Digitalización y expediente
electrónico: avances y limitaciones en el sistema procesal penal dominicano
Por Lic. Juan Antonio Mateo Ciprian, Abogado,
Procurador Fiscal Titular del Distrito Judicial Provincia María Trinidad
Sánchez, Catedrático Universitario.
Fuente original: Ciudad
Oriental
El sistema procesal penal
dominicano ha avanzado significativamente en la era digital, especialmente con
la implementación del expediente electrónico. Este artículo analiza los logros
alcanzados en la digitalización, con énfasis en la gestión de fichas, antecedentes
judiciales y el acceso a la información. Asimismo, se abordan las limitaciones
persistentes, como la actualización tecnológica, la protección de datos y el
acceso equitativo para grupos vulnerables. Se sostiene que la actualización
tecnológica continua, la capacitación integral y la adopción de políticas
inclusivas son esenciales para maximizar los beneficios de la digitalización y
consolidar un sistema procesal penal más justo, eficiente y transparente en la
República Dominicana.
Importancia de la
digitalización en la justicia moderna
En el contexto contemporáneo,
la digitalización es un pilar fundamental para modernizar los sistemas
judiciales. La implementación del expediente electrónico promueve la
eficiencia, la transparencia y el acceso inmediato a la información, siguiendo
una tendencia global hacia la modernización de los procesos judiciales penales.
La República Dominicana no es ajena a este movimiento, aunque los avances
logrados enfrentan desafíos que limitan su pleno desarrollo. Según el Poder
Judicial Dominicano (2022), el 70% de los nuevos fichajes judiciales se
crean digitalmente, mientras que solo el 40% de los registros antiguos han sido
digitalizados, evidenciando una brecha en la transición tecnológica (Poder
Judicial Dominicano).
Avances en la digitalización
del sistema procesal penal
Eficiencia y rapidez
La digitalización ha optimizado
los plazos de gestión de casos al eliminar la necesidad de trasladar registros
físicos. Jueces, fiscales, abogados públicos y privados acceden a los
expedientes en línea desde cualquier lugar con conexión a internet, agilizando
la toma de decisiones y la colaboración entre las partes. En tribunales
pilotos, la implementación del expediente electrónico ha incrementado la
gestión de casos en un 25%, según datos recientes del Poder Judicial.
Transparencia y acceso a la
información
El Ministerio Público ha
avanzado en la transparencia al disponibilizar expedientes en línea,
permitiendo a las partes interesadas y víctimas acceder rápidamente a la
información. Esto reduce errores y distorsiones en los hechos, fortaleciendo la
confianza en el sistema judicial.
Bases de datos centralizadas
La digitalización ha facilitado
la creación de bases de datos centralizadas que contienen perfiles de imputados
y antecedentes judiciales. Estas herramientas permiten a jueces y fiscales
tomar decisiones informadas sobre medidas cautelares y sentencias. Según la Procuraduría
General de la República (https://pgr.gob.do/), la identificación de
reincidentes se ha reducido en un 15% gracias a estas bases de datos.
Beneficios ambientales
La eliminación del papel en la
mayoría de los tribunales ha reducido las compras de papel en un 40%, según el
Poder Judicial Dominicano, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y
minimizando la pérdida de archivos físicos.
Limitaciones y desafíos de la
digitalización
A pesar de los avances, persisten obstáculos
significativos:
Brecha digital y acceso
desigual
La digitalización no ha
beneficiado por igual a todos los actores. Solo el 30% de los defensores
públicos tienen acceso a Wi-Fi, lo que limita su capacidad para utilizar el
expediente electrónico. Los grupos vulnerables, incluidas víctimas, testigos e
imputados, enfrentan barreras como la falta de acceso a tecnología, habilidades
digitales insuficientes, barreras idiomáticas y discriminación.
Actualización tecnológica
La rápida evolución tecnológica
exige una inversión constante en equipos y software para evitar la
obsolescencia y garantizar la compatibilidad con otros sistemas judiciales. La
falta de un plan sostenido de actualización tecnológica es un desafío crítico.
Protección de datos
La digitalización incrementa
los riesgos de ciberataques, filtraciones y accesos no autorizados. Es crucial
implementar medidas robustas de ciberseguridad para proteger la información
confidencial almacenada en los expedientes electrónicos.
Capacitación insuficiente
La adopción del expediente
electrónico requiere que todos los actores judiciales (jueces, fiscales,
defensores y administrativos) adquieran competencias digitales. Una encuesta
del Consejo del Poder Judicial (2023) revela que el 60% de jueces y
fiscales necesita capacitación adicional para usar estas herramientas de manera
efectiva (Poder Judicial Dominicano).
Interoperabilidad
La falta de integración entre
los sistemas informáticos de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el
Poder Judicial dificulta la coordinación y el flujo de información, aunque se
han logrado avances recientes en este aspecto.
Medidas para promover el acceso
equitativo
Para garantizar que la digitalización beneficie a
todos, especialmente a los grupos vulnerables, se proponen las siguientes
medidas:
- Acceso gratuito a tecnología:
Proporcionar internet y equipos informáticos en tribunales y espacios
públicos.
- Capacitación digital: Ofrecer
programas de formación en habilidades digitales para personas en situación
de vulnerabilidad.
- Multilingüismo: Traducir la información judicial a
diferentes idiomas.
- Comunicación clara:
Utilizar un lenguaje sencillo en los documentos y comunicaciones
judiciales.
- Sensibilización: Capacitar a los operadores judiciales
sobre las necesidades de los grupos vulnerables.
- Mecanismos de apoyo:
Establecer sistemas de asistencia para facilitar el acceso de personas en
situación de vulnerabilidad.
La gestión de fichajes y la
actualización tecnológica
La gestión eficiente de
fichajes es clave para el éxito de la digitalización. La información debe ser
completa, precisa y segura, utilizando tecnologías como la biometría para
mejorar la identificación y proteger los datos. Un plan de actualización tecnológica
a largo plazo, con evaluaciones periódicas y asignación de recursos, es
esencial para mantener la relevancia y funcionalidad del sistema.
Conclusión
La digitalización del sistema
procesal penal dominicano, liderada por el expediente electrónico, ha
transformado la administración de justicia, mejorando la eficiencia,
transparencia y sostenibilidad. Sin embargo, para consolidar un sistema más
equitativo y efectivo, es crucial abordar las limitaciones actuales mediante la
inversión en tecnología, la capacitación de los actores judiciales y la
implementación de políticas inclusivas. La República Dominicana debe continuar
su compromiso con la digitalización, asegurando que sea accesible y segura para
todos, especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad.
Nota: Ver Fuentes adicionales
nacionales e internacionales
Fuentes nacionales
- Poder Judicial Dominicano - Informe sobre Transformación Digital
(2025)
- Enlace:
https://www.poderjudicial.gob.do/
- Relevancia: Detalla la culminación de
la primera etapa del proyecto "Mudanza Digital", con más de
16,000 usuarios en la plataforma "Acceso Digital", destacando
avances en la digitalización de expedientes y desafíos de
interoperabilidad.
- "Henry Molina: El Poder Judicial busca un modelo de justicia
al día" - Listín Diario (17/07/2025)
- Enlace: https://listindiario.com/
- Relevancia: El presidente de la Suprema
Corte, Luis Henry Molina, resalta que el 80% de los tribunales están al
día gracias a la digitalización, pero subraya la necesidad de mejorar la
interoperabilidad entre instituciones judiciales.
- Ley 339-22: Modernización de la Justicia - Innovajuris (30/08/2023)
- Enlace: https://innovajuris.com/
- Relevancia: Regula el uso de medios
digitales en procesos judiciales, incluyendo el expediente electrónico, y
aborda la brecha digital para garantizar un acceso equitativo.
- "La digitalización en la justicia dominicana: avances,
desafíos y su impacto" - Henry Molina (Acento.com.do)
- Enlace:
https://www.henrymolina.com.do/
- Relevancia: Describe el uso del Sistema
de Gestión de Casos (SGC), firmas digitales y tecnologías como
blockchain, pero destaca retrocesos por la sentencia TC/0286/21, que
suspendió juicios virtuales.
- Informe de la Escuela Nacional de la Judicatura (2025)
- Enlace: Citado en elnacional.com.do
- Relevancia: Reporta más de 700
actividades formativas en 2025 sobre transformación digital, abordando la
necesidad de capacitación señalada en el artículo.
Fuentes internacionales
- Informe Regional sobre Digitalización Judicial en América Latina -
CEPAL (2023)
- Enlace: https://www.cepal.org/es
- Relevancia: Analiza la digitalización
en sistemas judiciales de América Latina, incluyendo la República
Dominicana, destacando desafíos como la interoperabilidad y la protección
de datos.
- Informe sobre Ciberseguridad en Sistemas Judiciales - Banco
Interamericano de Desarrollo (BID, 2023)
- Enlace: https://www.iadb.org/es
- Relevancia: Examina los riesgos de
ciberseguridad en la digitalización judicial, un tema crítico en el
artículo, y propone soluciones como blockchain, adoptadas en la República
Dominicana.
- "E-Justice: Digital Transformation in Criminal Justice
Systems" - Consejo de Europa (2024)
- Enlace: https://www.coe.int/
- Relevancia: Analiza la digitalización
en sistemas penales europeos, destacando la importancia de la
capacitación y la inclusión digital, aplicable al contexto dominicano.
- "Digital Justice in Latin America: Challenges and
Opportunities" - Organización de los Estados Americanos (OEA, 2024)
- Enlace: https://www.oas.org/
- Relevancia: Aborda la digitalización en
América Latina, destacando casos como el de Chile y Colombia, donde la
interoperabilidad y la capacitación han sido clave, ofreciendo lecciones
para la República Dominicana.
- "Global Trends in Electronic
Case Management" - Banco Mundial (2023)
- Enlace: https://www.worldbank.org/
- Relevancia: Examina sistemas de gestión
electrónica de casos a nivel global, destacando la necesidad de políticas
inclusivas y ciberseguridad, relevantes para los desafíos dominicanos.
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