplazado a cientos de miles. La respuesta militar de la Unión Africana (AMISOM, hoy ATMIS) y de la coalición multinacional del Lago Chad ha logrado contener pero no derrotar a estos grupos. La combinación de pobreza estructural, gobernanza deficiente y resentimiento religioso los mantiene vivos.
La pregunta es cómo combatirlos sin reproducir las condiciones que los generan. La respuesta militar es necesaria pero insuficiente: como muestra el caso de Afganistán, veinte años de intervención occidental no impidieron el retorno del Talibán. La respuesta del desarrollo es necesaria pero lenta: las escuelas, los hospitales y los empleos tardan en producir efectos. La respuesta de la gobernanza es la más difícil: requiere Estados que controlen su territorio sin abusar de su población, lo que en Nigeria, en Somalia y en muchos otros países sigue siendo una asignatura pendiente.
- ¿Boko Haram y Al-Shabaab son insurgencias, grupos terroristas o criminales? ¿Por qué la etiqueta importa?
- ¿La respuesta militar de la Unión Africana y de la coalición del Lago Chad es suficiente?
- ¿Cómo combatir el reclutamiento de jóvenes en regiones donde el Estado no llega?
- ¿La cooperación internacional es eficaz o está condicionada por intereses geopolíticos?
14. Las pandillas en República Dominicana: realidad y respuesta estatal
La realidad dominicana en materia de pandillerismo es distinta a la de El Salvador, Honduras o Guatemala, pero comparte elementos. No existen maras MS-13 o Barrio 18 consolidadas con la estructura celular y los códigos tatuados de Centroamérica. Sí existen pandillas locales, llamadas «naciones» (Los Times, Los Mendoza, Los Platanitos, Los Cuta, Los Moreanos), con presencia en barrios marginados de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Romana y otras ciudades.
Las pandillas dominicanas operan en barrios populares como Los Minas, Capotillo, Gualey, La Ciénaga, Ensanche Luperón, Villa Juana y Herrera. Sus integrantes son mayoritariamente jóvenes hombres entre 14 y 30 años, provenientes de hogares pobres con bajo nivel educativo. Sus actividades principales son la extorsión a pequeños comercios, el cobro de derecho de piso, la venta de drogas al menudeo y los ajustes de cuentas con bandas rivales. Las armas de fuego ilegales son su herramienta de trabajo; las redes sociales su vitrina.
| Característica | Pandillas dominicanas | Maras centroamericanas |
|---|---|---|
| Tamaño estimado | Decenas de miles en total | Cientos de miles en la región |
| Estructura | Barrial, sin coordinación nacional | Transnacional, clicas coordinadas |
| Tatuajes rituales | No sistemáticos | Sí, masivos y visibles |
| Relación con narco | Distribución al menudeo | Distribución y peaje |
| Inserción transnacional | Baja, principalmente via deportados | Alta, presencia en Estados Unidos y Europa |
| Niveles de homicidio | Variables según zona | Históricamente muy altos |
| Respuesta estatal | Operativos policiales, prevención | Mano dura y régimen de excepción |
El Estado dominicano ha respondido con una combinación de medidas. El Plan Barrio Seguro, lanzado en 2014 bajo el gobierno de Danilo Medina, desplegó fuerzas policiales y militares en barrios de alta conflictividad. El plan tuvo resultados iniciales en reducción de homicidios, pero también fue criticado por abusos y por falta de inversión social complementaria. El gobierno de Luis Abinader (2020-2024) mantuvo el enfoque de seguridad pero añadió componentes de prevención, como escuelas talleres y programas deportivos en barrios vulnerables.
Una característica específica del caso dominicano es la relación entre pandillerismo y migración. Muchos pandilleros dominicanos tienen vínculos con redes en Estados Unidos (especialmente en Nueva York, Nueva Jersey y Boston), de donde son deportados tras cumplir condenas. Algunos retornan con tatuajes y códigos aprendidos en prisiones estadounidenses, lo que introduce elementos de la cultura pandillera centroamericana. Las autoridades dominicanas han alertado sobre la presencia de la MS-13 y del Barrio 18 en el país, aunque su penetración parece limitada hasta ahora.
● Operativos conjuntos policiales y militares en barrios críticos.
● Programas de prevención del delito en escuelas y comunidades.
● Inversión en escuelas talleres, deportes y cultura en barrios populares.
● Cooperación internacional con Estados Unidos para el control de armas.
● Reforma policial pendiente, con avances y resistencias internas.
● Debate sobre despenalización de la marijuana como vía para reducir el negocio narco.
Las pandillas dominicanas, a diferencia de las maras centroamericanas o de los carteles mexicanos, no son actores políticos. No controlan municipios, no financian campañas, no tienen discurso ideológico. Son actores criminales barriales que afectan la vida cotidiana de cientos de miles de dominicanos. Esto no las hace menos peligrosas: su impacto en la seguridad, la economía popular y la migración es real. Pero sí las sitúa en una categoría distinta a la de los grupos analizados en los temas anteriores.
El reto dominicano es evitar que las pandillas evolucionen hacia formas más organizadas y violentas. Para eso se requiere combatir la impunidad, reformar la policía, ofrecer alternativas reales a los jóvenes, fortalecer las escuelas, generar empleo formal y mejorar la infraestructura en barrios populares. La experiencia regional muestra que las soluciones solo policiales son insuficientes: El Salvador probó la mano dura en los años 2000 y los homicidios subieron; México militarizó el combate al narco y la violencia se triplicó; Honduras endureció las leyes y las maras siguen operando. La lección es clara: la seguridad requiere policía, pero también requiere justicia, educación y oportunidades.
- ¿El modelo de régimen de excepción salvadoreño es aplicable en República Dominicana?
- ¿La reforma policial es condición previa para combatir eficazmente las pandillas?
- ¿Cómo evitar que la deportación de pandilleros desde Estados Unidos fortalezca a las bandas locales?
- ¿La despenalización de la marihuana reduciría el financiamiento de las pandillas dominicanas?
15. El futuro: ¿insurgencias híbridas en la era digital?
El futuro de los actores armados no estatales se está reescribiendo con tecnologías que no existían hace veinte años. Las criptomonedas permiten lavar dinero sin pasar por la banca tradicional; los drones comerciales permiten ataques aéreos a bajo costo; las redes sociales permiten propaganda, reclutamiento y coordinación globales; la inteligencia artificial permite generar contenido falso a escala industrial; la impresión 3D permite fabricar armas. Estos cambios están transformando el rostro de la violencia armada, y los marcos analíticos del siglo veinte ya no alcanzan para entenderlos.
El Estado Islámico fue el primero en usar masivamente las redes sociales para propaganda. Sus videos de alta calidad de producción, sus revistas en varios idiomas (Dabiq, Rumiyah), sus canales de Telegram y sus células dormantes en Europa, Asia y África convirtieron a la organización en una marca global. Aunque el «califato» territorial fue derrotado en 2019, su marca sigue inspirando atentados solitarios en lugares tan lejanos como Sri Lanka, Mozambique, Cabo Delgado, Afganistán, Europa y Estados Unidos. El concepto de insurgencia distribuida nació aquí: ya no hace falta tener un territorio para tener un movimiento.
● Criptomonedas: lavado de dinero, pago de rescates, financiamiento de células.
● Drones comerciales: reconocimiento, ataque con explosivos, swarm.
● Redes sociales y mensajería cifrada: propaganda, reclutamiento, coordinación.
● Inteligencia artificial: deepfakes, contenido sintético, análisis de datos.
● Impresión 3D: fabricación de armas, piezas y componentes.
● Internet de las cosas: sabotaje de infraestructuras críticas.
● Plataformas de juego: comunicación cifrada y blanqueo de dinero.
El caso de los cárteles mexicanos es revelador. El Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa usan drones cargados con explosivos para atacarse mutuamente y a las fuerzas del Estado. La Fiscalía de Michoacán ha documentado decenas de ataques con drones desde 2021. En Brasil, las facciones del crimen organizado (Comando Vermelho, Primer Comando de la Capital) usan drones para vigilar cárceles y para coordinar rebeliones. En Ucrania, el uso de drones por ambos bandos ha marcado un punto de inflexión en la guerra moderna, y las lecciones están siendo estudiadas por grupos armados en todo el mundo.
Otra tendencia es la hibridación entre pandillerismo y ciberdelincuencia. Pandillas como la MS-13 y el Barrio 18 han comenzado a usar redes de extorsión digital, phishing y fraude electrónico para complementar sus ingresos tradicionales. Bandas colombianas y brasileñas usan criptomonedas para lavar dinero. Los grupos yihadistas del Sahel usan aplicaciones de mensajería cifrada para coordinarse con células en Europa. La convergencia entre la violencia física y la digital es una de las transformaciones más profundas del siglo veintiuno.
| Tecnología | Uso por grupos armados | Ejemplo documentado |
|---|---|---|
| Telegram y WhatsApp | Coordinación, propaganda, extorsión | Estado Islámico, carteles mexicanos |
| Drones civiles | Vigilancia y ataque | CJNG, disidencias FARC, conflictos en Ucrania |
| Bitcoin y monedas privadas | Lavado, pago de rescates | WannaCry, ransomware en general |
| Deepfakes | Propaganda y desinformación | Videos falsos de líderes en conflictos |
| TikTok y redes cortas | Glorificación de la violencia | Maras, carteles, pandillas locales |
| Juegos en línea | Reclutamiento y comunicación | Casos documentados en Alemania y Reino Unido |
| Impresión 3D | Fabricación de armas | Casos aislados en Estados Unidos y Europa |
La pregunta es cómo responder. Los Estados tienen ventajas en capacidad de vigilancia (gracias a la cooperación con empresas tecnológicas), en capacidad militar y en recursos económicos. Pero también tienen desventajas: son lentos, burocráticos, limitados por el Estado de derecho. Los grupos armados son ágiles, no tienen escrúpulos y se adaptan rápidamente. La asimetría entre el Estado y el actor no estatal se ha invertido en muchos aspectos: el primero tiene el poder de la legalidad, el segundo tiene el poder de la innovación.
El futuro probable es de insurgencias híbridas: organizaciones que combinan proyecto político, negocio criminal, base social territorial, presencia digital y capacidad de ataque en varios países a la vez. Los Estados tendrán que aprender a combatirlas con herramientas nuevas: cooperación internacional reforzada, regulación efectiva de las tecnologías, inversión en inteligencia humana, programas de prevención del reclutamiento, reinserción real de combatientes y una narrativa pública que compita con la propaganda enemiga. No es una batalla que se gane con armas: es una batalla que se gana con ideas, con oportunidades y con justicia.
Para América Latina y el Caribe, el desafío es enorme. Las democracias frágiles de la región no siempre están preparadas para combatir estos híbridos sin caer en autoritarismos. El reto es mantener el equilibrio: combatir con firmeza, pero respetando derechos; perseguir el crimen, pero también sus causas estructurales; coordinarse internacionalmente, pero preservando la soberanía. Las próximas décadas serán decisivas. Lo que está en juego no es solo la seguridad, sino la posibilidad misma de vivir en sociedades libres y prósperas. Esa es la apuesta, y en ella estamos todos.
- ¿La regulación de las criptomonedas debe priorizar el combate al lavado de dinero?
- ¿Las empresas tecnológicas deben ser responsables del contenido que permite el reclutamiento armado?
- ¿La prohibición de drones comerciales reduciría los ataques o solo los haría más clandestinos?
- ¿La inteligencia artificial es una herramienta para los grupos armados o para los Estados que los combaten?
- ¿La cooperación internacional contra el crimen digital requiere un nuevo tratado global?
Apéndices A-F: casos prácticos
Apéndice A. Caso Las FARC: cronología de una transición
Este apéndice recorre la historia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en sus hitos principales, mostrando cómo una organización con discurso político terminó negociando su conversión en partido político, mientras parte de sus estructuras se transformaban en bandas criminales.
- 1964: Fundación de las FARC como brazo armado del Partido Comunista Colombiano.
- 1966: Tercera Conferencia; adoptan el nombre FARC-EP (Ejército del Pueblo).
- 1982: Séptima Conferencia; plan estratégico de toma del poder.
- 1984: Tregua con el gobierno de Belisario Betancur; creación de la Unión Patriótica.
- 1985-1994: Exterminio de la Unión Patriótica (miles de militantes asesinados).
- 1996-2002: Zona de distensión; expansión militar y financiera de las FARC.
- 1998-2002: Diálogo del Caguán con el gobierno de Andrés Pastrana; fracaso.
- 2008: Operación Fénix; muerte de Raúl Reyes en Ecuador.
- 2008-2012: Pérdida de cuadros medios; presión militar del Plan Colombia.
- 2012: Inicio de los diálogos en La Habana con el gobierno de Juan Manuel Santos.
- 2016: Firma del acuerdo; plebiscito rechazado; acuerdo final modificado.
- 2017: Desmovilización de más de 13.000 combatientes ante la ONU.
- 2017-presente: Aparición de disidencias; crimen organizado en zonas cocaleras.
- 2022: Llegada al poder de Gustavo Petro; política de paz total.
- 2023-2024: Tensión con el ELN; altibajos en la implementación.
Apéndice B. Caso Cartel de Sinaloa: estructura y facciones
El Cartel de Sinaloa no es una organización con jerarquía vertical clásica. Es más bien una confederación de células familiares y regionales, unidas por lazos de lealtad y negocios, sin un mando único. Esta estructura flexible le ha permitido sobrevivir a la captura o muerte de sus principales líderes. A continuación se detallan las facciones conocidas y sus áreas de operación.
| Facción | Líder | Zona de influencia |
|---|---|---|
| Los Chapitos | Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán | Sinaloa, Sonora, Baja California |
| Los Mayitos | Ismael Zambada Sicairos («El Mayito Gordo») | Sinaloa, Durango, Nayarit |
| Los Guanos | Aureliano Guzmán («El Guano») | Chihuahua, Durango |
| Los Salazar | Crisóforo Salazar («El 20») | Sonora, Chihuahua |
| Los Ántrax | José Vázquez («El Chavo Ántrax») | Sinaloa (brazo armado) |
| Los Cabrera | Santiago Cabrera | Sinaloa sur |
La guerra entre Los Chapitos y Los Mayitos estallada en 2024 ha provocado cientos de muertos y desplazados en Sinaloa. La captura de Ismael Zambada García en Estados Unidos, presuntamente entregado por los Guzmán López, marcó el inicio de un conflicto interno sin precedentes desde la ruptura con Los Beltrán Leyva en 2008.
Apéndice C. Caso Maras: estructura y expansión
Las maras MS-13 y Barrio 18 tienen una estructura celular basada en clicas, cada una con autonomía operativa pero coordinadas por liderazgos en prisión. La expansión transnacional ha sido posible gracias a las deportaciones desde Estados Unidos y a la migración irregular hacia el norte. Este apéndice describe su estructura básica.
| Rango | Función |
|---|---|
| Palabrero nacional | Liderazgo desde prisión, decisiones estratégicas |
| Palabrero de clica | Líder de cada clica local |
| Hitlero o verificador | Verifica el cumplimiento de órdenes |
| Chequeo o ranflero | Segundo al mando de la clica |
| Mirin o mira | Miembro de base |
| Paro o chequiador | Nuevo integrante en prueba |
La presencia de las maras se ha extendido desde Los Ángeles a El Salvador, Honduras, Guatemala, México, España, Italia, Bélgica y otros países europeos. Cada clica tiene su nombre (por ejemplo, la MS-3 Hollywood Locos, la Fulton Locos, la Mara Salvatrucha Stoners) y su territorio. La coordinación transnacional es real pero no perfecta; muchas clicas operan con autonomía y a veces se enfrentan entre sí.
Apéndice D. Caso Sahel: yihadismo y Estados frágiles
El Sahel es la franja africana al sur del Sahara, que incluye Mauritania, Malí, Níger, Chad, Burkina Faso y partes de Senegal y Nigeria. Es una de las regiones más afectadas por la violencia armada no estatal. Este apéndice resume los principales grupos activos.
| Grupo | Vínculo | País | Actividad |
|---|---|---|---|
| JNIM (Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin) | Al-Qaeda | Malí, Burkina Faso, Níger | Atentados, control territorial |
| EIGS (Estado Islámico en el Gran Sahara) | Estado Islámico | Níger, Malí, Burkina Faso | Atentados, contrabando |
| ISWAP (Estado Islámico en África Occidental) | Estado Islámico | Nigeria, Camerún, Chad, Níger | Insurgencia, secuestros |
| Ansaroul Islam | Autónomo | Burkina Faso | Ataques locales |
| Boko Haram (JAS) | Disuelto | Nigeria | Residual, fragmentado |
| MAC-Bambara | Coalición pro-Estado | Malí | Autodefensa tuareg |
| CSP-DPA | Coalición | Malí | Ex rebelde tuareg |
Los golpes de Estado en Malí (2020, 2021), Burkina Faso (enero y septiembre de 2022) y Níger (julio de 2023) han modificado la arquitectura de seguridad regional. Francia retiró sus fuerzas (Operación Barkhane), Rusia entró con Wagner (hoy África Corps), y Estados Unidos reconfiguró su presencia militar. La situación sigue siendo inestable, con violencia creciente y gobernanza débil.
Apéndice E. Caso Paramilitares colombianos: de CONVIVIR a Bacrim
La historia paramilitar colombiana muestra cómo la delegación de la violencia en civiles puede desembocar en estructuras criminales autónomas. Este apéndice sigue la evolución desde las asociaciones de autodefensa legal hasta las bandas criminales emergentes.
- Años 1960-1980: Primeros grupos de autodefensa campesina contra la insurgencia.
- 1994: Ley 128 que crea las CONVIVIR (Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada).
- 1997: Fundación de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) por Carlos Castaño y Salvatore Mancuso.
- 1997-2002: Expansión de las AUC; masacres de Mapiripán, El Aro, Chengue, Salvatierra.
- 2002-2006: Proceso de paz con el gobierno de Álvaro Uribe; Ley 975 de Justicia y Paz.
- 2006: Desmovilización formal de más de 30.000 paramilitares.
- 2006-2010: Aparición de las Bacrim (Bandas Criminales Emergentes) por parte de cuadros no desmovilizados.
- 2010-presente: Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), Los Pachenca, Los Caparrapos, Los Pelusos.
- 2022-presente: Diálogos del gobierno de Petro con el Clan del Golfo; altibajos y ceses del fuego rotos.
Apéndice F. Caso República Dominicana: pandillas y respuesta estatal
La República Dominicana no tiene maras consolidadas como en El Salvador, pero tiene pandillas barriales que afectan la seguridad pública. Este apéndice resume la situación y la respuesta estatal.
| Pandilla o nación | Zona de operación | Actividad principal |
|---|---|---|
| Los Mendoza | Santo Domingo (Villa Consuelo, La Zurza) | Robo, extorsión |
| Los Times | Santo Domingo (Los Ríos) | Narcotráfico, robos |
| Los Platanitos | Santo Domingo (Herrera) | Extorsión a comercios |
| Los Cuta | Santo Domingo Este | Narcotráfico, ajustes |
| Los Moreanos | Santiago | Narcotráfico, robo |
| Nación Krishna | Santo Domingo (varias zonas) | Narcotráfico |
| Nación The Family | Santiago, Santo Domingo | Narcotráfico |
El Estado dominicano ha combinado operativos policiales (Plan Barrio Seguro desde 2014), programas sociales (escuelas talleres en zonas vulnerables), cooperación internacional con Estados Unidos (DEA, FBI) y reformas institucionales. La tasa de homicidios se mantiene por debajo del promedio centroamericano, pero la percepción de inseguridad es alta. El reto es articular la respuesta policial con inversión social sostenida en barrios populares.
Glosario de 50 términos con casos reales
- Insurgencia
- Movimiento armado organizado que busca debilitar, derrocar o reemplazar a un gobierno constituido mediante el uso de la fuerza, con apoyo de una porción de la población y proyecto político. Caso real: Las FARC en Colombia hasta el acuerdo de 2016..
- Crimen organizado
- Grupo estructurado de tres o más personas que opera en el tiempo con el fin de cometer delitos graves para obtener beneficios económicos. Caso real: El Cartel de Sinaloa en México..
- Guerrilla
- Forma de organización militar small, móvil y flexible, que opera en territorio hostil aprovechando el conocimiento del terreno y el apoyo popular. Caso real: El Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia..
- Milicia
- Grupo armado de civiles organizados para la defensa de una comunidad, territorio o causa; puede tener vínculos con el Estado o actuar de forma autónoma. Caso real: Las milicias Mai-Mai en la República Democrática del Congo..
- Paramilitar
- Grupo armado que actúa con cierto grado de coordinación con el Estado, aunque no forme parte oficial de sus fuerzas. Caso real: Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)..
- Banda criminal emergente (Bacrim)
- Estructuras criminales que surgieron en Colombia tras la desmovilización paramilitar de 2006. Caso real: El Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia..
- Terrorismo
- Uso sistemático de la violencia contra civiles para generar miedo y forzar decisiones políticas. Caso real: Los atentados del Estado Islámico en París en noviembre de 2015..
- Narcotráfico
- Producción, transporte y comercialización ilegal de sustancias estupefacientes. Caso real: El Cartel de Medellín bajo Pablo Escobar en los años ochenta..
- Narcoguerrilla
- Término que describe a grupos insurgentes que se financian con el narcotráfico, perdiendo en parte su carácter político. Caso real: Las disidencias de las FARC tras el acuerdo de 2016..
- Narco-Estado
- Estado cuyas instituciones han sido capturadas por redes criminales dedicadas al narcotráfico. Caso real: La descripción de Guinea-Bisáu por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito..
- Estado fallido
- Estado que no logra ejercer el monopolio de la violencia legítima, proveer servicios básicos o mantener el orden en su territorio. Caso real: Somalia tras la caída de Siad Barre en 1991..
- Estado frágil
- Estado con debilidad institucional que lo hace vulnerable a conflictos y crisis, sin llegar al colapso total. Caso real: Haití tras el terremoto de 2010 y el asesinato de Jovenel Moïse en 2021..
- Yihadismo
- Movimiento político-religioso que propugna la lucha armada para instaurar un Estado islámico regido por la sharia. Caso real: Al-Qaeda y el Estado Islámico en Siria e Irak..
- Sharia
- Sistema jurídico basado en el Corán y la Sunna, interpretado por las escuelas jurídicas islámicas. Caso real: Su aplicación por Al-Shabaab en zonas bajo su control en Somalia..
- Zakat
- Impuesto religioso islámico obligatorio, a veces cobrado por grupos armados como fuente de financiamiento. Caso real: El cobro del zakat por los talibanes en Afganistán..
- Contrainsurgencia
- Conjunto de acciones militares, políticas y sociales para combatir a una insurgencia. Caso real: La estrategia del Plan Colombia desde 1999..
- Guerra asimétrica
- Conflicto en el que los bandos tienen capacidades militares muy desiguales y usan estrategias distintas. Caso real: La guerra entre Estados Unidos y los talibanes entre 2001 y 2021..
- Guerra híbrida
- Conflicto que combina medios convencionales, irregulares, cibernéticos y de información. Caso real: El conflicto en el Donbás desde 2014..
- Zona gris
- Espacio donde actores con atributos de insurgencia y de crimen organizado operan simultáneamente. Caso real: Las disidencias de las FARC y el Cartel de Sinaloa..
- Justicia transicional
- Conjunto de medidas judiciales y extrajudiciales para abordar violaciones masivas de derechos humanos tras un conflicto. Caso real: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia..
- Verdad, justicia, reparación y no repetición
- Cuatro pilares de la justicia transicional reconocidos internacionalmente. Caso real: Los trabajos de la Comisión de la Verdad en Colombia (2022)..
- Desmovilización
- Proceso por el cual los miembros de un grupo armado entregan las armas y se integran a la vida civil. Caso real: La desmovilización de más de 13.000 combatientes de las FARC en 2017..
- Reincorporación
- Proceso posterior a la desmovilización que incluye integración económica, social y política de los excombatientes. Caso real: Las Unidades de Acción Rápida en Colombia tras el acuerdo de 2016..
- Rearme
- Retorno a las armas por parte de excombatientes tras un proceso de paz. Caso real: La creación de la Segunda Marquetalia por líderes disidentes de las FARC en 2019..
- Cese del fuego bilateral
- Acuerdo entre dos partes en conflicto para detener las hostilidades de forma simultánea. Caso real: El cese del fuego entre el gobierno colombiano y el ELN en 2023, posteriormente roto..
- Diálogo de paz
- Negociación entre un gobierno y un grupo armado para terminar un conflicto. Caso real: Los diálogos de La Habana entre 2012 y 2016 entre Colombia y las FARC..
- Acuerdo de paz
- Documento final firmado entre las partes que establece los términos del fin del conflicto. Caso real: El Acuerdo Final de Paz firmado en Cartagena el 26 de septiembre de 2016..
- Plebiscito
- Consulta popular para ratificar o rechazar una decisión política, como un acuerdo de paz. Caso real: El plebiscito del 2 de octubre de 2016 en Colombia, que rechazó el acuerdo original..
- Extradición
- Entrega de una persona acusada de un delito a otro Estado que la reclama para juzgarla. Caso real: La extradición de Joaquín Guzmán Loera (El Chapo) a Estados Unidos en 2017..
- Secuestro extorsivo
- Privación ilegal de libertad con el fin de obtener rescate económico. Caso real: Los secuestros masivos de las FARC en Colombia entre 1996 y 2002..
- Extorsión
- Cobro de dinero bajo amenaza, habitualmente vinculado a la presencia de grupos armados. Caso real: La cobranza de la renta por las maras a transportistas en El Salvador..
- Vacuna
- Término usado en Colombia para referirse a la extorsión cobrada por grupos armados. Caso real: El impuesto cobrado por las FARC a ganaderos del Meta en los años noventa..
- Derecho de piso
- Cobro por operar en un territorio controlado por un grupo criminal. Caso real: El cobro del Cartel de Sinaloa a empresas de transporte en Tijuana..
- Lavado de dinero
- Proceso de dar apariencia legal a dinero de origen ilícito. Caso real: El lavado de ganados del narcotráfico a través de inmobiliarias en Cancún..
- Trata de personas
- Delito que consiste en reclutar, transportar o alojar personas mediante coacción para explotarlas. Caso real: Las redes de trata operadas por el Cartel Jalisco Nueva Generación..
- Migración forzada
- Desplazamiento de personas por conflictos armados, persecución o violencia generalizada. Caso real: La migración de venezolanos y centroamericanos hacia Estados Unidos..
- Refugiado
- Persona que ha cruzado una frontera internacional por temor fundado de persecución. Caso real: Los refugiados sirios en Turquía, Líbano y Jordania desde 2011..
- Desplazado interno
- Persona obligada a huir de su hogar pero que no cruza una frontera internacional. Caso real: Los más de siete millones de desplazados internos en Colombia..
- Crimen de guerra
- Violación grave de los Convenios de Ginebra y del derecho internacional humanitario. Caso real: El reclutamiento de menores por las FARC y las AUC, juzgado por la JEP..
- Crimen de lesa humanidad
- Actos sistemáticos contra población civil, como asesinato, exterminio, esclavitud o deportación. Caso real: Las masacres de las AUC en Colombia, calificadas como lesa humanidad..
- Genocidio
- Actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Caso real: El genocidio de Ruanda en 1994, con milicias Interahamwe..
- Convenios de Ginebra
- Cuatro tratados internacionales de 1949 que protegen a las víctimas de conflictos armados. Caso real: La aplicación del artículo 3 común a los conflictos armados no internacionales..
- Protocolo adicional II
- Tratado de 1977 que amplía la protección en conflictos armados no internacionales. Caso real: Su invocación por la Corte Penal Internacional en casos como el de Thomas Lubanga..
- Corte Penal Internacional
- Tribunal permanente para juzgar crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Caso real: La condena de Bosco Ntaganda, exlíder del CNDP, en 2019..
- Empresa militar privada
- Compañía privada que ofrece servicios militares y de seguridad, a veces en zonas de conflicto. Caso real: Wagner (hoy África Corps) operando en la República Centroafricana y Malí..
- Proxy war
- Conflicto en el que una potencia apoya a un actor local para enfrentar a otra potencia sin enfrentamiento directo. Caso real: El apoyo de Irán a Hezbolá y de Arabia Saudita a grupos sirios..
- Cocalero
- Campesino que se dedica al cultivo de la hoja de coca. Caso real: Las familias cocaleras del VRAEM en Perú y del Catatumbo en Colombia..
- Sustitución de cultivos
- Programa que reemplaza cultivos ilícitos por alternativas legales. Caso real: El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos en Colombia..
- Insurgencia urbana
- Forma de insurgencia que opera en entornos urbanos, con tácticas de guerrilla y terrorismo. Caso real: Las Brigadas Rojas en Italia en los años setenta..
- Insurgencia distribuida
- Forma de insurgencia sin territorio centralizado, que opera en red en varios países. Caso real: El modelo del Estado Islámico después de la pérdida de su territorio en 2019..
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